Tras semanas de reproches en contra del Grupo Argos por el cuestionado proyecto conocido como Ciudad Mallorquín, localizado en el municipio de Puerto Colombia, en donde el conglomerado pretende en un área de 80 hectáreas, de las cuales 45 son útiles, construir 16.000 viviendas con el impacto que ello implica, el silencio reina.
La polémica parece haberse acallado frente a las actuaciones del conglomerado y casi nadie parece dispuesto a enfrentarlo. Se trata de la sexta empresa más grande del país que el año pasado tuvo ingresos operacionales por $21.1 billones y una utilidad neta de $1.4 billones.
Y aunque la Procuraduría prometió sendas investigaciones estas parecen que se quedaron entre los manglares de la ciénaga. Lo cierto, es que el caso Mallorquín, es solo la punta del iceberg de los líos en contra del poderoso grupo empresarial.
Desde el año 2021 en el Tribunal Administrativo del Cesar, duerme el sueño de los justos una acción popular interpuesta en contra del Grupo Argos y la Agencia Nacional Minera, justo en la época en la que su director era Juan Miguel Durán Prieto, hombre de confianza de Simón Gaviria. También se cuestiona el actuar de Sator S.A.S. (antes Carbones del Caribe Ltda.) y CNR III Ltda sucursal Colombia.
El origen
El delicado litigio versa sobre la mina de carbón denominada El Hatillo, anclada en cuatro municipios del Cesar: Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y El Paso. Con un área de 9.638 hectáreas y 6.864 metros cuadrados, su fin es la explotación de carbón térmico a cielo abierto. Esto según plancha del IGAC n.º 48-0-0.
Según cifras de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Colombia cuenta con recursos y reservas de carbón medidas de 6.648 millones de toneladas (MT) y de reservas indicadas de 2.322 MT.
El departamento con mayores reservas medidas es justamente Cesar con 1.933 MT y el segundo con mayores reservas indicadas con 589 MT, seguido de Boyacá que cuenta con 682,7 MT. El país en 2021 fue el sexto exportador de carbón en el mundo con 4,45% del total y el tercero en coque con el 12,6%.
Sin embargo, a pesar de esta riqueza en su subsuelo, municipios como Becerril alcanzaron en 2022 el deshonroso 48,6% en pobreza multidimensional, La Jagua de Ibirico con 32,6% y Chiriguaná con el 41,3%.
Fórmula para salir de pobres
En un contexto que buscaba mitigar la pobreza de la región, el 21 de junio de 1989, los mandatarios locales de los cuatro municipios crearon la Asociación de Municipios Mineros del Centro del Cesar, “Asomineros”, a la cual meses después se le reconoció personería jurídica mediante resolución del 30 de noviembre de ese año.
Posteriormente, en 1993 la Asamblea del Atlántico, mediante ordenanza 064 del 30 de noviembre, autorizó la creación de la Sociedad Promotora de la Carboeléctrica del Cesar integrada por el departamento del Cesar, Ecocarbón, Corpes Costa Atlántica, Cámara de Comercio de Valledupar, Asociación de Municipios Mineros del Centro del Cesar, entre otras empresas públicas y privadas.
De otro lado, en 1994, en la Notaría Primera de Valledupar, mediante escritura pública se constituyó la sociedad denominada Empresa para el Desarrollo de la Zona Carbonífera del Cesar y La Guajira S.A., Emcarbón y uno de los socios fundadores fue precisamente Asomineros.
Tres años después, en 1997, el Gobierno de Ernesto Samper, como medida de choque para enfrentar la crisis económica que golpeaba al departamento del Cesar, autorizó mediante decreto 159 para que Ecocarbón seleccionara directamente al contratista para desarrollar el proyecto de gran minería en El Hatillo.
El propósito era que impulsando esta gran minería se reflejara en el aumento en el número de empleos en la región y se dinamizara la economía del departamento; por ello se refirió al interés público que ello denotaba.
Contrato estatal
Diez meses después se firmó el contrato 147 de 1997 entre Ingeominas y Emcarbon S.A. El propósito del mismo era suministrar a la Carboeléctrica del Cesar, Termocesar, así como la exportación del mismo. En el año 2008, Emcarbon inscribió en la Cámara de Comercio de Valledupar que dicha empresa se encontraba en situación de grupo empresarial así como en situación de control. Es en este momento donde apareció en escena el Grupo Argos.
Ese mismo año, en la Asamblea General de accionistas de Emcarbon, Argos, hizo una presentación de venta de activos carboníferos de diferentes empresas del grupo empresarial controlado por dicha sociedad.
El propósito era que al integrar todos los activos carboníferos se maximizaría el valor comercial; por ello enumeraron los activos: el contrato de explotación de El Hatillo, contrato de concesión Cerro Largo, participación en Ferrocarriles del Norte y en la Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A. Pero ocurrió otro hecho.
En la siguiente asamblea extraordinaria de socios de Emcarbon, Jean Pierre Serrani Toro, empleado de la sociedad Banca de Inversión Bancolombia S.A., contratado por Cementos Argos S.A., manifestó que la transacción buscaba que los accionistas de Emcarbon se beneficiaran de dicha venta “en igual proporción que Argos, para lo cual estaban dispuestos a otorgar a dichos accionistas un beneficio consistente en que dichos accionistas obtengan un beneficio igual al 3,39% del valor total de la transacción, no obstante que solo tendrían derecho a dicho porcentaje respecto del valor de la venta de la mina de El Hatillo”, señaló el funcionario.
Alianza macabra
El 27 de diciembre de 2008, el día de los Santos Inocentes, pero lejos de ser una “inocentada”, se firmó un contrato entre Cementos Argos S.A. y la Compañía Vale do Rio Doce, una multinacional brasileña fundada en 1942 que opera en los sectores de minería, siderúrgica y petróleo.
Esta es la misma empresa que a comienzos de este año fue condenada por la justicia de Brasil a pagar US$9.560 millones por los daños ocasionados tras el colapso en 2015 de una represa en Minas Gerais que mató a 19 personas.
Las acciones que mediante este contrato Argos le vendió a la multinacional se transferirían en un plazo de cuatro meses. El valor de dicho contrato fue de US$373 millones de dólares.
El pago sería US$300 millones de dólares al cierre y US$73 millones estimados por Argos como saldo restante, "condicionado al resultado de un estudio y evaluación de recursos, para el área de Las Cuevas que se llevaría a cabo en los siguientes tres años".
Es decir, bajo esta maniobra, la empresa Emcarbon que tímidamente había surgido en 1994, en la que incluso tenían asiento los alcaldes de cuatro municipios carboníferos pero extremadamente pobres, Cementos Argos vendió dichas acciones a la sociedad brasileña. Pero vinieron más perlas.
El único hecho que se reprochó es que Argos supuestamente vendiera a Vale do Rio Doce las acciones de Emcarbon sin que esta las hubiera comprado a los accionistas; a ello se sumó que el contrato minero 147 de 1997, que tenía un interés público y social de impulsar el desarrollo económico y social de la región y que gracias a ello se autorizó la contratación directa, se modificó en varias oportunidades.
Municipios sin beneficios
Por ejemplo, en el otrosí número 2 del 5 de enero de 2009, Ingeominas solicitó un concepto al área jurídica del Ministerio de Minas. Preguntó cuáles eran los efectos vigentes para ese momento del decreto 159 de 1997 suscrito por el Gobierno de Ernesto Samper, y sus efectos frente al contrato minero.
La respuesta fue un golpe a la región. Según el Ministerio, las circunstancias fácticas y jurídicas que motivaron dicho decreto habían perdido fuerza ejecutoria. También respondieron con otra perla y que, según el jurídico del Ministerio, las cláusulas iban en contra del Código de Comercio y el Código Civil.
Los afectados con estas extrañas maniobras y vericuetos legales advierten que estos conceptos emitidos y que le abrieron la puerta a la cesión de títulos mineros, son abiertamente ilegales porque violaron derechos colectivos.
Mientras en la cláusula 15.2 del documento original se establecía que sin perjuicio de la obligación a cargo del contratista de atender la demanda interna del carbón o de los requerimientos de generación de energía, pero “todo de acuerdo con el Código de Minas y el Decreto 159 de 1997, en el cual se establece que es prioridad regional la construcción de la Carboeléctrica del Cesar y que es necesario garantizar el carbón para su funcionamiento”. Dicha prioridad fue abolida en el otrosí 2 suscrito el 5 de enero de 2009, cuyo director de Ingeominas era en su momento Andrés Ruiz Rodríguez.
También se modificó la cláusula 17 sobre contraprestaciones económicas; en la original se determinó que el contratista se obligaba a pagar la compensación por ingresos brutos la cual se pagaría por trimestres vencidos en forma simultánea con la regalía legal y basado en precio FOB.
En la modificación se determinó que “el precio de referencia se determinará como el mayor valor entre el precio FOB puerto colombiano promedio del trimestre para el carbón exportado proveniente del área del contrato, suministrado por el contratista a Ingeominas mediante copia de certificados oficiales”, se indicó. También se eliminó la cláusula 13 que hablaba de la cesión de gravámenes en cuanto a la necesaria participación de inversiones locales, según el decreto 159 de 1997.
Y quizás la más clave de todas, se eliminó la 13.3.3.2 que advertía que el contratista, es decir Ecocarbón, atendiendo el Decreto 159 de 1997, se comprometía a conservar en su composición accionaria una amplia y equitativa participación de inversionistas del departamento del Cesar, “especialmente provenientes de los sectores productivos tradicionales”.
Otro hecho indicativo de lo que allí se gestó es que para modificar este contrato a través de dicho otrosí no existió autorización de la Asamblea de Accionistas de Emcarbon como exigía la cláusula 28 de los estatutos que fueron modificados el 30 de mayo de 2002.
De público a privado
Uno de los graves señalamientos es que la sociedad Emcarbon S.A. fue objeto de maniobras de accionistas naturales y de empresas particulares demandadas y de Ingeominas para eliminar cláusulas, modificar el contrato minero 147 mediante otrosí y para aumentar la participación accionaria de algunos de estos, menoscabando así la participación de las entidades públicas como Asomineros, integrada por municipios del Cesar, e incluso la Cámara de Comercio de Valledupar.
En efecto, de Emcarbon se citan la venta y cesión de acciones como la realizada el 6 de mayo de 1998 en donde se autorizó negociar con Carbones del Caribe Ltda., empresa que hace parte del grupo Carbones del Caribe S.A. Un mes después, el 9 de junio, Carbones del Caribe adquirió 371 acciones de Emcarbon mediante dación en pago de William Pimiento Morales.
Por su parte, el 4 de octubre, Carbones del Caribe adquirió 75 acciones haciendo uso del derecho de preferencia de las acciones emitidas. Ese mismo día adquirió otras 326 acciones de Emcarbon de William Pimiento.
El acelerador de compra de acciones se mantuvo a fondo. El primero de marzo de 2000, nuevamente C.I. Carbones del Caribe S.A.S., adquirió 1.322 acciones de Emcarbon mediante dación en pago de la sociedad J.P. y Cía. Ltda.
Siete meses después, el 17 de octubre de 2000, C.I. Carbones del Caribe adquirió 3.500 acciones de Emcarbon, las cuales fueron cedidas por Carbones del Caribe Ltda. que las había recibido de Emcarbon por la prestación de unos servicios de exploración en el área El Hatillo.
A su vez, la sociedad Carbones del Caribe S.A. adquirió acciones en Emcarbon así: el 31 de marzo de 2001, 7.376 acciones; el 30 de marzo de 2006, 7.928 acciones; el 16 de marzo de 2010 ya aparecía con 62.422 acciones. Es decir, ya tenía en su haber el 62,422%.
Extraño cálculo de la acción
Algunos de los accionistas minoritarios aceptaron la oferta de C.I. Carbones del Caribe S.A. Colombia, pero dicen que nunca supieron de qué fórmula o de dónde salió la cifra de $10,5 millones por acción, equivalente a US$4.587. Esto al cambio del 23 de abril de 2009. Dicen que no hubo ni explicaciones, ni mucho menos un documento en el que se explicara dicho valor.
Por otro lado, Asomineros, con cuatro acciones, la Cámara de Comercio de Valledupar con 20 acciones y algunos particulares, no se dejaron intimidar por el tamaño empresarial ni el poderío de las empresas. Simplemente no vendieron sus acciones. Paradójicamente, esas pocas acciones fueron el motivo para que Ernesto Samper autorizara ese proyecto de gran minería.
Pero Ingeominas le dio un portazo jurídico a esos pequeños accionistas que eran la comunidad en sí misma y en una vuelta canela autorizó la cesión del contrato 147-97 a la sociedad Diamond Coal 1 Ltda. Sucursal Colombia.
De hecho, el 14 de mayo de 2009 Eduardo Bettin Vallejo, fungiendo como representante legal de Carbones del Caribe S.A. y quien había sido representante de Emcarbon, incluso en la firma del otrosí 3 que perfeccionó la cesión del contrato, le remitió a los accionistas una oferta de compra de acciones a $10,6 millones.
Y vino el otro puntillazo. En dicha oferta de compra se anunciaba que esa cifra irrisoria se pagaría a través de un intermediario, la fiduciaria Bancolombia en Valledupar, y que solamente tres años después, si la poderosa multinacional brasileña Vale do Rio hiciera unos estudios de la mina de El Hatillo en los que estableciera que las reservas probadas eran de 50 millones de toneladas métricas, la multinacional haría un pago adicional a Cementos Argos y que esta a su vez pagaría a los vendedores de las acciones el 3,39% del mayor valor percibido dividido por 2.217 y multiplicado por el número de acciones que el destinatario de las ofertas haya aceptado vender.
Maniobra societaria
Dicha oferta además llegó con un plazo de aceptación de solo cuatro días, es decir se vencía el 19 de mayo de 2009. En esta maniobra societaria, Carbones del Caribe S.A. bajo situación de control del Grupo Argos fue intermediaria en la compra y venta de acciones que luego fueron cedidas a Vale Cement Investments, también subordinada de Argos y que usó maniobras para hacerse propietaria de los socios minoritarios de Emcarbon.
Esta operación literalmente liquidó a Emcarbon; para el año siguiente ya estaba inactiva, pues su único activo y casi que su razón fundacional fue aquel título minero que terminó en manos de la multinacional.
El golpe no tuvo reversa. El 16 de marzo de 2010 la asamblea general de accionistas aprobó la liquidación y disolución de la empresa.
En este acto se evidenció la composición accionaria: C.I. Carbones del Caribe S.A.S. con 62.422 acciones, equivalente al 95,56%; Corporación e Inversiones del Mar Caribe S.A.S. con 2.774 acciones, equivalente al 4,24%; la Gobernación del Cesar con 100 acciones, es decir apenas el 0,1531%, mientras que Asomineros, la Cámara de Comercio de Valledupar y un puñado de personas naturales fueron borradas del mapa societario, pues no fueron tenidas en cuenta.
Tres años después de haberla adquirido a Argos por US$300 millones y cuando se vencía el término de tres años para supuestamente terminar los estudios en los que verificarían el potencial carbonífero, estos vendieron por US$400 millones a una empresa denominada Colombian Natural Resources. Dicha operación fue inscrita en el Registro Minero mediante resolución 001545 del 19 de noviembre de 2012.
Con carbón y sin dinero
En el entretanto, según los afectados, los municipios de Chiriguaná, Becerril, La Jagua de Ibirico y El Paso vieron disminuidos sus ingresos por concepto de regalías y compensaciones. “Los municipios, Asomineros, los socios minoritarios, les fueron violados sus derechos mencionados. (…) Les desconocieron en su totalidad sus acciones, pues no les fueron compradas, y a los accionistas minoritarios no se les pagó lo que realmente estas valían, amén de todo el procedimiento ilegal que efectuaron”, señala la apoderada de los afectados.
No dudan en señalar la actuación de Ingeominas como ilegal, entre otros, por las modificaciones y eliminaciones de cláusulas del contrato; también contra el Ministerio de Minas por los conceptos jurídicos que emitió y que derivaron en que una multinacional brasileña terminara con ese título minero.
También indicaron un nombre: Eduardo Bettin Vallejo, quien inexplicablemente primero fue asesor de Emcarbon, fue su representante legal y luego lo fue de Carbones del Caribe S.A., Carbones del Caribe S.A.S. y de Argos.
Advierten que esta persona fue actor fundamental, pieza clave en lo sucedido porque aseguran que estuvo en el proceso de modificación del contrato, cesión del contrato, oferta de compra y de venta de acciones de Emcarbon a las empresas subordinadas del Grupo Argos S.A.
Igualmente del otrosí de terminación del contrato, “actuó como representante legal del cedente y cesionarios, colisionando el trámite mencionado, porque si bien es cierto Argos era la matriz y Emcarbon subordinada, ello no significaba que esta última no tuviera su propia administración e intereses propios”, indicó la abogada de los afectados.
Y como si lo anterior no fuera suficiente también aseguran que hubo abuso de posición dominante y actos de engaño en lo que respecta a la violación de la libre competencia.
Lo evidente es que desde el año 2021 en el Tribunal Administrativo del Cesar, tanto los municipios como las personas naturales esperan que se imparta justicia en este caso.
No obstante, la única actuación que se ha hecho es remitir el expediente a otro despacho de otro magistrado quien admitió la demanda. Pero los demandados ya muestran su poderío, pues interpusieron recurso de reposición en contra de la admisión de dicha demanda.
En el entretanto y paradójicamente mientras que en el Ministerio de Minas en 2008 y 2009 aseguraron que los hechos que motivaron el decreto de 1997 ya se habían superado, los cuatro municipios que están anclados en carbón tienen una pobreza multidimensional del 48%. Lo cierto es que esta parece ser la historia de David contra Goliat y en el que el Estado parece haberse puesto del lado equivocado.
También le puede interesar
