“El desempleo es un problema estructural y en aumento. Meta del desempleo del PND es difícil de cumplir. Para alcanzar el promedio de crecimiento del 4.1% en 2018-2022, con un crecimiento del 2.6 en 2018, se necesitarían crecimiento por encima del 4% en los años anteriores. Es contradictorio tiene choque petrolero y regalías como base de crecimiento y proponer, por otro lado, una diversificación productiva”. Con expresiones como estas y en un extenso documento, la Contraloría General de la República pone en entredicho y con observaciones de fondo, el Plan Nacional de Desarrollo que desde hace tres semanas presentó el gobierno y que actualmente se discute en las comisiones económicas del Congreso.
Se trata de una cirugía de fondo a la carta de navegación que durante los próximos cuatro años regirá el mandato del presidente Iván Duque. El Plan, denominado “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, está contenido en un documento de 1.145 páginas y fue estructurado por el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, DNP, a través de un proyecto de ley desarrollado en 183 artículos. Se trata de una iniciativa del Ejecutivo que busca la equidad mediante el emprendimiento y la legalidad con el propósito de lograr un alto crecimiento económico, reducir la pobreza, el desempleo y los homicidios. Un plan que cuesta $1.100 billones, de los cuáles el 47% se van a destinar al sector social.
Hasta aquí los ejes fundamentales del objetivo gubernamental. Sin embargo, al efectuar un análisis profundo de la iniciativa surgen para el ente de control fiscal y diversos sectores más dudas que certezas. El contexto muestra que hay incertidumbre sobre la economía mundial en asuntos como desaceleración y deuda de China, debilidad de Estados Unidos, guerra comercial y efectos del Brexit en el Reino Unido, por eso señala que las metas planteadas son muy difíciles de cumplir.
En concreto, señala en sus observaciones, que es contradictorio tener un choque petrolero y de regalías como base de crecimiento, y por otro lado proponer una diversificación productiva. En este sentido, se precisa que los precios del petróleo y la tasa de cambio mantienen su volatilidad y un choque en los precios del crudo que incremente el Brent a más de 70 dólares del barril es poco probable. Incluso se argumenta que las proyecciones del Plan Nacional de Desarrollo, PND, son optimistas frente a las proyecciones mundiales de la demanda de crudo.
En cuanto a la economía naranja, pilar de la actual administración Duque, se indica que si bien es muy importante, resulta insuficiente para convertirse en el principal dinamizador de las exportaciones. Así mismo, señala que el PND es bastante robusto en términos económicos, siendo el componente privado un 33% del total, lo que lo convierte en un item muy significativo, difícil de evaluar y cuantificar en su ejecución al igual que el componente privado para la paz.
Frente al sector del medio ambiente se cuestiona que la mayoría de las acciones propuestas no tienen indicadores ni metas. Destaca también que las propuestas son poco claras en cuanto a la coordinación y articulación de los sectores. Pone además el dedo en la llaga en uno de los temas de mayor relevancia actualmente, los cultivos ilícitos, en donde expresa su preocupación porque no hay líneas, ni estrategias para controlar los efectos ambientales. “Ni en las bases, ni en el articulado, se establecen fuentes de financiación del pacto IV, por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo”.
Respecto del sector agropecuario definido como un pacto por el emprendimiento y la productividad, la Contraloría señala que no hay claridad sobre los mecanismos a implementar en aspectos de acceso, distribución, subsidios de tierras y el fondo de tierras. En este punto destaca que las metas principales propuestas son bajas en consideración a la magnitud del problema, es decir, que formalizar 37.000 títulos equivale al 2.1% de los 1.7 millones de predios, dotación de infraestructura de riego, vía construcción y rehabilitación de 150.827 hectáreas, representa el 0.8% de las tierras potencialmente irrigables en el país, es decir, 18.6 millones de hectáreas.
En este mismo sector critica la disparidad en el acopio de información sectorial entre el Dane y los gremios de la producción. Tampoco se evalúa el impacto de los incentivos otorgados a través de instrumentos financieros como el incentivo de la capitalización rural, o la línea especial de crédito.
Según el senador del partido Cambio Radical, Germán Varón, el Plan se ha venido estudiando en foros y en las comisiones tercera y cuarta de Senado y Cámara y la otra semana hay una reunión para revisarlo. “Este plan no se ve bien porque solo piden facultades”. A su vez, el congresista del Polo Democrático, Jorge Robledo, califica el plan como, “ es de subdesarrollo y parece el de Santos III”.
En contraste, varios parlamentarios del Centro Democrático argumentan que el Plan de Desarrollo es el instrumento para sacar de la pobreza extrema a 1.5 millones de personas y sacar de la pobreza a 2.9 millones de ciudadanos. Gloria Alonso, directora de Planeación Nacional, ha sostenido que se trata de una iniciativa que se ha trabajado en mesas regionales con el aporte de más de 11.000 colombianos, bajo los pilares de la equidad y la igualdad de oportunidades para todos en trabajo, servicios públicos, salud, educación, vías y conectividad, entre otros aspectos.
Uno de los sectores con mayores cuestionamientos es el sector de minas y energía. Allí se examina que es repetitivo porque se retoman los mismos indicadores de los anteriores planes de desarrollo, en cuanto a contratos, pozos y sísmica. “Se continúa con la política de estabilizar precios de combustibles, sin embargo, la CRG mostró en su estudio sobre este fondo que era inviable y que la mejor alternativa era eliminar esta política”. Por eso, afirma en el documento de reparos al PND el ente de control, que contrario a la idea de regular el mercado de combustibles, se aplazaría por cuatro años más dicha meta.
Al referirse al propósito de un millón de nuevos usuarios de gas natural, afirma que es incierto ya que no se tiene previsto aumento de producción de gas natural y denomina como meta poco ambiciosa de sustitución de leña ya que en el país existen 1.2 usuarios que usan ese material vegetal para cocinar. Otro reparo, es que la vigencia de algunos fondos del sector hasta el año 2030 excede el alcance de la ley, cuestiona que antes eran solo cinco años de exención de renta y se pasa a 15 años sin la justificación para ampliarla tanto.
La inversión de recursos públicos en infraestructura concesionada en áreas de servicio exclusivo es criticada también al considerarse como un apalancamiento necesario e injustificado a los concesionarios cuando justamente una concesión se realiza para evitar ese gasto. Dice además la CRG que los recursos pueden ser insuficientes para cubrir las necesidades en el servicio público domiciliario de energía eléctrica en zonas no interconectadas. Y aunque, ya fue modificado por el mismo gobierno, se pone en entredicho que se derogue un artículo que elimina la protección y delimitación de páramos para adelantar actividades mineras.
En el sector Defensa, Justicia y Seguridad, los reparos también son mayores. “Se nota la ausencia de metas e indicadores importantes para el sector por ejemplo, índice de congestión por especialidad de la rama judicial, reducción de inventarios finales de procesos en la Rama Judicial y reducción de archivos en las noticias criminales”. Igualmente se omiten indicadores importantes como municipios sin presencia de Grupos Armados Organizados, GAO, el cual, según los expertos resulta útil para determinar la efectividad de las acciones en materia de seguridad.
Las cifras para este sector resultan insuficientes. Se evidencia que en el pasado plan se proyectaron recursos por $137.34 billones para defensa y seguridad y en la actual propuesta se proyectan recursos por $126 billones registrando una disminución de la cual se puede determinar claramente los rubros que se recortan dada la forma agregada de su presentación.
Con respecto al sector social, dice el documento de análisis, que el pacto por la equidad, presenta programas generales sin la descripción de los principales subprogramas. En lo que tiene que ver con el indicador jóvenes y familias en acción, se presenta un considerable incremento pero al mismo tiempo se registra una drástica reducción de la cobertura frente al anterior, al pasar de 2.706.790 a 2.400.000 familias. Y frente al tema de pobreza extrema no se presenta una meta para el cuatrienio.
La salud es otro de los sectores que genera preocupación en el plan como quiera que no está definido con que recursos de la nación se va a financiar el gasto en servicios no PBS del régimen subsidiado. En educación, la situación es difícil porque en la implementación de la jornada única en educación oficial, se espera que el porcentaje de estudiantes llegue al 24% al final del cuatrienio, menor a lo propuesto por el PND anterior que estaba en el 30%. En este mismo sentido, se indica que no existen indicadores definidos en la articulación de educación secundaria y media con la terciaria en la formación de competencias de jóvenes rurales que sirvan a los emprendimientos.
Ni la población LGBTI se salva de las consideraciones. Al respecto, se denuncia la ausencia de información estadística confiable en el plan que impide establecer la magnitud del problema que se enfrenta en relación con esta comunidad.
Infraestructura, telecomunicaciones, comercio exterior y desarrollo regional son sectores con otros problemas en el plan. No se da continuidad al programa de viviendas gratuitas, en transporte público no se presentan estrategias en la financiación del acceso para la población más pobre, las concesiones portuarias registran un plazo muy amplio y en los contratos de concesión por la modalidad de Asociaciones Público Privadas, APP, se deja claro que no se debe exceder la capacidad de endeudamiento del Estado.
El plan plurianual de inversiones es criticado por la reducción de sus recursos. También el hecho de que las cifras del censo muestren mayores déficit en servicios públicos y menor población. De igual forma, en gestión integral de residuos sólidos se observa un limitado enfoque preventivo donde se priorice el reuso, el aprovechamiento y el reciclaje. Argumenta la CGR que es necesario generar incentivos mediante un adecuado esquema regulatorio que impacte en el comportamiento de los hogares y las empresas permanentemente.
Otro de los sectores con mayores dudas es el de posconflicto. Al respecto, se señala que los compromisos del acuerdo final de paz con las Farc no se pueden identificar de forma clara respecto de su población objetivo, responsables, metas, indicadores y recursos para su implementación. “Las asignaciones presupuestales no son especificas a los programas del acuerdo si no hacen parte delos presupuestos generales de las entidades encargadas. Se dificulta el ejercicio de seguimiento y control al cumplimiento de las metas de los programas de posconflicto. Además, obstaculiza la rendición de cuentas del Estado sobre el manejo de los recursos aportados por la comunidad internacional”, fundamentan los analistas del tema.
Desde una perspectiva más técnica las inquietudes surgen también porque los indicadores y metas del plan obedecen más a una relación temática que a la correspondencia directa con las metas e indicadores. Dudas que se expresan también en desfases de la formulación del plan, en insuficiente integración además de vacíos de información y datos desactualizados frente al censo.
Así las cosas, con al menos 50 reparos por parte de la CGR, otros expresados por los gremios, congresistas de coalición al gobierno y de la oposición, sectores ambientalistas, mandatarios locales y regionales y expertos en varios ámbitos, el gobierno sigue su marcha en el Congreso para la aprobación de la que será su hoja de ruta en los próximos tres años.
