El 13 de agosto pasado, hacia las 4:30 p.m., los más altos directivos del Gobierno cumplieron su primera cita oficial. Se trataba de un Consejo de Ministros con el que arrancó formalmente la administración Duque. Cuando todos estaban reunidos, el primer mandatario autorizó el ingreso de fray José Gabriel Mesa Angulo, quien pronunció una oración y bendijo el inicio de sesiones. De esta manera comenzó el mandato de uno de los presidentes más jóvenes de la historia.
Acto seguido, el presidente Iván Duque, tomó la palabra y expresó su satisfacción al señalar que su primera semana de gobierno fue exitosa. El mandatario les indicó a sus contertulios que con la realización del taller “Construyendo País” en Girardot se demostró que era posible cambiar el ánimo de la gente y mostrar un gobierno diferente y propositivo. De inmediato habló de su periplo por San Andrés, en donde realizó un consejo de seguridad. También resaltó el compromiso que adquirió con la comunidad de suministrar una aeronave para transportar pacientes y mencionó aspectos de su visita al Hospital Clarence Lynd Newball Memorial. Detalló luego sus reuniones con la comunidad raizal para hablar del Estatuto Raizal y recorrió el paseo peatonal de la isla con la ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez.
Tibú, en Norte de Santander, hizo parte del balance de Duque. La inauguración de una planta extractora de aceite, de la cual el 49% de los productores se dedicaban al cultivo de hoja de coca, fue referenciada por el mandatario. A ello le sumó la determinación de tomar medidas urgentes para que a finales de octubre llegue al Catatumbo la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) del Ejército Nacional, para combatir los cultivos ilícitos y simultáneamente ofrecer alternativas a los campesinos para la compra de sus productos en almacenes grandes y el desarrollo de programas sociales con el Departamento de la Prosperidad Social (DPS). En esta zona del país opera la Fuerza de Tarea Vulcano.
En cuanto a la visita a Tumaco, que hizo el 10 de agosto, en desarrollo de un consejo de seguridad confidencial, se evaluaron las capacidades de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, se tomaron decisiones y se está a la espera de resultados en los próximos meses. Según registros de las Fuerzas Militares, las Fudra son tropas que tienen cuatro brigadas móviles, un batallón de apoyo y servicios para el combate, que cuentan con helicópteros Black Hawk y aviones MI-17 del Ejército y aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).
La sesión continuó con comentarios de Duque sobre el taller “Construyendo País” de Girardot y sobre un informe de la situación invernal en Mocoa (Putumayo) y la orden de traslado a esa zona de los ministros de Vivienda y Ambiente, Jonathan Malagón y Ricardo Lozano. No obstante, una aseveración del primer mandatario causó el alborozo de los altos dignatarios que asistieron al Consejo de Ministros. “Esos son los primeros cinco días de gobierno, algunos dicen que ya parecen varios meses. Como lo indicó el presidente Piñera de Chile, la diferencia entre un proyecto y un sueño es una fecha. Tenemos que comprometernos con fechas y metas claras para los primeros cien días. No caer en la política transaccional y tratar bien a los congresistas sin caer en malas mañas”.
Primer rifirrafe
El siguiente punto de la agenda en el Consejo de Ministros fueron los lineamientos políticos de inicio de gobierno y los mensajes a los medios de comunicación. En este sentido, Duque señaló la importancia de hacer énfasis en los pilares del Gobierno; Legalidad, Emprendimiento y Equidad, y conminó a los funcionarios a expresarse con cuidado, argumentando que fuera de contexto pueden ser manipulados de manera negativa. De igual forma, denunció que la oposición quiere desviar la atención de los planes de gobierno sobre la reactivación de la economía y que ha malinterpretado el mensaje de bajar impuestos y mejorar salarios. Recalcó también la importancia de mejorar las condiciones para las empresas y de una vez habló de Electricaribe, sobre la que ordenó no dar opiniones, excepto los encargados del asunto. “Es importante no dar declaraciones a priori sobre situaciones de crisis hasta que se tenga toda la información, hay que escoger con celeridad los directores de comunicaciones”, puntualizó el presidente.
Sin embargo, la instrucción dejó dudas en la ministra de Trabajo, Alicia Arango, quien le preguntó al presidente: “¿Cómo hace el Ministerio de Trabajo para no referirse al tema de salarios, ya que es una promesa de campaña?”. A lo que Duque respondió: “ya hay una propuesta presentada por la ANDI que nos permite ofrecer una mejora de salarios a trabajadores como un mecanismo no constitutivo de prestaciones. Como no hemos llegado al cierre de ese acuerdo, yo le pediría que nos refiramos en los siguientes términos: mejorar los ingresos de los trabajadores, eso nos permite hacerlo de una manera más clara y transparente”. No muy satisfecha con la respuesta, la ministra Arango ripostó, se dirigió al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y le pidió más comunicación. Pero de nuevo, Duque le llamó la atención a la ministra y le comentó que ese es un tema de afinación y no de comunicación, debido que él nunca se refirió específicamente al salario mínimo legal vigente y que es más inclusivo si se refiere a ingresos. Una observación con la que Arango asintió.
En el plano político, no faltó el comentario sobre la consulta anticorrupción, que para ese entonces estaba a punto de votarse. Al respecto, Duque recordó que le había solicitado al partido Centro Democrático en el mes de abril respaldar la consulta y que después de elecciones incluso requirió la creación de un comité promotor. Concluyó manifestando que el Gobierno garantizaría el desarrollo de la consulta sin ir más allá.
La incertidumbre por el glifosato
El Consejo de Ministros dio otro giro temático. Guillermo Botero, ministro de Defensa, expresó su preocupación por la baja remuneración salarial de la Fuerza Pública. Al respecto, el presidente afirmó que tiene un desacuerdo por no haberse considerado la indexación con las Fuerzas Militares y la Rama Judicial, derivado del salario de los congresistas como referente, y le sugirió al ministro no referirse a ese tema, limitar sus pronunciamientos y le explicó que es un asunto que le corresponde al Congreso.
Saldado el tema, pidió la palabra el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, con otro tema caliente, el glifosato. Al respecto expresó su preocupación porque si bien argumentó que se deben tomar decisiones con evidencia científica, hay el riesgo de fracturar la posición de varios ministerios. De inmediato le ripostó el ministro Botero, quien señaló la dificultad que existe para encontrar un herbicida tan eficiente como el glifosato y expresó que de no usarlo habría dificultades en el proceso de erradicación de cultivos ilícitos de manera efectiva. Insistió en que debe ser empleado con todas las protecciones y fue enfático en decir que está demostrado que de esa manera no tiene efectos nocivos para la salud.
Entonces se volvió a armar el debate. Por ejemplo, el alto consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, hizo énfasis en la forma de comunicar el tema al público y en cumplirles a las personas que firmaron acuerdos colectivos en la materia. Por su parte, el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, propuso considerar la aspersión con otros químicos además del glifosato, argumentó que en Europa se utiliza y que en Colombia está en más de 100 productos. Detalló que la Corte Constitucional utilizó un producto de precaución ambiental para no usar glifosato y dijo que no obliga a dejar la aspersión sino, por el contrario, habla de minimizar el daño ambiental. En este contexto, el funcionario propuso trabajar con la Corte Constitucional para definir un protocolo apropiado.
Y llegaron nuevas voces al tema del glifosato. Rafael Guarín, alto consejero para la Seguridad Nacional, insistió en una estrategia de comunicación, además de trabajo productivo y propiedad para los afectados. Intervino entonces el canciller, Carlos Holmes Trujillo, quien recordó la importancia de integrar un equipo para cumplir los compromisos de campaña. A su vez, Francisco Barbosa, consejero para Asuntos Internacionales y Derechos Humanos, destacó que hay una mesa nacional de garantías que incorpora a 44 agencias nacionales e internacionales y resaltó “la importancia de llevar la información adecuada para contrarrestar los movimientos sociales que podrían surgir”.
En el Consejo de Ministros no faltó el espejo retrovisor. Jorge Mario Eastman, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, denunció que el gobierno Santos debilitó el Consejo Nacional de Estupefacientes y por ello propuso que el ejecutivo debe liderarlo mediante la presencia del presidente Duque y sus asesores principales. En este sentido, la ministra de Justicia, Gloria Borrero, compartió el argumento de Eastman en cuanto a la falta de liderazgo y señaló que el Consejo Nacional de Estupefacientes tiene un fondo en el que hay US$7 millones. Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, sugirió la elaboración de un inventario con los compromisos de erradicación manual y comentó que dicho inventario podría ser muy útil para contrarrestar el riesgo de protesta, al considerar que muchas de éstas tienen que ver con la sustitución voluntaria.
Ante la avalancha de comentarios de ministros y consejeros, el presidente Duque ripostó y luego de explicar la evolución de los cultivos ilícitos desde 1999, dio órdenes precisas a varios ministros. Al de Defensa, definir los protocolos con otros ministerios; al de Salud, validar las condiciones de aspersión de acuerdo con lo dispuesto por la Corte. Sin embargo, Duque señaló que lo mejor es hacerlo con aviones, utilizando nuevas tecnologías como drones, y frente a los acuerdos de erradicación, indicó que se deben mantener solo si son efectivos, “en caso contrario se reservará la capacidad de levantar los compromisos”. Adicionalmente, le solicitó a la ministra de Justicia convocar al Consejo Nacional de Estupefacientes, incluyendo Estados Unidos, para demostrar seriedad y compromiso. Así mismo, pidió a los ministerios de Trabajo, Agricultura y al DPS esfuerzos para suscribir acuerdos de compra de cosechas por contrato con el sector privado. Comentó también que Noruega planea hacer compra de aceite de palma y no ha contemplado a Colombia.
No obstante, hubo una grave advertencia que pasó desapercibida en el Consejo de Ministros. El consejero Rafael Guarín señaló que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), creado en el Acuerdo de Paz y que agrupa a 124 mil familias está desfinanciado, al expresar su preocupación sobre “dinero que no existe” y agregó que “se debe revaluar la participación en el PNIS por parte de la FARC, ya que al coadministrar el programa hacen promesas que podrían desviarse para la financiación de futuras protestas”. Al respecto, Duque indicó que no quiere crear más expectativas sin una evaluación, que hay otras formas menos onerosas de administrar la erradicación voluntaria y para ello se debe elaborar un documento Conpes.
Preocupación por el clima
A la extenuante jornada del Consejo de Ministros llegó otra preocupante noticia. María Claudia García, viceministra de Ambiente, hizo una presentación en la que indicó que existe una posibilidad de entre 70% y 80% de que Colombia se vea afectada severamente por el fenómeno climático "El Niño". Ello significa que el país tendrá menos agua para embalses, acueductos, un aumento en riesgos de deslizamientos, incendios forestales y menores rendimientos agropecuarios. De hecho, el pasado 10 de septiembre, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), una agencia de la Organización para las Naciones Unidas, (ONU), ratificó la noticia. Por eso, varios ministros y consejeros insistieron en la necesidad de trabajar en medidas de mitigación para los impactos negativos previstos. Para ese momento el Consejo de Ministros cedió su liderazgo a la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, porque el primer mandatario se retiró un momento para hablar con el presidente del Congreso, Ernesto Macías, quien llegó de improviso a la sesión.
Al finalizar este tema se hizo énfasis en la situación de la Orinoquia, Mocoa y Puerto Carreño. Cuando retornó, el presidente Duque indicó que desde el punto de vista presupuestal, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, estaba buscando soluciones financieras para superar la emergencia, al tiempo que señaló que había que esperar para tener más claridad en el siguiente Consejo de Ministros. Minutos después, el ambiente se distendió, porque los meseros de Palacio llegaron con un ponqué para celebrar el cumpleaños de la ministra de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones, Silvia Constaín.
Luego de la celebración, los funcionarios conocieron los lineamientos para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, que se va a desarrollar en dos fases. La primera, de construcción de la narrativa, estructura y diagnóstico, y la segunda, de estrategias y programas prioritarios. Para ello, se designó al Departamento Nacional de Planeación, (DNP) y el presidente Duque comento su interés de denominarlo “Pacto por Colombia” y que se debía construir desde las regiones, incorporando validadores como economistas reconocidos, sectores sociales y pueblos indígenas. A manera de anécdota, el mandatario señaló el desgaste físico que generan los talleres “Construyendo País”, pero recalcó que a su vez traen satisfacción.
El turno de Carrasquilla
El turno le correspondió al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. El funcionario señaló que el anterior gobierno dejó un presupuesto desfinanciado para el 2019. Señaló que casi todo el aumento del presupuesto, definido en $258 billones, equivalente al 10%, se destinó para el pago de la deuda. Indicó que los ajustes del gasto por sector fueron desordenados y presentan variaciones grandes. Por eso, estableció que el paso a seguir es reordenar la casa sin modificar los montos. Para ello diseñó dos estrategias; la primera, prefinanciando el año, liberando espacio por el orden de US$3.000 millones mediante un anuncio de prepago y un programa más agresivo para 2019. También indicó, como segunda medida, que se encontraron excesos de liquidez que no rentan, los cuáles se pueden convertir en reservas para trabajar, conservando la capacidad de responder a las necesidades de los siguientes 18 meses.
Nuevamente intervino la ministra de Trabajo, Alicia Arango, quien precisó que el presupuesto de su cartera en un 96% se dirige a Colpensiones. Al responder una duda del presidente Duque, el ministro Carrasquilla informó que faltan dos billones de pesos para garantizar las vigencias futuras del próximo año y se habló de la pertinencia de informarle al país la actual situación financiera. No obstante, se habló de la importancia de los sectores de minería, petróleo y de la importancia de liberar recursos del presupuesto de las regalías. Al respecto, Gloria Alonso, directora del DNP, indicó que actualmente hay $8 billones disponibles.
Entonces intervino la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, quien señaló que hay un faltante de subsidios de electricidad y que además está el tema de Electricaribe. La funcionaria expuso que en regalías se va a tener un incremento significativo para las regiones, pero que curiosamente el problema es que faltan más proyectos que recursos. Sugirió que se le debe dar prioridad a la agenda minero-energética, que es donde más rápido pueden crecer para darle más recursos al Estado, con exportaciones de minería, gas y petróleo.
La respuesta del presidente Duque fue que se debe ir por pasos para hacer los ajustes y contempló una reforma a las regalías para aumentar los recursos a las regiones productoras. Y llegó el tema de moda: el fracking. “Solo el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente se pueden referir al fracking (…) la regla fiscal se ha estado violando, es por esto que se debe usar la narrativa de poner la casa en orden para ganar el respaldo de las calificadoras antes los ajustes necesarios a proponer”. Y los ministros de nuevo reiteraron la importancia de la implementación de estrategias de comunicaciones a la hora de hablar de fracking, así como en evidenciar la grave disminución en ciencia, tecnología y salud.
De nuevo vinieron más instrucciones del primer mandatario. Ordenó que antes de los debates se cite a los miembros de las comisiones económicas para exponerles la situación fiscal del país. En el Consejo de Ministros, se determinó la necesidad de evidenciar ante la opinión pública temas como la creación de plazas paralelas por dificultades en la contratación, la conformación de numerosos cargos por la Justicia Especial para la Paz (JEP), la inconstitucionalidad de muchos asuntos penitenciarios, así como la aparición de una nueva nómina de 500 cargos en la Unidad de Búsqueda de Víctimas.
En cuanto a austeridad, el presidente Duque hizo anuncios como la reducción en 50% en los esquemas de seguridad, incluido el propio, reducción de los gastos de publicidad, eliminar los viajes en clase ejecutiva, desmontar las nóminas paralelas, disminuir las delegaciones de funcionarios y sacar adelante las facultades para reducir las agencias que se crearon y están desbordadas, en concreto, según Duque, son 14 agencias que están costando ocho billones de pesos al año. También se advirtió de la expedición de una directiva presidencial de austeridad.
Con respecto al sector de la educación, su titular, María Victoria Angulo, señaló que crear la Superintendencia de Educación tiene mucha resistencia, pero consideró que si las facultades extraordinarias servían para ajustar la estructura del Estado, también permitirían crear esa superintendencia. Al respecto, en el Consejo de Ministros, se indicó que la mayor oposición a esta iniciativa está en cabeza de los rectores de las universidades, al evidenciar que se afecta la autonomía institucional, por eso se propuso buscar una solución que permita la materialización de esta propuesta. El orden del día terminó con un duro comentario del consejero Emilio Archila, quien señaló: “Además del desastre presupuestal, hay un desorden institucional”.
La hora de cantar victoria
Hacia las 10:30 p.m., cuando ya habían transcurrido cerca de seis horas de trabajo, el turno fue para la ministra de Minas y exvicepresidenta administrativa de Ecopetrol, María Fernanda Suárez, quien advirtió que su sector estaba bien posicionado pero en los últimos años se fue en picada. Fue reiterativa en el diálogo y señaló que hay muchas entidades pero funcionan de manera desarticulada. Calificó lo que sucede con Electricaribe como una bomba de tiempo, puesto que cada mes se acumulan $30.000 millones de déficit de caja que ponen el riesgo el suministro y que se han ido agotando los mecanismos de intervención. Y fue más allá al indicar que conseguir un operador privado para finales de septiembre tiene bajas posibilidades. No obstante, manifestó que si no se logra, se deben construir alternativas en los siguientes 30 días.
Saltó también a la palestra otro tema clave: Hidroituango. “Es crítico que EPM pueda entrar al cuarto de máquinas para evaluar la viabilidad de la obra. Lo más crítico va a ser el tema ambiental y la rehabilitación de la licencia. Desde el Gobierno lo primero que se debe hacer es garantizar la vida y lo segundo es que ojalá EPM pueda poner en funcionamiento la presa, porque si se pierde esa generación, es casi imposible de recuperar (…) el riesgo es acumulación de fenómenos de El Niño. Todo indica que se va a tener efecto en el precio de la energía”. La ministra Suárez terminó su presentación de victorias tempranas señalando que el tema crítico es el fracking, en razón a que hay dos proyectos de ley en contra de su aplicación.
El Consejo de Ministros continuó con la intervención de Susana Correa, directora del DPS, quien habló de nuevos emprendimientos, soluciones de seguridad alimentaria, fortalecimiento de asociaciones y la creación de la ruta de superación de la pobreza. Explicó que en la entidad que dirige existen tres sistemas con bases de datos y sin interoperabilidad. Pero quizás lo que más preocupó al auditorio fue su anuncio en el sentido de indicar que hay un déficit presupuestal del 48 % en Familias en Acción. Entonces retomó la palabra el presidente Duque, quien planteó como meta la eliminación de la pobreza extrema en cuatro años. Asimismo, expresó su interés de ratificar el ingreso a la OCDE en París, el próximo 11 de noviembre cuando atienda la invitación del presidente de Francia, Emmanuel Macron.
Últimas perlas
Para finalizar la sesión se acordó revisar los proyectos de ley considerados inconvenientes, identificar los ponentes adecuados y estar alerta con iniciativas legislativas contrarias a las políticas de gobierno. Se resaltó la importancia de mantener contacto permanente con los congresistas en coordinación con el Ministerio del Interior y la Consejería de Asuntos Políticos. En cuanto al orden público alterado por un conflicto entre dos comunidades indígenas, intervino la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien señaló que se trata de una disputa entre la comunidad misak y los indígenas nasas, y según la funcionaria, “todo indica que los nasas quieren es proteger rutas del narcotráfico”.
En la reunión de ministros también el canciller Carlos Holmes Trujillo anunció la creación del Consejo Superior de Relaciones Exteriores, se presentó al analista Francisco Miranda, como encargado de los discursos y las presentaciones y a la vez, Jorge Mario Eastman destacó que es importante no olvidar que el gobierno anterior estuvo alejado de los empresarios y que una victoria temprana es reactivar la conexión con ellos. Por ello, indicó que se debe recuperar el contacto con el sector privado y con la gente.
El presidente Iván Duque remató el Consejo de Ministros señalando que se abordaron varios temas, pero precisó que la idea era abordar menos temas, pero trasversales. En este sentido indicó que de allí en adelante los consejos de ministros serían más puntuales y que junto con el secretario se definirían los temas de manera más puntual. A las 11:52 p.m. el primer mandatario se despidió de su equipo de gobierno y terminó una sesión histórica por tratarse del primer encuentro formal para abordar el inicio de lo que serán sus cuatro años de gobierno.
