Ministro de Salud cuestiona órdenes de la Corte Constitucional sobre la UPC

El Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, expuso nuevas observaciones frente a los mandatos de la Corte Constitucional que exigen reajustar y actualizar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

El funcionario aseguró que el despacho no incurrió en incumplimientos y sostuvo que se han pedido aclaraciones al alto tribunal para aplicar las resoluciones con base en datos técnicos.

Jaramillo mencionó que existe una orden para congregar a todas las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) con el propósito de examinar la UPC.

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Según el ministro, esa instrucción resulta compleja por la cantidad de entidades existentes. Explicó que el país cuenta con 926 IPS oficiales y más de 11.000 privadas, lo cual hace inviable reunir a todos sus representantes en un mismo espacio. Indicó que, ante tal magnitud, se requeriría un estadio de gran capacidad para albergar a los involucrados.

El Ministerio insiste en que no existe intención de aplazar pagos ni de desatender la jurisprudencia de la Corte, sino que se precisa contar con definiciones claras sobre los procedimientos de ajuste.

Jaramillo destacó que el despacho necesita lineamientos bien delimitados para efectuar la revisión de la UPC, a fin de sustentar cualquier incremento o modificación.

El Ministerio sostiene que no hay desacato

Por medio de un comunicado emitido el 13 de febrero, la cartera de Salud reafirmó que no se encuentra en desacato de las órdenes consignadas en los Autos 2049 de 2024 y 007 de 2025 de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008.

El argumento oficial señala que ambas providencias aún no están en firme, pues se han tramitado solicitudes de aclaración ante la Corte Constitucional. Conforme a lo expresado, solo habrá ejecutoria cuando se resuelvan esas peticiones, en sintonía con lo dispuesto en el artículo 302 del Código General del Proceso.

La entidad subrayó que se ha mantenido atenta al desarrollo de los procedimientos y que adoptará las medidas correspondientes tan pronto se produzca una decisión clara del alto tribunal. Mientras tanto, descartan que se haya vulnerado alguna orden derivada de esos fallos.

Observaciones sobre las providencias de la Corte

El Ministerio de Salud ha planteado varias inquietudes respecto a los Autos 2049 de 2024 y 007 de 2025. Dichas providencias contienen directrices que, en criterio del ministerio, generan incertidumbre sobre la aplicación del reajuste de la UPC y de los pagos relacionados con ese concepto.

Auto 2049 de 2024

Alcance dudoso: No se precisa si la finalidad es abrir un incidente de desacato contra el titular de la cartera o si incluye nuevas instrucciones.

Referencia imprecisa: Se alude a un considerando 128 que no aparece en el documento, pues solo habría 115 apartados numerados.

Plazos caducados: Se ordena efectuar pagos entre julio y octubre de 2024, aunque la notificación llegó en enero de 2025, cuando esos plazos ya habrían transcurrido.

Incompatibilidad con normas vigentes: 
El auto dispone cancelar los presupuestos máximos en los primeros 15 días de cada mes de 2025, pero esa medida choca con la Ley 1955 de 2019 y la Resolución 067 de 2025.

Problemas en la parte resolutiva: Se alude a literales “a), b) y d)” que no aparecen en el texto oficial.

Auto 007 de 2025

Ausencia de estudios de respaldo: La mayoría de la Sala no entregó documentos que fundamenten la insuficiencia de la UPC, mientras que el ministerio sí presentó un análisis técnico.

Dudas sobre rezagos: No se aclara si el desfase en la UPC de 2021 a 2023 es de carácter financiero, operativo o vinculado a costos de atención.

Retroactividad indeterminada: No se especifica si el reajuste implicaría pagos adicionales para las EPS en años posteriores.

Competencias en posible conflicto: La orden de la Corte podría interferir con normas en vigor y con facultades propias del Ministerio de Salud.

Falta de lineamientos en la mesa técnica: No hay claridad sobre quién se encargará de liderar las discusiones ni si el reglamento de esa instancia requerirá consultas externas.

El Ministerio de Salud continúa a la espera de la respuesta de la Corte Constitucional para determinar las acciones que se tomarán en torno a la UPC y al proceso de reajuste.

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