Crece la lista de implicados en escándalos de corrupción del gobierno Quintero en Medellín

El número de exfuncionarios y contratistas implicados en presuntos actos de corrupción durante el gobierno de Daniel Quintero sigue en aumento. Con la imputación formal en el caso Aguas Vivas, ya son 35 los investigados por la Fiscalía, incluido el propio exalcalde de Medellín.

Tras múltiples aplazamientos, la accidentada audiencia de imputación por el polémico caso del lote Aguas Vivas, ubicado entre El Poblado y Las Palmas, logró realizarse. Según el ente acusador, la administración de Quintero habría intentado pagar más de $42.000 millones de las arcas públicas a privados, mediante una maniobra que buscaba transformar una cesión gratuita en un contrato de compraventa. La lista de procesados incluye altos exfuncionarios como secretarios, subsecretarios y representantes legales de empresas privadas.

El caso Aguas Vivas no es el único que ha llamado la atención de las autoridades. Otros procesos en curso revelan una posible estructura de corrupción que abarca contratos de mantenimiento del Parque de las Aguas, la remodelación de zonas verdes, convenios con el Inder Medellín, y contratos de alimentación del programa Buen Comienzo.

En el Parque de las Aguas, se habrían desviado al menos $4.500 millones con sobrecostos en compras, a través de empresas como Jpino S.A.S., 1 Soluciones S.A.S. y Estructuras Zafiro S.A.S. En otro frente, la Fiscalía investiga la construcción de un hangar que costó $243 millones sin cumplir presuntamente los requisitos técnicos mínimos.

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En el caso del Inder Medellín, el foco está sobre contratos tercerizados con Cyan Eventos por $21.800 millones, donde se habrían perdido $1.600 millones. En paralelo, en el escándalo del mantenimiento de zonas verdes, se señala que se direccionaron contratos a empresas vinculadas familiarmente, luego de que el servicio fuera retirado del Jardín Botánico y asignado a Metroparques.

El primer caso en salir a la luz fue el de Buen Comienzo, que expuso irregularidades en la contratación de servicios de alimentación infantil. Aquí están implicadas la exsecretaria de Educación y la exdirectora técnica del programa, quienes enfrentan cargos por peculado e interés indebido en la contratación.

Finalmente, en abril se conoció otra investigación sobre un contrato por $15.053 millones firmado entre la Secretaría de Movilidad y Metroplús justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, lo que representa una grave infracción electoral y administrativa.

Estos procesos, que hoy se siguen de manera independiente, podrían derivar —según expertos— en un macrocaso, como ocurrió con el “carrusel de la contratación” en Bogotá, consolidando la hipótesis de una red sistemática de corrupción en Medellín durante el último cuatrienio.

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