Gobierno radicó proyecto de Ley Ordinaria que reglamenta la Jurisdicción Agraria

El gobierno del presidente Gustavo Petro presentó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley Ordinaria que reglamenta la Jurisdicción Agraria y Rural. La iniciativa fue radicada por los ministros de Agricultura, Martha Carvajalino; de Justicia, Ángela María Buitrago; y del Interior, Juan Fernando Cristo.

Este proyecto busca avanzar en el cumplimiento del primer punto del Acuerdo de Paz, promoviendo la creación de instituciones y mecanismos de justicia que sean ágiles y accesibles para las poblaciones rurales, permitiendo así la resolución de conflictos agrarios de manera eficiente.

El objetivo del proyecto de ley es definir las competencias de los jueces agrarios y los tipos de conflictos que resolverán, como los relacionados con la posesión y tenencia de tierras, servidumbres agrarias, deslinde y amojonamiento de predios, así como disputas derivadas de actividades de producción agrícola, entre otros.

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Asimismo, se establecen reglas especiales para garantizar que los procedimientos judiciales sean expeditos y ofrezcan suficientes garantías.

Esta propuesta marca el primer proyecto de ley presentado por el Gobierno Petro en el actual periodo legislativo y será debatida inicialmente en la Comisión Primera del Senado.

"El proyecto va de la mano con el plan de choque del Gobierno Nacional para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz en la segunda mitad de su mandato", dijo Cristo.

Por su parte, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, expresó que este proyecto de jurisdicción agraria busca saldar la deuda histórica con la población rural, al "acercar la justicia a los territorios olvidados" y "unir el derecho a la justicia agraria al derecho a la dignidad y a la vida digna de los campesinos y comunidades étnicas".

​A su vez, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, manifestó que con esta propuesta el Gobierno Nacional no solo está avanzando en la implementación del Acuerdo de Paz, sino que también está “cumpliendo un anhelo del pueblo colombiano de más de 90 años: que sean jueces de la República los que permitan hacer tránsito a los conflictos de la tierra", sin la intervención de los actores violentos.

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