Hace varias semanas se registró una reunión entre funcionarios de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia. En medio del encuentro, en la que se trataron diversos asuntos institucionales, surgió un tema en particular: ¿qué hacer para definir la situación de algunos procesos que reposaban en la Fiscalía pero que correspondían a varios políticos? La determinación fue precisa y desde hace cerca de un mes las indagaciones que están a nombre de Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, fueron enviados a la Corte Suprema de Justicia, que debe analizar las actuaciones del exmandatario capitalino y actual senador de la República, así como las de otros congresistas.
La determinación les fue notificada a fiscales que manejaban los procesos mediante instrucciones verbales y una serie de correos electrónicos en los que simplemente se les ordenaba hacer las gestiones correspondientes, como los oficios de entrega y el envío de los expedientes físicos de cada caso. En concreto, la directriz fue enviada desde el búnker de la Fiscalía. No obstante, para varios funcionarios judiciales relacionados en el trámite resultó poco conocido el término fuero de atracción.
Según la jurisprudencia, dicho fuero es una figura jurídica que produce el desplazamiento de la competencia. En otras palabras, se traslada el caso al funcionario de mayor jerarquía. Según el exviceprocurador Carlos Arturo Gómez, “la Constitución Política de Colombia dispone que algunos altos funcionarios, en razón de su investidura, deben ser investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia”. Sin embargo, uno de los funcionarios judiciales a quienes se les ordenó enviar los expedientes a la Corte le explicó a la Agencia de Periodismo Investigativo (API) que la explicación que le dieron sus superiores es que “no importa la fecha en que Petro se posesionó, por ser senador lo investiga la Corte Suprema en cualquier momento, independientemente de sus actuaciones como alcalde de Bogotá o como senador”.
El listado de procesos en poder de esta Agencia es variado. Así, son varios los casos que fueron remitidos a la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a Petro, el primero de ellos estaba en la Fiscalía 186, radicado 2012-10461, que hace referencia a una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público. Un proceso que según la descripción de envío a la Corte Suprema, aparecía como inactivo.
Otro proceso es el 2014-14637, que estaba a cargo de la Fiscalía 70 en la Unidad de Delitos contra la Administración Pública. Se trata de un caso en el que se indaga a Gustavo Petro por un supuesto prevaricato por acción, investigación que según el reporte de la Fiscalía también se encontraba en estado inactivo. En esa misma Fiscalía estaba otro proceso, descrito como activo. Se trata, del radicado 2016-22280, en el que se indaga otra situación de un posible prevaricato por omisión.
El otro caso que se trasladó a la Corte Suprema de Justicia estaba siendo sustanciado por la Fiscalía 201 y en él se investiga al senador Petro por el presunto delito de cohecho propio. En total, fueron trasladados estos cuatro procesos y ya fueron remitidos a la Sala de Instrucción del alto tribunal. No obstante, esta Agencia revisó las actuaciones que actualmente adelanta la Corte contra el excandidato presidencial y aparecen relacionadas 17. En suma, son 21 procesos en los que se relaciona al congresista, por actuaciones cuando fue senador en periodos diferentes al actual y como primer mandatario capitalino.
Luego del escándalo producido por el denominado Cartel de la Toga, que tiene encartados judicialmente a Gustavo Moreno, exdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, extraditado y procesado en Estados Unidos; al exmagistrado Francisco Ricaurte, detenido en la cárcel La Picota; al magistrado Gustavo Malo, separado de sus funciones por la misma Corte y acusado por cuatro presuntos delitos, así como al exmagistrado Leonidas Bustos, entre otros investigados, la Corte abre otro frente.
A ello se suma la investigación que adelanta contra el senador Álvaro Uribe. Como es de conocimiento público, el pasado 22 de febrero el alto tribunal inició indagación preliminar contra el expresidente y congresista Álvaro Hernán Prada. Se trata de un caso denunciado por el senador Iván Cepeda, por la presunta participación en la manipulación del testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda, antiguo empleado de la familia del expresidente en la finca Guacharacas, inmueble que se señala como el lugar en donde supuestamente funcionaba el Bloque Metro de las Autodefensas.
Consultada la Fiscalía sobre esta situación, señaló que todo obedece a la posesión del nuevo Congreso de la República, pues a varios parlamentarios se les modifica la figura del fuero, en la medida en que algunos resultan electos y otros no, lo que implica la necesidad de pasar del ente acusador a la Corte Suprema de Justicia. En este mismo sentido, señalaron voceros del organismo que el máximo tribunal de la justicia penal en consecuencia remitió al ente acusador procesos de aquellos que perdieron el fuero por haber dejado de ser legisladores. “No enviamos solo procesos del senador Gustavo Petro, también remitimos otros expedientes de congresistas”, señaló el funcionario.
Al respecto, un vocero de la Corte Suprema, indicó de manera extra oficial que frente al tema no se han incorporado nuevos procesos en el sistema, sin embargo, afirmó que no descartaría del todo la situación porque en los últimos días se ha efectuado el trasteo de expedientes a la Sala de Instrucción. El vocero señaló que es posible que en algunos días la nueva sala debe tener un listado más preciso.
El pasado 8 de octubre, el presidente Iván Duque, posesionó a Cristina Lombana Velásquez, Francisco Javier Farfán Molina, Héctor Javier Alarcón Granobles y César Augusto Reyes Medina como nuevos magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Se estima que allí manejarán cerca de 400 procesos que se tramitan contra parlamentarios, gobernadores y otros aforados constitucionales.
Esta Agencia se comunicó con el senador Gustavo Petro quien al respecto del traslado de los expedientes señaló que: “una vez soy senador toda investigación debe pasar a la Corte Suprema de Justicia quien es la que tiene la competencia para investigarme”. El parlamentario puntualizó que no tiene abierto ningún proceso formal en este momento.
Además del traslado de los expedientes del senador Gustavo Petro, también fueron enviados a la Corte Suprema por la Fiscalía, cuatro procesos en contra de Jairo González Mora, alias Byron Yepes, exdelegado de las Farc en los diálogos de paz de La Habana. González Mora fue designado como representante del ahora movimiento político, pero renunció a su curul, junto a Iván Márquez y Jesús Santrich, argumentando razones de salud. Los cuatro procesos estaban radicados en las fiscalías 35, 29 y 379 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, todos por el presunto delito de prevaricato por acción.
Otros políticos que aparecen relacionados por la Fiscalía en el reporte de traslados son Juan Carlos Wills Ospina, Luis Fernando Velasco, Rodrigo Villalba Mosquera, Abel David Jaramillo Largo, Gloria Inés Florez, Héctor Javier Vergara Sierra y Sara Elena Piedrahita Lyons.
En este contexto, lo que se está interpretando por analistas políticos es que luego del escandalo producido por el Cartel de la Toga, la Corte Suprema quiere olvidar ese capítulo y ahora estaría enfilando su artillería contra Álvaro Uribe y Gustavo Petro.
