Desde hace varias décadas acceder a una libreta militar se ha convertido en una proeza. Anualmente en Colombia, más de 700.000 jóvenes requieren el documento. Por ello, padres de familia, hacen lo que sea para evitar que sus hijos presten el servicio militar. Buscan intermediarios, militares activos y retirados. De todo se ha encontrado. Recomendaciones, dinero, invitaciones e incluso acudir a redes de falsificadores que por una cifra ínfima entregan el preciado documento. Incluso en la web se encuentran tutoriales para falsificarla. Por ello, las Fuerzas Militares luchan a diario para evitar líos. Sin embargo, un proceso que pretendía depurar y tecnificar la expedición de documentos tiene en la mira a dos coroneles del Ejército y una mujer.
Una situación que se deriva de la firma de un contrato suscrito entre el Ministerio de Defensa y la empresa Nec-Intelecto por $2.899 millones de pesos cuyo propósito fue adquirir e implementar el software para expedir las libretas militares de tal forma que no se pudiera cometer fraude alguno. En esencia, se trataba de acabar de una vez por todas con los tramitadores y garantizar que bajo ninguna circunstancia los jóvenes y sus familias tuvieran que destinar dineros diferentes a los costos que establece la ley que actualmente no superan en total los $100.000 pesos.
Lo cierto del asunto es que en momentos previos a la adjudicación del proceso contractual número 321 se habrían efectuado procedimientos aparentemente indebidos que pusieron en la mira todo el proceso de adjudicación del negocio. En otras palabras, la hipótesis del caso es que varios funcionarios del ministerio de Defensa se habrían puesto de acuerdo en los procesos de planeación y selección objetiva para favorecer a un contratista. Con un detalle adicional, y es que al parecer, parte de lo que se contrató ya había sido adquirido mediante otro proceso de prestación del servicio.
Inicialmente, las personas señaladas del supuesto entuerto jurídico y contractual son: Javier Hernando Rojas Manosalva en su condición de director nacional de Reclutamiento y el supervisor del mismo, el también coronel Luis Francisco Lara Salamanca, quienes están en el ojo del huracán por la presunta firma del contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. Pero no solo el contrato registra como consideración un aparente objeto contractual idéntico a otro adquirido si no que, al parecer, con el propósito de satisfacer la demanda del más de medio millón de bachilleres que necesitan la libreta y el millón de personas que no han resuelto su situación militar, considerados como remisos, el ministerio del ramo tuvo que adquirir un nuevo software ante las deficiencias del contratado con la firma Net-Intelecto, por una cifra millonaria.
No obstante, en medio de los trámites contractuales, los reparos legales y una supuesta comprobación de que el software no funcionaba adecuadamente, apareció dentro del proceso una mujer. Se trata de Luz Estela García Torres, a quien a finales de octubre le fue imputado el presunto delito de peculado en concurso homogéneo y sucesivo, por su participación en un negocio que, a luz de las autoridades, catalogan como extraño. Argumentos que se fundamentan en la calidad del software, sus características, efectividad y precio que pusieron tanto a ella en su condición de funcionaria del ministerio de Defensa, así como a los dos coroneles, que según, la Fiscalía, no han acudido eficientemente a responder algunos llamados de la justicia.
Javier Hernando Rojas Manosalva ha sido un oficial de las Fuerzas Militares con varios cargos destacados. Además de desempeñarse como Director Nacional de Reclutamiento en donde tuvo como misión continuar el proceso de modernización y tecnificación del servicio militar y la expedición de los documentos que lo certificaban
Javier Hernando Rojas Manosalva ha sido un oficial de las Fuerzas Militares con varios cargos destacados. Además de desempeñarse como Director Nacional de Reclutamiento en donde tuvo como misión continuar el proceso de modernización y tecnificación del servicio militar y la expedición de los documentos que lo certificaban. En esa misma dependencia estuvo como subdirector de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército, en donde le correspondió adicionalmente, responder y apoyar ante la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, asuntos tan importantes como la objeción de conciencia. De igual manera, Rojas Manosalva, estuvo como director en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, uno de los ejes de la millonaria contratación del sector defensa.
La otra persona cuestionada en el caso de las libretas militares es el también coronel Luis Francisco Lara Salamanca, quien tuvo la misión de supervisar el contrato y verificar, como estaba previsto, que el cambio tecnológico mediante la adquisición del nuevo software, evitara fraudes en la aparente conexión que existe entre funcionarios de reclutamiento y los intermediarios que ofrecen el servicio de entregar una libreta militar sin prestar el servicio ni reunir los requisitos que los eximiera de ese deber, a padres desesperados que no ven futuro alguno para sus hijos prestando el servicio militar o en el escalafón.
Así las cosas, al detectar las supuestas fallas en la contratación y la incapacidad para ayudar a prevenir y curar los males en la expedición de libretas militares no hubo otro camino que las acciones judiciales. En noviembre del año pasado la justicia, luego de recopilar documentos, citar a varios funcionarios y particulares relacionados en el caso y terminar la etapa de indagación comenzó el camino para buscar una imputación.
De hecho, dentro del proceso fueron entrevistados entre otros, Ricardo Torres, ingeniero asesor del contrato, también fueron conminados a rendir declaraciones los representantes legales de la compañía Net-Intelecto. De la misma forma, otro contratista, Diego Valencia, fue citado a interrogatorio en la ciudad de Cali. Pero como es usual empezaron las dilaciones al caso y las estrategias jurídicas con el aparente propósito de impedir que se realizara una audiencia de imputación de cargos que inicialmente estaba programada para el pasado 31 de agosto.
Vino un cruce de oficios, requerimientos, solicitudes de pruebas, explicaciones jurídicas, excusas en varias modalidades y el argumento esencial de los coroneles Rojas Manosalva y Lara Salamanca, en el sentido, tal y como lo reiteraron sus abogados defensores, de que sus actividades y gestiones para garantizar la buena ejecución del contrato, fueron probas. Una posición compartida por la otra encartada Luz Estela García Torres.
Vino un cruce de oficios, requerimientos, solicitudes de pruebas, explicaciones jurídicas, excusas en varias modalidades y el argumento esencial de los coroneles Rojas Manosalva y Lara Salamanca, en el sentido, tal y como lo reiteraron sus abogados defensores, de que sus actividades y gestiones para garantizar la buena ejecución del contrato, fueron probas. Una posición compartida por la otra encartada Luz Estela García Torres.
Sin embargo, a los tres les había llegado la hora de pasar de la indagación a la formulación de imputación. Finalmente, el 31 de agosto había audiencia pero esta fue aplazada. Casi un mes después, en el juzgado 42 penal municipal se esperaba la imputación pero no fue posible por inasistencia de la defensa.
El 23 de octubre de 2018 la justicia por fin actuó. Luz Stella García Torres fue imputada por el presunto delito de peculado en concurso homogéneo y sucesivo, cargos que no aceptó. Hace dos semanas había otra audiencia pero no se realizó. Los coroneles Javier Hernando Rojas Manosalva en su condición de director nacional de Reclutamiento y el supervisor del mismo, el también coronel Luis Francisco Lara Salamanca, a través de su defensa solicitaron aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos. Eso sí, dejaron a disposición de las autoridades su sitio de residencia y actividades que desempeñan como oficiales retirados. Con ello, según comentaron en las Fuerzas Militares, a los dos coroneles no tendrían por qué capturarlos si han demostrado su ánimo de comparecer.
Hoy, el recurrente tema de prestar el servicio militar y sacar una libreta que lo certifique sigue siendo el dolor de cabeza de miles de jóvenes y padres de familia en Colombia. También, es otro dolor de cabeza para dos coroneles y un civil un contrato con el que se pretendía sacar adelante el suministro de un servicio que actualmente afecta a casi dos millones de personas.
