Dos años y medio después que el presidente Iván Duque implementara la economía naranja como política de Estado y tras el anuncio de un nuevo libro en la materia, en diversos sectores del sector de la cultura abundan los reparos. Aunque comenzó la segunda convocatoria por $600.000 millones para desarrollar estas iniciativas, cineastas, artistas, técnicos y microempresarios, cuestionan el proceso de adjudicación al que no pueden acceder pese a su amplia experiencia y porque los resultados de las convocatorias terminan en manos de los mismos.
Según los afectados, quienes piden su anonimato por temor a ser excluidos definitivamente por el Ministerio de Cultura, en un sector con pocas oportunidades y el que aún no se reactiva por los devastadores efectos de la pandemia, “para este momento deberíamos tener un arsenal de contenidos artísticos fluyendo entre los canales de distribución tradicional y digital inundando el país o por lo menos Latinoamérica, en donde somos referente inmediato en cuanto a producción de arte. Pero en realidad no ha pasado nada”.
Las inconformidades de los representantes de las industrias culturales se centran en que se prolongó la implementación de la política de economía naranja con desarrollos burocráticos que se reflejaron en incapacidad y preparación de la infraestructura estatal para ejecutarla. A ello se suman los efectos económicos del Covid-19 y, según otro empresario del sector, “la supuesta incapacidad de los artistas para producir en estas condiciones porque no teníamos el contacto con el público y porque según el gobierno no pensamos en grande”.
En contraste, según registros de la Corporación Colombia Crea Talento, CoCrea, institución asociada y delegada por los Ministerios de Cultura y Comercio, la Cámara de Comercio de Bogotá y Comfama, para generar beneficios tributarios y adjudicar los proyectos culturales, en la primera convocatoria se destinaron $445.483 millones en 522 proyectos que se postularon en 120 ciudades.
Sin embargo, ahora que se abrió una segunda convocatoria, hay cambios sustanciales que parecen darle la razón a los representantes culturales en sus reparos a la iniciativa y que pese a su trayectoria y experiencia denunciaron que fueron rechazados en la primera convocatoria.
Según los nuevos términos publicados por la entidad, ahora se cambió el sistema de puntaje para los participantes. Se modificaron el aporte mínimo de inicio y el proceso para otorgar proyectos de infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas. A ello se suma que cada participante manejará un plan de gastos bajo el sistema de cupos presupuestales que se van reduciendo progresivamente una vez se aprueban los proyectos, en una convocatoria que tiene fecha de apertura pero no de cierre.
“En general es una convocatoria mucho más clara, con más información de apoyo, con una mejor estructura y una plataforma más fácil para el usuario”, aseguró Mónica Ramírez, directora de CoCrea en declaraciones a la revista Semana.
Pero más allá de los ajustes en la convocatoria, la experiencia de los creativos, que desde el año anterior han intentado acceder a los supuestos beneficios que trae la Ley de Cine, no es la mejor. En concreto, en el caso de la adjudicación para un proyecto audiovisual transmedia, cuyo producto principal es una película.
Se trata de artistas que tienen más de 10 años de trayectoria, reiteran su anonimato para evitar represalias y hacer su situación más gravosa aún. Con tres películas producidas, han aplicado la Ley de Cine un par de veces. Por iniciativa propia, han elaborado cuatro discos y tres libros.
A ello se suman, ocho cortometrajes. Incluso son productores de un libro editado por el Ministerio de Cultura. En su palmarés laboral, también apoyaron varias investigaciones en el tema de industrias creativas y han realizado múltiples trabajos editoriales y audiovisuales para organizaciones privadas y públicas.
Actualmente tienen acuerdos comerciales con distribuidoras digitales y físicas en Colombia, México y España, esta última con presencia en Europa, para distribuir sus películas y discos. Adicional a eso, durante la pandemia sacaron su propio e-commerce para poder distribuir y vender directamente sus producciones a consumidores directos.
Pese a ello son considerados pequeños artistas, desconocidos, con microempresas, quizás ninguna de ellas supera los 5 empleados, pero su fórmula es seguir trabajando en colectivo, incluso con otras pymes creativas que funcionan como una especie de gran colectivo para poder desarrollar estos productos.
Con esta experiencia, se han lanzado a seguir haciendo proyectos con los avales del Ministerio de Cultura. Precisan que cualquier producto creativo necesita actualmente aprobaciones gubernamentales de algún tipo: permisos de rodaje, construcción, o aglomeración pública.
Además, aprobaciones de proyectos nacionales o tecnológicos y esto sin mencionar ni siquiera los premios, convocatorias y otros estímulos públicos o los certificados para poder exhibir en salas de cine, vender producciones a canales de televisión o simplemente tramitar un ISBN para distribuir un libro.
Para el desarrollo de un proyecto de esta magnitud, se involucran por lo menos cuatro mipymes creativas, cuatro comunidades indígenas y campesinas nacionales e internacionales y un equipo que en su totalidad supera las 25 personas sin contar extras. “Lo que ocurre detrás de esto y la razón por la cual la economía naranja no tiene un impacto real en la economía nacional, es porque no comprende que el arte no funciona a partir de grandes conglomerados empresariales, sino que en realidad funciona a partir de redes de trabajo de pequeñas organizaciones”, asegura uno de los productores de proyectos creativos.
Otro creativo destaca que ello en economía y la literatura de las industrias creativas, se llama redes económicas. Precisa que el punto es que la cadena productiva no es lineal, ni mucho menos exponencial, sino que funciona a partir de interacciones que se dan en redes sociales, redes sociales presenciales de las reales, no solamente digitales. De esta manera, asegura que pequeñas organizaciones, artistas independientes y pequeñas empresas se unen temporalmente para desarrollar proyectos creativos: una película, un disco, un libro, una obra de teatro, entre otras.
En el ejemplo citado, los empresarios destacan que el impacto llega a comunidades indígenas, a comunidades campesinas, a pequeñas empresas y a otro tipo de artistas. Tiene una representación casi equitativa entre hombres y mujeres. Plantea la posibilidad de sacar por lo menos seis productos creativos de los cuales tres le permitirán a cada uno de estos grupos explotar financieramente de manera independiente.
Es decir, gracias a este tipo de uniones, una empresa puede quedarse con una película, una organización con un disco y una asociación con un libro, precisamente porque se trabaja en red y cada grupo artístico aporta sus conocimientos y habilidades en el desarrollo de diferentes productos.
No obstante, sus antecedentes y experiencia, el proyecto de Ley de Cine sigue sin ser aceptado después de un año, de enviar papeles al Ministerio de Cultura para que un inversionista privado, pueda participar en el proyecto y financiarlo. Según los microempresarios, las razones van desde la falta de detalle de los presupuestos, hasta la solicitud de firmas reales no digitales, en tiempos de Covid-19, con comunidades que ni siquiera viven en Bogotá, pasando por la incapacidad de comprender la producción transmedia.
Los críticos de los proyectos de economía naranja destacan que este tipo de situaciones evidencian dos grandes problemas. El primero es que en el Ministerio de Cultura aún hay dependencias apegadas a formatos de producción de los noventa, que ya no representan ni la expresión creativa actual, ni las posibilidades de explotación actual, donde es posible que las salas de cine pasen a un plano secundario. El segundo, que la política de la economía naranja promueve ideales que ni siquiera ha trabajado al interior del ministerio y los cuales ni siquiera se ha preocupado por cambiar.
Lo cierto es que la experiencia para este tipo de empresarios no es la mejor. Un año después de solicitar este tipo de regularización de la inversión en arte, el proyecto no sólo está estancado, sino que ya perdió varios espacios de trabajo y dejó sin esperanzas a poblaciones que ni siquiera tienen la posibilidad de invertir en su propio proyecto.
Quizás la mayor crítica de los actores relevantes de las industrias creativas es que la economía naranja no sólo está desconociendo la realidad de los artistas actuales, sino que no tiene en cuenta a las periferias y se olvida el apoyo a las poblaciones y proyectos productivos que pueden dar apoyo sin necesidad ni siquiera de invertir directamente en la región.
Los expertos en industrias creativas argumentan que es esencial que el gobierno reconozca y apoye a las pequeñas asociaciones como la base mediante la cual los grandes empresarios desarrollan sus macroproyectos. Además, “se debe reconocer que muchos artistas ni siquiera quieren hacer grandes proyectos, por el contrario desarrollan y masifican productos de nicho, específicos a consumos actuales, incluso digitales, que en el largo plazo moldean los gustos y modas del futuro”, destaca otro artista.
El mayor llamado de trabajadores de la industria es para que la economía naranja modernice su infraestructura con eficiencia y no cree establecimientos burocráticos que entorpecen los procesos. Destacan que por un lado las viejas direcciones del Ministerio de Cultura no son diligentes e impiden el desarrollo de la cultura nacional. Cuestionan además que el gobierno insiste en crear nuevas entidades que desconocen las necesidades del sector e impiden su evolución.
En la reciente asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en Barranquilla, el gobierno anunció que Colombia puede ser referente internacional de economía naranja. Para ello se destinaron 12.5 billones de pesos en el año 2022.
De hecho, con un poco menos de tres meses en el cargo, Felipe Buitrago, ministro de Cultura explicó que para lograrlo y permitir la reactivación del sector luego de la crisis derivada de la pandemia, a través de esa cartera y la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, el país tiene alianzas para consolidar la Escuela Internacional de Economía Naranja que tiene el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur y el Pnud.
Es el nuevo capítulo de la cultura en Colombia, empresarios y trabajadores de las industrias creativas en busca de oportunidades más expeditas, frente al gobierno que ratifica a la economía naranja como una de sus políticas bandera para hacer al país más competitivo en el entorno internacional.
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