Hace ocho años, William Mejía, estudiante de derecho de la Universidad Autónoma de Colombia empezó a encadenarse en la entrada de una de las sedes de la institución ubicada en el centro de Bogotá. Su protesta se volvió rutinaria y sus 4.000 compañeros lo miraban con extrañeza o lo trataban de loco y hasta los sindicatos lo declararon persona no grata. Con su actuación el educando denunció malos manejos en la institución y solicitó sin éxito la intervención del Ministerio de Educación. Pero el tiempo le dio la razón y actualmente el centro educativo afronta una crisis sin precedentes con polémicos giros. De hecho, solo el año pasado sus administradores y familiares recibieron $7.560 millones para sus gastos.
La preocupación de Mejía, además miembro de la junta directiva como representante de sus compañeros, estaba encaminada a advertir que la universidad gastaba mucho más de lo que recibía. En concreto, el 95% de los recursos se destinaban a inversión y nómina y solo el 5% se destinaba a tecnología. Además de este último rubro solo se gastaba el 1% a investigación, asunto que derivó en que la facultad de Derecho, la más importante de la universidad, nunca obtuviera acreditación de alta calidad.
“Evidencié en su momento que la universidad tenía una nómina de docentes muy alta, un profesor por cada 14 estudiantes, a juicio de los que en ese momento estábamos revisando los estados financieros de la universidad era insostenible, así mismo, se tenían un empleado administrativo por cada dos docentes y eso no se veía reflejado en la calidad del servicio educativo, es decir, había un alto índice de burocracia en la universidad que atendía intereses políticos” indica Mejía.
Pero la nómina y el alto número de contratos no eran el único problema. Una convención colectiva que determinó, según Mejía, que ningún trabajador o docente podía ser despedido a pesar de que incurriera en faltas disciplinarias graves, este proceso tenía que llevarse a la Comisión de Estabilidad, integrada por cuatro miembros, es decir, un ente paritario en la que se daba un término reducido de 20 días para formular cargos. Así las cosas, en la mayoría de las veces el encargado de iniciar el proceso omitía el tiempo determinado.
Sin respuesta efectiva por parte de los directivos y del ministerio el tiempo empezó a pasar. Empezó el bullying en la universidad. Con los docentes, miembros del sindicato en contra, otros estudiantes que se incomodaban por sus denuncias y diversos obstáculos resistió y finalmente se graduó como abogado. Salió de la junta directiva porque era la piedra en el zapato.
No obstante, no se dejó vencer, y una vez culminó sus estudios de derecho, persistió y se inscribió en la facultad de economía. Guardó estratégico silencio, aunque no dejó de advertir que las cosas no iban bien. Y así sucedió, estaba adportas de graduarse y como pocas veces sucede en las universidades privadas la Autónoma en Bogotá, entró en huelga por decisión de los sindicatos de trabajadores y profesores, agremiados en sinprofuac y sintrafuac, porque 11 días antes de terminarse el semestre pasado porque no les pagaban salarios a profesores y personal administrativo.
La universidad se fundó hace cerca de 50 años con aportes del Partido Comunista en Colombia y la unión de 49 integrantes, varios de ellos, que con el paso del tiempo heredaron a sus siguientes generaciones cargos directivos en la universidad y privilegios que de alli se generan, en una institución que forma a estudiantes de clase media y baja. Su nombre se confunde con la cuestionada Universidad Autónoma de Caribe, pero nada tienen que ver.
Actualmente, el panorama es más sombrío para la institución educativa, pues el Ministerio de Educación Nacional suspendió por un año prorrogable a Hernán José Romero rector y a Eduardo Hoyos, presidente de la Universidad. Con un detalle adicional y es que se evidenciaron giros millonarios a fundadores y sus familiares en plena crisis financiera y administrativa.
Pocos días antes de llegar a un punto de no retorno en la crisis financiera y académica más grande en la historia de esa institución educativa y cuando ya era un secreto a voces la inminencia del cese de actividades, Eduardo Enrique Hoyos Villamizar, presidente y representante legal y Guillermo Rodríguez Cubillos jefe de contabilidad, a solicitud de la Dian, certificaron el manejo de recursos por parte de los directivos.
En este contexto, se encontró que para los fundadores, miembros activos, representante legal y administradores, sus cónyuges o compañeros, así como sus familiares parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad o único civil de la Fundación Autónoma de Colombia informó que “se ha determinado para el año 2018 que corresponde a siete mil quinientos sesenta millones setecientos ochenta y un mil pesos ($7.560.971.056), equivalentes al 14% del gasto anual de la entidad”.
Un documento que se conoce en momentos en que hay retrasos en los pagos a docentes y personal administrativo, y cuando los estudiantes aun no han podido concluir el primer semestre académico de este año
Y es que la imagen de dos estudiantes de la facultad de derecho, encadenados a las afueras de la universidad y en huelga de hambre desde hace días, refleja la frustración y la incertidumbre de los alumnos que quedaron en el limbo académico, del Alma Mater de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre esos de Patricia Salazar Cuellar de la Sala Penal, Aroldo Quiroz de la Sala Civil y Luis Gabriel Miranda de la Sala Laboral, altos tribunales a donde seguramente llegará la crisis ante la avalancha de procesos y acciones de tutela.
A ello se suma, la determinación del Ministerio de Educación que el pasado 6 de junio ordenó medidas preventivas y de vigilancia especial para la universidad. Así mismo, designó sus delegados ante la Asamblea General y el Consejo Directivo.
Desde que se inició la huelga que impidió que los estudiantes culminaran su semestre en pregrado y posgrado, con 16 programas académicos, enfrenta una avalancha de procesos. Un inventario da cuenta de quince acciones de tutela cursan en diferentes juzgados civiles, penales y administrativos, doce demandas laborales, dos medidas de vigilancia especial por parte del Ministerio de Educación y la más reciente, la resolución 7221 del pasado 11 de julio mediante la cual el ministerio separó de sus cargos al presidente y rector de la Universidad Autónoma de Colombia.
Luego del relevo oficial, los directivos mantuvieron su silencio, entre tanto, William Mejía el estudiante tildado de loco recuerda que desde hace daños tenía la razón y solo espera que este año por fin termine la pesadilla y pueda obtener su segundo titulo en la Universidad Autónoma de Colombia.
