Grupo Planeta adquiere universidad inspirada en Álvaro Uribe

Con el propósito de consolidar la obra, empleados de ISA, compañía encargada de la interconexión de uno de los proyectos más importantes de Latinoamérica, irrumpe bajo amparos policivos en fincas de campesinos indefensos, instalan redes y postes, destruyen los predios, afectan el entorno ambiental y hostigan a los pobladores para imponer servidumbres. Sin pagar los daños o con ofrecimientos de $60.000 en algunos casos, el conflicto crece sin una respuesta de la justicia a los afectados. La compañía argumenta reserva de la información.

Mientras exdirectivos negocian ante las autoridades de Estados Unidos delación de actividades indebidas en Colombia por la construcción de planta cementera, a nivel local, tres procesados por el manejo de más de US$20 millones gozan de libertad y otros beneficios. Entre tanto, Procuraduría y Sociedad de Activos Especiales, SAE, avalan construcción de la obra mediante conciliación, pese a sus antecedentes.

Dos días antes del supuesto suicidio de Hernán García, uno de los propietarios de la reconocida cadena de restaurantes, se suscribió una letra de cambio por $1.200 millones en favor del político Dagoberto Díaz Barreto. Con este título valor se hizo parte en el proceso de sucesión. Nadie en la familia y allegados al fallecido lo conocen. Se cuestiona la reclamación.

El organismo se pronuncia de nuevo frente a la polémica criptomoneda. Advierte que no está regulada y que puede generar captación ilegal de recursos. La moneda pierde valor en Colombia y es ofrecida en pequeños negocios y en las regiones. Inversionista asume el riesgo.

Una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón a empresa de buses eléctricos y probó que se violó el debido proceso en la adjudicación de una flota de 260 articulados que entrarán a operar en la troncal de Las Américas. El fallo se da en momentos que la ciudad atraviesa por problemas de contaminación ambiental. Transmilenio se defiende afirmando que el proceso fue transparente y que acudirá a la Corte Constitucional.

Hace un año y medio que Pacific E&P se convirtió en Frontera Energy Corporation. Desde entonces, se inició una nueva era en la compañía. Sin embargo, la exploración de unos pozos en el departamento del Casanare, la tiene en problemas porque compañías desarrollan la actividad por un contrato que la multinacional firmó con el Estado. Con demandas millonarias, deudas a campesinos y microempresarios de la región, un proceso penal por estafa y otro por incumplimiento de contrato que adelanta la ANH, se reviven líos que se pensaba eran asunto del pasado.

Comienza un nuevo año enmarcado por la expectativa de un crecimiento moderado de la economía estimado entre 3% y el 3.6%, según estimativos del gobierno, las calificadoras de riesgo, la banca internacional y los expertos en economía.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, del Banco Mundial, con sede en Washington, acaba de instalar el tribunal y nombrar los árbitros en un millonario pleito contra el Estado Colombiano, reviviendo un pleito de hace dos décadas que derivó en la intervención y posterior venta del Banco Granahorrar. El asunto prende las alarmas sobre otros litigios en el exterior en donde varias multinacionales quieren obligar al país a girarles US$21.604 millones de dólares por diferencias en inversiones mineras, energéticas, tecnológicas y de hidrocarburos que hicieron o tenían previsto hacer. El páramo de Santurbán, Electricaribe y la mina Calenturitas en el Cesar, entre otros, objeto de los litigios.