El martes 25 de julio, el presidente Gustavo Petro lanzó un dardo judicial que golpea a una de las familias más poderosas del país y roza de refilón a uno de sus más vehementes contradictores, el expresidente Andrés Pastrana.
"Esta investigación de la Dijin muestra uno de los mayores robos del Estado colombiano. Se robaron cerca de 80 millones de dólares en petróleo y los delincuentes eran ‘gente de bien’ de los sectores más pudientes del país. Debe investigarse si el robo contó con apoyos al interior de Ecopetrol", señaló el jefe de Estado.
El primer mandatario hacía referencia a un operativo policial que se había llevado a cabo horas atrás. En este se habían incautado inmuebles, automóviles de alta gama, casas de veraneo y, en fin, toda clase de bienes de lujo a 17 personas naturales por una cifra estimada en $1.7 billones.
Lo cierto es que la operación de lo que el presidente Gustavo Petro denominó "gente bien" no inició con este gobierno. Arrancó en el año 2019 y se extendió durante los tres años siguientes.
La historia se remonta al 11 de enero de 2019, cuando una fuente humana que por razones de seguridad es identificada como "el viejo" manifestó tener conocimiento de una estructura organizada que se dedicaba a realizar maniobras ilícitas con hidrocarburos, simulando la comercialización de productos como aceites residuales, crudos tratados en planta y similares.
Pero realmente era petróleo, incurriendo en delitos como apoderamiento de hidrocarburos, alteración de sistemas de identificación, modificación de guías de transporte, falsificación de documentos de importación y la joya negra de la corona, el ingreso irregular al país de crudo venezolano.
Es decir, la estructura criminal denunciada por esa fuente humana indicaba que se usaban autorizaciones legales derivadas de su actividad comercial para dar apariencia de legalidad a una operación monumental de contrabando de petróleo e incluso de hurto del crudo en oleoductos y plantas nacionales.
A través de 119 evidencias, entre informes de investigador de campo, testimonios, interceptaciones telefónicas, inspecciones a lugares, búsqueda selectiva en base de datos, testimonios y demás, la Fiscalía y la Dijin, hilaron la madeja empresarial que está presuntamente detrás de dicha operación, que supera con creces los US$80 millones en contrabando y hurto de hidrocarburos.
Estas empresas, según el abultado expediente judicial, realizaban procesos fisicoquímicos al crudo para que las características coincidieran con las fichas técnicas que manejaban las empresas.
De esta manera, se identificó a 14 personas que hacían parte de esta estructura criminal denominada Bunkering Imperio, las cuales operaban en siete departamentos: Tolima, Cundinamarca, Santander, Cesar, Bolívar, Sucre y Atlántico.
El modus operandi
Lo paradójico del asunto es que la organización criminal realizaba la distribución ilegal de estos productos usando la cadena de distribución legal. Esto es, el ministerio de Minas, pues en Colombia para realizar cualquier comercialización de hidrocarburos se debe estar registrado y autorizado por ese organismo según lo establece el decreto 1073 de 2015.
Así las cosas, durante años, estas empresas burlaron las autoridades de control como Policía de Tránsito, Goes hidrocarburos, el Ministerio de Minas y la Sijin hidrocarburos. Es decir, las compañías están formalmente constituidas, tienen como objeto actuar en materia de hidrocarburos, algunas contaban con la autorización para ello del ministerio de Minas y otras no, por lo cual las que no tenían autorización hacían la operación técnica de contrabando de hidrocarburos usando a las que sí tenían dichos permisos.
Algunas de estas sociedades estaban en la zona franca de Barranquilla, estas se encargaban de facilitar la simulación de crudo de calidad superior como si fueran productos residuales, los cuales eran entregados para luego ser transformados y comercializados a Gunvor Colombia a través de Niman Commerce SAS.
Según registros del ministerio de Minas, Gunvor Colombia es exportadora de crudos con características superiores a 14 grados API y está limitada a despachar crudo exclusivamente colombiano, pero gracias a conexiones con Panamá, República Dominicana, Curazao y Venezuela simulaban el origen usando documentos de transporte marítimo denominado BL o Bill of Lading, con ello burlaban a las autoridades de aduana.
Apenas ingresaban estos hidrocarburos, estos eran despachados por otras empresas que contaban con licencia ambiental para el procesamiento de desechos como aceites residuales y agua oleosas.
Luego eran mezclados y modificados químicamente y transportados con documentación legal pero con datos falsos como el origen de los campos y plantas. En otras palabras, el hidrocarburífero que recibía el comprador final Gunvor a través de Niman Commerce SAS no tenía origen legal, sino que muchas veces era del exterior, hurtado o de otras fuentes.
En cuanto a la distribución posterior estaba a cargo de la empresa de transportes Humadea, a través de vehículos tipo cisterna que llegaban a las plantas Cenit denominadas Vasconia y Ayacucho. Estas se usaban de manera indebida por parte de esta organización criminal como centro de acopio de los hidrocarburos, pues en este punto se inicia el transporte por parte de Bunkerin Imperio a grandes de los poliductos hasta la Terminal de Vívelas para finalmente ser exportado como crudo colombiano por la sociedad Gunvor a diferentes puertos del mundo.
Audiencia discreta
Sin que trascendiera a la opinión pública, el 8 de abril de 2022 y hasta el 2 de mayo de ese mismo año se realizaron las audiencias de imputación de cargos a 10 personas naturales: Hernando Silva Bickenbach, Roger Arturo Gale Gutiérrez, Hikliris Abraham Rincónes Joiro, Oscar Luis Pastrana Martínez, Paola Margarita Martínez Sánchez, Sergio Fortich Pérez, Jaime Fernández Uribe, Jairo Hernán Sfevis Cubillos, José Gabriel Márquez Santos y Margarita Delgado de García.
A estas personas se les imputó como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con contrabando de hidrocarburos y sus derivados, en concurso con falsedad en documento público en concurso con receptación. Ninguno aceptó los cargos y como pocas veces sucede en el sistema penal oral acusatorio no se solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
El proceso ya tiene escrito de acusación e incluso se van a iniciar las audiencias preparatorias, antesala del juicio que afrontan con excepción de uno de ellos en libertad.
Según la acusación, Hernando Silva Bickenbach, el representante legal de Niman Commerce SAS, se concertó con Paola Margarita Martínez Sánchez y Oscar Luis Pastrana Martínez desde junio de 2020 para fortalecer la empresa criminal Bunkering Imperio para incurrir en contrabando de hidrocarburos y sus derivados afectando el patrimonio del Estado.
La Fiscalía además acusa a Silva Bickenbach de ser el eje principal de la distribución ilegal de hidrocarburos tipo crudo que circula en Colombia. Con un agravante, esta persona para la fecha de los hechos no tenía permiso ni autorización por parte del Ministerio de Minas para comercializar hidrocarburos y sus derivados. Pese a ello, era uno de los principales proveedores de crudo para Gunvor Group, identificado como Crudo Niman.
El ente acusador también advierte que fue creada única y exclusivamente para adquirir el crudo para Gunvor Colombia y es Niman Commerce SAS. la sociedad encargada de adquirir los productos mediante terceros, compra y comercialización. Ello a través de las empresas Swid Termknsl, CI La Operadora, CI Petroword, Crudesan, Colcrudos, Kristalegeryi, entre otras, y con conocimiento de que sus proveedores no tenían autorización por parte del Ministerio de Minas.
Gemelos del petróleo que operaban en panadería
Precisamente el señalado como eje de la operación de contrabando y receptáculo de hidrocarburos al que el mandatario, sin decir su nombre, rotuló como "gente de bien", es Hernando Silva Bickenbach, representante legal de la empresa Niman Commerce SAS y primo hermano de la exprimera dama Nohra Puyana Bickenbach
La empresa que hoy está en la mira de la justicia fue constituida mediante un documento privado el 29 de noviembre de 2016 por Hernando Silva Bickenbach y su hermano Felipe Silva Bickenbach, gemelos nacidos el 27 de agosto de 1978. Se diferencian apenas por dos centímetros de estatura, Hernando mide 1.76 y Felipe 1.74 cm, con este último la Agencia de Periodismo Investigativo, API, se comunicó a su numero personal via WhatsApp, pero no respondió los mensajes.
El objeto social es el desarrollo en Colombia y en el exterior, de actividades comerciales o industriales correspondientes o relacionadas con la compra, venta, exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos, sus derivados y productos.
Así como la importación, exportación, venta, distribución y comercialización de toda clase de combustibles, gasolina, búnker, diésel, kerás, gas lubricantes y demás derivados del petróleo para el sector industrial, pesquero entre otros.
En el documento de constitución también se consignó que dicha empresa tenía un equipo con el conocimiento especializado para identificar e involucrar a todas las opciones de suministro, negociar con proveedores y proporcionar garantía de suministro para las operaciones de sus clientes.
"Nuestras soluciones de gestión incluyen servicios de la información para complementar el proceso de adquisición; gestión de relaciones con los proveedores, solicitud y análisis de propuestas, reporte de administración, auditoría de facturas, contabilidad del combustible, apoyo operacional, la gestión de riesgos de precios".
A pesar de que el sector de hidrocarburos es uno de los más poderosos del país que genera inversiones de hasta US$2.352 millones y 270.000 empleos, un enclave que incide en el PIB, la inflación y el dólar y que según la Asociación Colombiana de Petróleos, ACP, el sector generó en impuesto de renta para 2022 9.3 billones, es decir, es un sector de pesos pesados, los hermanos Silva Bickenbach constituyeron su empresa con un capital autorizado de $10 millones y uno suscrito de apenas $5 millones.
En cuanto a la participación accionaria, Hernando tiene el 70% de las acciones y su hermano Felipe el 30%, e incluso la sociedad inició funciones en un apartamento ubicado en la transversal 19 a con carrera 95 en el séptimo piso. Posteriormente empezaron a registrar como domicilio social una casa, en donde hoy se conoce funciona una panadería. En enero de 2019, los socios, mediante acta 005 en reunión extraordinaria, removieron del cargo de revisora fiscal a Ángela Viviana Rodríguez por la firma Valps Consulting SAS.
Ingresos descomunales
En su primer informe financiero no se registraron ingresos por actividades corrientes. Sin embargo, para el siguiente año la situación cambió y sus negocios crecieron como espuma. De hecho, registraron ingresos por actividad ordinaria hasta el 31 de diciembre de 2017 por $23.352 millones, activo corriente por $2.109 millones, $89 millones de gastos por impuestos para un resultado del período de $787 millones en utilidades.
Los estados financieros continuaron en ascenso. Al 31 de diciembre de 2018, los ingresos por su actividad ordinaria casi se duplicaron a $47.226 millones, los gastos operacionales fueron de $506 millones y los gastos por impuestos $174 millones. En cuanto al activo corriente, este pasó a $2.382 millones y el patrimonio neto a $1.245 millones. El resultado del período fue de $978 millones.
En 2019, los números de la empresa siguieron en ascenso. Ingresos por actividad ordinaria de $55.403 millones, gastos por impuestos $668 millones, activo corriente $9.736 millones, patrimonio neto de $1.378 millones y un resultado del período de $108 millones.
El año de la pandemia golpeó el balance, pero no fue del todo malo. Ingresos por actividad de $14.193 millones, gastos por impuestos de $811 millones, activo corriente $5.930 millones, un patrimonio neto de $2.564 millones y un resultado del período de $2.477 millones. Curiosamente, indicaron que el número de empleados era uno, el número de empleadas una y solo una mujer ostentaba cargo directivo.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa de los gemelos Silva reportó ingresos por $2.626 millones, otros ingresos por $1.029 millones, un activo corriente de $5.360 millones, un patrimonio neto de $3.877 millones con la misma y reducida nómina.
Pero otro hecho marcó el historial de la empresa. El pasado 18 de mayo, la Fiscalía 42 de Extinción de Dominio decretó medidas cautelares en contra de esa sociedad, la cual quedó registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá.
El ejercicio contable reportado para el año pasado fue de $1.619 millones, gastos por impuestos de $396 millones, un activo corriente de $5.491 millones y un patrimonio neto de $4.840 millones. El resultado del período fue de $976 millones de utilidades.
En cuanto a los bienes, el representante legal Hernando Silva Buckenbach no le figuran inmuebles a su nombre. Su hermano gemelo Felipe aparece como propietario de un apartamento ubicado en la calle 145 con carrera 15 en un noveno piso. Un dúplex que adquirió seis años antes de constituir la cuestionada empresa petrolera.
La dirección registrada como domicilio contractual de la poderosa empresa es un local donde, lejos de ofrecerse petróleo y sus derivados, es una panadería donde se comercializan pandeyucas, almojábanas y pandebonos. (ver imágenes del local)
Otras empresas en la mira
Pero la empresa de los familiares del expresidente Andrés Pastrana no es la única sacudida por la justicia. CI Krystal Energy SAS, representada por Hernán Felipe Uscátegui Álvarez, es otra de las involucradas.
Esta empresa se constituyó un año antes de Niman Commerce SAS. El 15 de junio de 2015, mediante documento privado, se fundó CI Rrom Energy SAS, por Yessenia y Julián David Cristi Vera y María Lucero Vers Vanegas y Luis Fernando Martínez Vargas. El domicilio registrado fue la carrera 71 d # 2bis-53 en la Localidad de Kennedy. El vigente también es en la misma localidad en una casa de dos pisos.
Como objeto social, los fundadores indicaron que la empresa se dedicaría a la comercialización y venta de productos colombianos en el exterior adquiridos en el mercado interno o fabricados por productores socios, también a la actividad económica como comercializadora internacional orientada al sector de hidrocarburos, sus derivados y la industria petrolera.
Asimismo, el almacenamiento, tratamiento, disposición, acopio, receptación, transformación, movilización, transporte, comercialización, distribución, importación y exportación de residuos líquidos y sólidos de petróleo y sus derivados. La comercialización y distribución de petróleo crudo y sus mezclas, aceites, lubricantes, biocombustibles, su transporte terrestre y fluvial.
Incluso fueron más allá, pues se contempló la elaboración de combustible fuera de refinería, la construcción de gasoductos, poliductos, oleoductos y hasta la instalación y representación de estaciones de servicio a nombre propio.
Como capital autorizado estipularon $400 millones y suscrito de $200 millones pagados a dos años. Como socio mayoritario, Luis Fernando Martínez Vargas con 850 acciones y los demás con 50 acciones cada uno.
Un año después, los socios fundadores, mediante acta de asamblea extraordinaria, modificaron la razón social y pasaron a denominarse C.I. Krystal Energy SAS.
En 2018, la composición accionaria ya había variado. Luis Fernando Martínez Vargas había aumentado sus acciones a 890 y habían ingresado nuevos socios. Christian Alexander Rodríguez Martínez con 20 acciones, Wilmer Daza Salazar también con 20, Marcela Patricia Manríquez Cornejo y Aguaclars International LLC, representada por Antonio Martín Malavé, con 50 acciones.
Dos años después se registró el acta de asamblea número 17, allí quedó consignado que los accionistas ya eran otros. AIAC Commodities SAS con 500 acciones y Luisa Fernández Uscátegui Álvarez con 500 acciones.
Curiosamente, un mes antes de que la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio le oficiara a la Cámara de Comercio las medidas cautelares en contra de esa y las demás personas jurídicas involucradas, mediante acta de asamblea 18 en reunión extraordinaria que se llevó a cabo el 21 de abril de 2023, indicaron otro domicilio, este es la calle 13 # 11-31 en un apartamento en el sexto piso.
A través de esta acta, los socios acordaron disolver la sociedad y argumentaron el numeral 6 del artículo 218 del Código de Comercio, es decir, voluntad de los accionistas.
En cuanto a los estados financieros reportados por esta empresa, el primero de ellos fue en 2016 por $200 millones, es decir, el capital suscrito. Allí advirtieron que eran exportadores y que no tenían trabajadores. En el año siguiente, registraron un activo corriente de $20 millones y aseguraron que tenían tres trabajadores.
Para 2018, aseguraron que a 31 de diciembre de 2017 únicamente habían percibido ingresos por su actividad de $300.000, es decir, que el activo corriente pasó a $20.3 millones, e indicaron que tenían un empleado. Exactamente la misma información indicaron para las vigencias siguientes, es decir, 2019 y 2020, en las que aseguraron no generaron ingresos por su actividad.
Aparentemente, con el cambio de socios, la situación financiera reportada se modificó. En el año 2021, aseguraron que al 31 de diciembre de 2020, es decir, el año de la pandemia, obtuvieron ingresos de $91.4 millones, gastos por impuestos de $15.1 millones, un activo corriente de $190 millones y un patrimonio de $219.7 millones, también afirmaron que tenían un empleado.
Pero la modificación societaria en el hecho no llevó a cambios de fondo, pues pasaron de registrar como domicilio de la empresa la calle 2 # 71d-11 en el tercer piso a una nueva, apenas unas cuadras de allí, la carrera 73 b # 1-66. Para los años 2022 y 2023 no se registran estados financieros, a pesar de que el acuerdo de disolución y liquidación fue hace apenas un mes.
Otra empresa manchada
La tercera empresa involucrada y con medidas cautelares en virtud del proceso de extinción de dominio es CI Exportecnicas SAS, cuya representante legal es Maria Helena Giraldo Aristizábal, designada por la Superintendencia de Sociedades desde el 28 de mayo de 2021 como liquidadora.
Dicha compañía tiene cinco socios: Luis Carlos Gangir Jacome con el 40%, Raúl Oviedo González con el 20%, Raúl Oviedo García con el 5%, Julio Rodríguez Castillo con el 25% y Jacobo Lemus Reyes con el 10%.
Esta empresa se constituyó el 9 de febrero de 2009 mediante escritura 515 en la Notaría Quinta del Círculo de Bucaramanga. Sus socios fundadores fueron Gustavo Santamaría González y Germán Gregorio Correa Díaz.
Como objeto social estipularon la comercialización y venta de productos colombianos, exportación, transformación, acopio, transporte y exportación, compra, venta al mayor o al detalle de productos naturales para la construcción, compra y venta de exportación de productos como piedras naturales y de revestimiento; así mismo, compra y venta de tejas, bloques, arcilla entre otros, y para ello estipularon un capital de $50 millones.
Sin embargo, apenas un año después, la primera acta que suscribieron fue para ceder sus cuotas sociales a Raúl Oviedo González, Julio Rodríguez Castillo, Jacob Lemus Reyes y Fernando Carbajal Calderón.
Cuatro años después reformaron los estatutos y decidieron que su actividad iba a ser principalmente la comercialización internacional de hidrocarburos, así como la explotación, comercialización, distribución de combustibles, lubricantes y demás derivados, así como el suministro de combustible marino y lubricantes a través de barcazas y tarro tanques en la bahía de Cartagena, Buenaventura, Barranquilla, Santamaría, entre otros lugares.
En adelante, se surtieron toda clase de procesos de cambios de dirección, nombramientos de revisor fiscal, reforma a los estatutos, traslados e domicilio de Bucaramanga a Bogotá.
Dos años después de que el informante advirtiera del entramado societario para pasar como legal operaciones de contrabando de crudo, la Superintendencia de Sociedades, esto fue el 28 de mayo de 2021, decretó el proceso de reorganización y la apertura del proceso de liquidación judicial de los bienes de CI Exportecnicas SAS y se nombró como liquidadora a Maria Helena Giraldo Aristizábal. Esta sociedad, el 17 de octubre de 2017, había sido admitida en proceso de reorganización, así como otra de las implicadas Oiltrans SAS.
En cuanto a la información financiera, los números son más favorecedores que los anteriores. Al 31 de diciembre de 2013, registraron ingresos operacionales por $37.275 millones, no operacionales por $4.981 millones, activo corriente de $1.052 millones, pasivo corriente de $28.823 millones y un patrimonio neto de $14.645 millones, para un activo total de $124.875 millones. Reportaron 27 trabajadores y como dirección de domicilio societario Ac 26 # 69d-41 torre 2, oficina 808.
Para el año siguiente, los números literalmente desaparecieron. El activo corriente reportado fue de un millón de pesos, no se registraron ingresos operacionales, ni gastos, ni utilidades o pérdidas. Tampoco se registraron trabajadores. Pero sí registraron leasing con Corficolimbiana y como referencias comerciales Comcoltras y Petróleos Sudamericanos.
El siguiente año, el reporte entregado fue exactamente igual al del año anterior. Para el balance de 2016, los números reaparecieron aunque no tan abultados como en 2013. En esa oportunidad, la empresa reportó que a 31 de diciembre de 2016 habían recibido ingresos por $23.825 millones, otros ingresos por $2.279 millones, gastos operacionales por $2.136 millones, gastos por impuestos de $4.701 millones y una utilidad neta de $12.253 millones.
El activo corriente fue de $26.666 millones y un patrimonio neto de $830 millones. Estas cifras con cero trabajadores reportados. La dirección también cambió, se registró el domicilio societario en la calle 108 # 48-47, es decir, una casa de una planta en el sector de la Alhambra, al norte de Bogotá.
Para el año siguiente, la información financiera se fue en picada. Ingresos operacionales por $4.284 millones, no se hicieron pagos por impuestos, se registró una pérdida de $48 millones; un activo corriente de $19.153 millones, un pasivo total de $64.539 millones y no se reportaron trabajadores.
Hay que recordar que justamente el 17 de octubre de 2017 dicha sociedad fue admitida por la Supersociedades en proceso de reorganización. El año siguiente, es decir, a 31 de diciembre de 2018, registraron ingresos por $4.705 millones, gastos por impuestos $39.4 millones, activo corriente de $20.837 millones y un patrimonio neto de $1.240 millones.
A la empresa le aparecen registrados tres lotes en El Espinal, Tolima. A su representante legal, antes de nombrarse gerente liquidador, Raúl Ovidio González, no le figuran propiedades a su nombre.
En adelante, los números no volvieron a ser favorables, se registraron ingresos operacionales en la vigencia 2019 por $1.610 millones, sin pago de impuestos, activo corriente de $22.659 millones y un patrimonio neto de 1040 millones.
La cuarta compañía
La cuarta empresa involucrada es Oiltrans SAS, cuyo único accionista es justamente CI Exportecnicas SAS, incluso tenían registrado el mismo domicilio Calle 108 #48-47 en Bogotá.
Estas son las empresas que fueron objeto de medidas cautelares, como lo son embargo y suspensión del poder dispositivo del dominio, en virtud de un proceso de extinción de dominio.
Sin embargo, existen otras cuatro sociedades que fueron objeto de señalamiento en el proceso que se surte desde el año 2019 por múltiples delitos asociados a la falsedad en documento privado, cohecho relacionado con hidrocarburos y derivados y concierto para delinquir agravado. Estas son Swis Terminal, CI la Operadora, CI Petroword, Crudesan y Colcrudos, las cuales fueron usadas por Niman Commerce para la compra y comercialización de los productos simulados.
Lo cierto es que el entramado empresarial que según las autoridades se habría apropiado de más de US$80 millones es complejo, y aun con muchos socios reconocidos, cifras millonarias, movimientos accionarios y sospechosas sedes, es apenas la punta del iceberg de un negocio fraudulento al que aún le faltan muchas piezas por descubrir.
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