Corte Constitucional abre incidente de desacato contra el ministro de Salud por no reajustar la UPC

La Corte Constitucional abrió un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por incumplir de manera reiterada las órdenes para reajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con base en criterios técnicos. Además, el tribunal compulsó copias a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que investiguen al funcionario por no acatar las decisiones judiciales.

La determinación se adoptó debido al incumplimiento de la orden que exigía recalcular la UPC -el monto que el Estado paga anualmente a las EPS por el aseguramiento de sus afiliados- luego de que la Corte declarara insuficiente el valor fijado por el Ministerio para 2024. El alto tribunal había ordenado la instalación de mesas técnicas con todos los actores del sector para ajustar la tarifa, una instrucción que no se ha cumplido casi un año después.

Lea también (Cargos a directivas de Aguas del Cesar por presuntas irregularidades contractuales)

No es la primera vez que la Corte actúa frente a este incumplimiento. En enero pasado ya había abierto un incidente contra Jaramillo por no pagar el reajuste de los presupuestos máximos, recursos destinados a cubrir servicios y tecnologías excluidos de la UPC, especialmente los asociados a enfermedades crónicas o raras.

En el nuevo auto, expedido el 10 de diciembre por la Sala Especial de Seguimiento en Salud, con ponencia del magistrado Carlos Camargo, la Corte advierte un “problema estructural” del sistema de salud, atribuido en parte a la respuesta ineficaz del Gobierno, la lentitud en el cumplimiento de las órdenes judiciales y la falta de articulación institucional.

“La Corte Constitucional constató que, aunque durante el período de seguimiento se han adoptado algunas medidas para corregir las falencias, a la fecha los efectos de las órdenes generales siguen siendo parciales”, señala la providencia, al advertir que esta situación se refleja en la crisis del sistema y exige un control judicial más estricto.

La orden incumplida obligaba a reevaluar el cálculo de la UPC, incorporando factores como siniestralidad, inflación, destinaciones específicas, inclusiones y el rezago en su valor. Aunque el Gobierno del presidente Gustavo Petro argumentó durante meses un uso indebido de los recursos por parte de las EPS, la Corte sostuvo que no ajustar la tarifa a las necesidades reales del sistema afecta la liquidez de las entidades y, en consecuencia, la prestación del servicio a los pacientes.

De hecho, en la sentencia que revocó la intervención forzosa a Sanitas EPS, la Corte ya había advertido que parte de la iliquidez que motivó la medida del Ejecutivo tenía origen en los desajustes de la UPC. Con el nuevo incidente de desacato, el alto tribunal endurece su control para forzar el cumplimiento de sus órdenes.

Otras noticias