Informe anual de auditoría revela manejos indebidos en caja menor de alcaldía de Daniel Quintero

En un informe anual de auditoría recién publicado, la Contraloría ha arrojado luz sobre una serie de cuestionamientos relacionados con el manejo de la caja menor en la Alcaldía de Quintero. Los resultados de esta exhaustiva revisión indican que la administración de los recursos en esta instancia gubernamental estuvo plagada de irregularidades.

De acuerdo con el informe preliminar, el exalcalde Daniel Quintero utilizó un total de $124.566.005 de la caja menor para gastos en restaurantes durante el período que abarcó desde el 2022 hasta el 30 de junio de 2023. 

Sorprendentemente, solo una fracción de esta suma, es decir, $7.799.790, fue autorizada y certificada para cubrir gastos relacionados con reuniones oficiales, que es el propósito fundamental de dicho fondo. Esto significa que más de $116 millones, equivalentes al 93,5% del monto total, no contaban con autorización ni certificación alguna.

La auditoría reveló que estos gastos no autorizados abarcaron desde compras individuales o personales, como combos o platos ejecutivos, hasta costosas comidas suntuarias, lo que afectó gravemente la eficiencia del gasto público.

Además, se identificaron gastos en restaurantes en ciudades como Bogotá, Cartagena y Bucaramanga que no debieron ser financiados desde la caja menor, sino que debieron ser cubiertos como viáticos regulares. 

Estos gastos incluyeron no solo alimentos en restaurantes, sino también refrigerios, bebidas y hasta productos de panadería, sumando un total de $1.066.215 que, según la Contraloría, no respondían a criterios de urgencia, imprevisibilidad ni necesidad.

Un hallazgo preocupante es que el equipo auditor solo revisó el 50,26% de las facturas y recibos de gastos correspondientes al año 2022, mientras que la muestra alcanzó el 100% para el año 2023. Esta disparidad en la revisión plantea interrogantes sobre la transparencia y el control en la gestión de la caja menor durante el 2022.

En resumen, la Contraloría concluye en su informe preliminar que se ha comprometido seriamente el principio de la gestión fiscal eficiente, lo que ha resultado en un posible detrimento patrimonial que asciende a la cifra alarmante de $117.832.430.

El informe también señala que se identificaron al menos siete decretos, normativas y leyes que la Alcaldía habría infringido con el manejo de los fondos fijos, lo que podría resultar en sanciones fiscales y disciplinarias para los responsables involucrados.

Adicionalmente, la normativa que regula los fondos fijos establece que no se puede gastar más del 10% del fondo en una sola compra. A pesar de esta limitación, la Contraloría descubrió que el 30 de junio de 2023 se gastaron $4.008.288 en el restaurante Canalla, ubicado en El Poblado. 

Para eludir esta restricción, se fraccionó la factura en dos partes, emitiendo una primera por $1.895.426 a las 14:35 y una segunda por $2.111.862 a las 15:16. Este desafío a las normas se debió, según el informe, a deficiencias en los controles del proceso de autorización y pago del fondo fijo.

La Contraloría también resalta la falta de asignación de un valor proyectado a los rubros presupuestarios relacionados con los fondos fijos para los años 2022 y 2023. Aunque se establecieron los propósitos de gasto, no se determinó una cantidad estimada de recursos, lo que potencialmente permitió gastos que no cumplieron con los requisitos legales.

Este escenario se atribuye al desconocimiento normativo de los responsables de administrar y controlar los recursos y a la ausencia de una planificación adecuada en el gasto, lo que facilitó erogaciones que no se ajustaron a los requisitos de urgencia, imprevisibilidad y necesidad, vulnerando así las normas de austeridad en el gasto público.

El informe también enfatiza la falta de programación de gastos en el fondo fijo, ya que se realizaron compras de víveres, carnes, pescado, pollo, productos de panadería, verduras y bebidas por un total de $182.065.395, así como pagos de peajes por $47.416.500 y compras de arreglos florales por $17.637.900. La Contraloría considera que estos gastos eran recurrentes y previsibles, por lo que no califican como imprevistos, urgentes ni necesarios.

Finalmente, el informe destaca que una parte significativa de los gastos carecía de la aprobación del ordenador del gasto, en este caso, el secretario Privado Juan David Duque. Esta situación ha llevado al Concejo a programar una moción de censura en su contra, programada para el próximo lunes 20 de noviembre, relacionada con el manejo del Fondo Fijo reembolsable.

Frente a estas observaciones, la Alcaldía tiene un plazo de cinco días hábiles para presentar aclaraciones u objeciones. En caso de no recibir respuesta en este período, las observaciones se considerarán definitivas y en firme.

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