Alcalde de Tibú denuncia “plan pistola" y crisis de orden público en el Catatumbo

El alcalde de Tibú, Richar Claro, informó sobre la existencia de un presunto "plan pistola" implementado por grupos armados ilegales en la región del Catatumbo.

Según su declaración, aunque las fuerzas militares y policiales han incrementado su presencia, persisten dificultades para controlar la situación de orden público.

En este contexto, el mandatario municipal hizo un llamado al Gobierno nacional para articular esfuerzos que permitan reducir la acción de estos grupos y mejorar las condiciones de seguridad.

La situación en el Catatumbo se ha deteriorado debido a los enfrentamientos entre miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Esta confrontación ha provocado el desplazamiento de habitantes y el deterioro de la seguridad en la región. Un informe de la Defensoría del Pueblo indica que, según datos del Comité Territorial de Justicia Transicional Ampliado de Norte de Santander, hasta la fecha se han identificado 36.139 personas desplazadas a causa del conflicto.

Además, se han registrado 435 personas evacuadas a través de vuelos humanitarios y 200 personas de especial protección han sido trasladadas desde Tibú con el apoyo del Ejército Nacional.

Los hechos de violencia continúan. En la última semana, el ELN ha instalado sus banderas y ha colocado presuntos artefactos explosivos en diferentes vías del territorio colombiano.

Estas acciones agravan la crisis humanitaria y generan mayores dificultades para el acceso de la población a bienes y servicios.

El alcalde Richar Claro destacó que la violencia en la región ha cambiado de dinámica, al manifestar que "la guerra se ha transformado" y que actualmente se enfrenta una estrategia de ataques selectivos.

Aunque el despliegue militar y policial ha sido significativo, el mandatario advirtió que son necesarias acciones complementarias para debilitar la influencia de los grupos armados ilegales.

El alcalde subrayó la importancia de implementar programas estatales que brinden oportunidades económicas y sociales a la población con el fin de restarle apoyo a estas estructuras.

En este sentido, insistió en la necesidad de dar cumplimiento a los programas de sustitución de cultivos ilícitos, garantizando que las familias beneficiadas reciban los recursos y el acompañamiento necesario para su transición a actividades lícitas.

Asimismo, resaltó la urgencia de inversiones que fortalezcan el desarrollo económico y social de la región para contrarrestar la presencia de los actores armados ilegales.

Además de la situación de violencia generalizada, el mandatario denunció incumplimientos en los acuerdos de paz, en especial con los firmantes del proceso de reincorporación.

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Pidió a los grupos armados respetar la vida e integridad de las personas en proceso de reinserción, con énfasis en la comunidad del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Caño Indio, donde un grupo de excombatientes desarrolla proyectos productivos.

En cuanto a la gestión gubernamental, Claro destacó que se había avanzado en la coordinación con el gabinete anterior para abordar la crisis en la región.

No obstante, ante la reciente renovación de ministros, hizo un llamado para que los nuevos funcionarios mantengan el compromiso con la seguridad en el Catatumbo y continúen con las acciones emprendidas, evitando retrasos en la implementación de medidas.

Informe de la Defensoría del Pueblo sobre el Catatumbo

La Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre la violencia en el Catatumbo, indicando que seis firmantes de los acuerdos de paz han sido asesinados, siete han sido reportados como desaparecidos (dos de ellos posteriormente liberados) y 102 han sido desplazados. En Ocaña, firmantes del acuerdo de paz han solicitado refugio ante la percepción de alto riesgo.

Según información oficial, el gobernador de Norte de Santander ha reportado 80 homicidios en la región, mientras que la Defensoría ha identificado al menos 60 víctimas con base en datos recopilados en espacios de articulación institucional. Medicina Legal, por su parte, ha identificado 41 cuerpos, de los cuales 34 han sido entregados a sus familiares.

El desplazamiento forzado también afecta a comunidades indígenas Yukpa en San Pablo, Tibú y Cúcuta, sumando 631 personas que requieren asistencia humanitaria. En el Resguardo Catalaura, familias desplazadas han recibido 1,5 toneladas de alimentos como parte de los esfuerzos por atender la crisis.

Por otro lado, la Defensoría alertó sobre casos de trata de personas en Cúcuta con vínculos en Tibú. Ante esta situación, se han activado rutas de protección para dos víctimas identificadas. Además, se han identificado entre 1.500 y 1.800 menores de edad en situación de riesgo en Cúcuta, 1.000 en Ocaña y 600 en Tibú.

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