Ministra de Justicia solicita al presidente Gustavo Petro revisar la política de paz del Gobierno

Durante una intervención en el consejo de ministros, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, expuso su preocupación por el contexto de inseguridad que atraviesa el país.

En su discurso, instó al presidente Gustavo Petro a evaluar la estrategia de paz implementada por el Gobierno, afirmando que múltiples sectores de la sociedad han manifestado inquietudes sobre su efectividad.

En su intervención, la ministra señaló que desde diversas regiones del país se han elevado llamados solicitando ajustes en la política de paz.

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Según sus declaraciones, algunas organizaciones armadas han desconocido los principios del proceso, mientras que otras han encontrado mecanismos para aprovechar sus beneficios sin comprometerse con la desescalada del conflicto.

Ante este escenario, Buitrago insistió en la necesidad de revisar ciertos aspectos de la estrategia gubernamental.

“Este es un tema que se ha convertido en una demanda generalizada. Lo he planteado directamente y vuelvo a reiterarlo: la población percibe un estado de inseguridad constante. Hay sectores armados que desconocen el sentido del proceso de paz y otros que han encontrado formas de utilizarlo en su favor. Ante este panorama, es fundamental reconsiderar varios puntos. Se requiere un enfoque que reconozca las dificultades y aborde el problema con claridad”, expresó la ministra.

Además de su llamado a revisar la política de paz, Buitrago denunció la existencia de amenazas contra integrantes de la rama judicial.

Enfatizó que jueces, fiscales y notarios han sido objeto de intimidaciones en distintas zonas del país, lo que ha generado el desplazamiento de algunos funcionarios.

“Tengo conocimiento de notarios que han debido abandonar sus regiones debido a amenazas. Se trata de servidores públicos que cumplen funciones esenciales. También hay jueces y fiscales en la misma situación. Este no es un problema reciente, es una situación que se ha repetido a lo largo del tiempo. La cuestión no es solo garantizar seguridad, sino asegurar que la infraestructura básica no sea destruida y que las comunidades puedan contar con servicios esenciales sin interrupciones”, señaló.

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