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Escándalo de la UNGRD: Tribunal Superior de Bogotá autoriza nuevas pruebas contra Carlos Ramón González
El alto tribunal avaló la recolección de información financiera y telefónica del exdirector del Dapre, señalado por presunto tráfico de influencias.
Este martes 15 de abril, el Tribunal Superior de Bogotá avaló la legalización de nuevas pruebas dentro del proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra Carlos Ramón González, actual director del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y exdirector del Dapre. La diligencia se realizó debido a que González goza de fuero constitucional, por lo que el tribunal actúa como juez de control de garantías.
Durante la audiencia, presidida por el magistrado Luis Enrique Bustos, se autorizaron búsquedas selectivas en bases de datos, rastreo de movimientos financieros y análisis de coordenadas telefónicas, con el objetivo de contrastar las declaraciones entregadas por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien ha vinculado a González con una presunta red de corrupción.
La Fiscalía busca establecer si González incurrió en el delito de tráfico de influencias para beneficiar al entonces presidente del Senado, Iván Name, y al expresidente de la Cámara, Andrés Calle. Según el ente acusador, el exfuncionario habría instruido a Sandra Ortiz para direccionar contratos por más de $70.000 millones a favor de los congresistas.
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Entre las pruebas clave se encuentran las coordenadas del celular de González, con las que se pretende verificar su participación en una reunión en la Casa de Nariño el 21 de septiembre de 2023. Asimismo, se confirmó que el exdirector del Dapre tenía una línea telefónica registrada con Claro y no estaba vinculado a otros operadores.
Además, se investigan las conversaciones sostenidas con Olmedo López, en las que presuntamente se acordaron entregas en efectivo por $3.000 millones a Name y $1.000 millones a Calle. Las diligencias hacen parte del proceso que avanza desde febrero de este año y que sigue sumando elementos para determinar la posible responsabilidad penal del funcionario.
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