Una nueva orden acaba de impartir Johann Alfredo Manrique Garcia, el intendente Regional de Bucaramanga dentro del expediente 38720. Un proceso con cientos de folios que se inició el pasado 11 de noviembre cuando la Superintendencia de Sociedades declaró el incumplimiento del acuerdo de reorganización del Cúcuta Deportivo y ordenó su liquidación judicial.
En decisión de las últimas horas se designó a Jaime Arturo Acosta Villaveces, un abogado con especialización en derecho tributario pero con experticia de tres décadas en el sector inmobiliario principalmente, y quien viene fungiendo como liquidador, como secuestre.
También en el mismo auto se le ordenó a la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, retener y poner a disposición del proceso de liquidación judicial del Cúcuta Deportivo, “los derechos económicos que se deriven de todos los activos de que sea titular el sujeto del proceso y sean detentados o por alguna razón estén en poder o tenencia de la Dimayor”, advirtió el intendente.
Y es que la denominada ficha deportiva se ha convertido en el eje del debate entre la Dimayor y la Supersociedades. A mediados de marzo, la Dimayor presentó un recurso de reposición en contra de la insistencia de la medida cautelar de la Superintendencia referente a la ficha deportiva del Cúcuta.
El ente deportivo le ha respondido en varias oportunidades a la Superintendencia que le resulta imposible registrar dicho embargo porque el derecho de afiliación, también conocido como ficha deportiva, es un derecho personalísimo, es decir, no existe medición económica, está fuera del patrimonio, es intransferible e inembargable.
En otras palabras, para la Dimayor la ficha deportiva no es una acción, si no el derecho a ser parte de un gremio privado y sin ánimo de lucro. El club cuando deja de existir perdió su afiliación.
Al respecto, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, en declaraciones al programa matutino Primer Toque de Win Sports, señaló que “en cuanto al futuro del club, es algo que solo tiene que decidir la asamblea de la Dimayor, sus 35 clubes asociados son los que procederán a tomar cualquier decisión sobre el Cúcuta Deportivo en estos momentos”.
La Superintendencia, en cambio afirma que los derechos personalísimos sólo son inherentes al ser humano y no a las sociedades como es el caso del Cúcuta.
“Para el presente caso es una relación contactual entre dos personas jurídicas, una de carácter civil que ejerce actividades mercantiles como es la Dimayor, y otra de naturaleza comercial como lo es la sociedad Cúcuta Deportivo Fútbol Club en liquidación”, dice la providencia del organismo de control.
Otro de los argumentos de la Superintendencia para advertir que la ficha económica sí se puede medir en términos económicos es que el derecho de afiliación tiene un canje entre 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, smmlv a 10.000 smmlv según la categoría.
Incluso, afirma que el costo del derecho de afiliación y el argumento de la Dimayor de que dicho derecho es intangible y no se puede embargar, es una contradicción entre el argumento y sus estatutos.
Y advirtió que desde el año 2015 al 2020 el Cúcuta recibió $21.334 millones por concepto de beneficios económicos derivados de la Dimayor los cuales equivalen al 70% de los ingresos.
El anterior, fue el reporte que entregó el liquidador Arturo Acosta Villaveces dentro del proceso. Incluso el regional de la Superintendencia en la respuesta al recurso de reposición lanzó una advertencia.
Indicó que si es cierta la afirmación de la Dimayor de que los clubes deportivos no tienen que hacer pago alguno por su derecho de afiliacion no podrían incluir esto en su información financiera y por lo tanto, la Supersociedades a través de la Delegada de Asuntos Económicos y Societarios debería proceder a requerir ajustes a la contabilidad junto con las sanciones a las que hubiere lugar.
Es decir para la Superintendencia la ficha deportiva es un activo que está embargado desde noviembre de 2020. Y para respaldar esta afirmación se apoyó en lo sucedido con el Deportivo Pereira, “que a pesar del proceso de liquidación judicial ante el Juzgado Primero Civil del Circuito, es decir en idéntica condición jurídica de la aquí concursada, no perdió en ningún momento su calidad de afiliado, lo que deja ver en contraste un trato diferencial”. En consecuencia negó por improcedente el recurso de reposición de la Dimayor e insistió en el encargo del derecho de afiliación.
Consultados directivos de diferentes clubes con asiento en la Dimayor pero que pidieron omitir sus nombres, advirtieron que el Cúcuta Deportivo ya no existe por decisión de la misma Superintendencia de Sociedades y a petición de la alcaldía de Cúcuta que así lo solicitó luego de alegar el incumplimiento en el proceso de reorganización iniciado en el 2012 y por lo tanto conllevó a su liquidación, “con esa decisión perdió su afiliación y su asiento que ya veremos que otro club lo va a ocupar”.
Y es que no ha cesado el inconformismo por la liquidación judicial del Cúcuta. “La alcaldía generó esta situación, bajo el supuesto que iban a conseguir inversionistas para rescatar un club centenario, sin embargo han pasado seis meses y lo único que se ve es una hinchada sin equipo”, advirtió el presidente de otro club.
Otro directivo fue más allá, “quieren que el equipo vuelva pero nadie pone un peso y así es imposible cualquier gestión”.
Las acciones de tutela se han convertido en el otro eje de la disputa. Una veintena han llegado a los despachos judiciales.
Desde las interpuestas por Ricardo Carvajal Franklin e Iván Angel Monsalve, accionistas del club, hasta otras dos que versan sobre un curioso tema, la bandera rojo y negro, el símbolo patrio de la ciudad y por supuesto del Cúcuta.
Aschcayra Arabadora Acrora, el representante legal del Resguardo Motilón Bari, una etnia ubicada en los municipios del Carmen Convenciones y Teorama que según el censo del año 2005 del Dane cuenta con 5.923 rotondas, demandó a la Dimayor, la Supersociedades, la Presidencia de la República y hasta el Ministerio del Deporte, porque según su argumento la liquidación del club resultaba, “la vulneración, conjura, usurpación, traición a la patria, abolición y desaparición de las entidades”.
En su alegado esto era una afrenta al derecho al patrimonio cultural pues el Cúcuta Deportivo fue el creador de la bandera de la ciudad.
En sentido similar interpuso una acción de tutela Adrian Ricardo Ramirez Ortega quien advirtió que con la liquidación se estaba mancillando, despojando, vulnerando y usurpando la bandera creada por su bisabuelo José de los Santos Ramírez Hidalgo.
En ambos casos la Superintendencia aseguró que no estaba dentro de sus competencias dirimir casos de registros o reconocimientos o símbolos patrios, si no lo concerniente a las sociedades mercantiles.
En juzgados laborales también cursan
dieciséis demandas laborales que se interpusieron contra el club Deportivo a mediados de enero.
Hasta los agentes Fifa han acudido a la Superintendencia de Sociedsdes para indagar sobre el proceso de liquidación del Cúcuta, el cual fue prorrogado por cuatro meses más el pasado mes de marzo.
Gianluca de Franco, un ciudadano italiano representante legal de la empresa colombiana International Sport Group SAS que maneja a 28 jugadores colombianos, entre los que están Jorman Campuzano quien juega en el Boca Juniors, Yony González el extremo derecho del Sporting Club y Cristian Arango, el delantero centro de Millonarios, ha enviado varios derechos de petición solicitando el estado de la liquidación y que le sean reconocidas su acreencias. Consultado por la Agencia de Periodismo investigativo, API, sobre esta situación, el empresario italiano indicó: “tienen que darme US$500.000”.
Pese a que hay varios hechos en un limbo jurídico, el agente liquidador del Cúcuta, Arturo Acosta Villaveces, se empoderó y ha autorizado al entrenador el club David Suárez a contratar 14 jugadores que entrenan hace más de un mes, según lo reportó el diario La Opinión.
A ello se suma la iniciativa del técnico Suárez y del jugador Braynner García, de imprimir 10.000 boletas simbólicas a un valor de $10.000 cada una, a fin de recaudar recursos para la logística y contrataciones, que serían vendidas a la hinchada del club motilón.
Mientras José Augusto Cadena, señalado responsable de la situación del equipo rojinegro busca volver al fútbol adquiriendo otro club, Dimayor, Supersociedades, el liquidador y los acreedores, siguen en una batalla legal que apenas comienza y cuyo final es incierto. Por su parte, los hinchas del club no pierden la esperanza de ver de nuevo en la canchas a uno de los equipos más queridos del país.
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