Presidente Gustavo Petro solicita que se aplique la ley de utilidad pública en el caso de Epa Colombia

El presidente de la República, Gustavo Petro, ha solicitado al Ministerio de Justicia que se estudie la posibilidad de aplicar la ley de utilidad pública en el caso de la influenciadora y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia.

Esta legislación, destinada a mujeres cabeza de familia que se encuentran privadas de la libertad, les permite acceder a condiciones especiales para el cumplimiento de su condena.

Solicitud del presidente Petro y fundamentos de su petición

En un mensaje público, el jefe de Estado reiteró su postura frente a la privación de la libertad de Barrera Rojas y enfatizó en la normativa vigente que contempla beneficios jurídicos para determinadas mujeres condenadas.

Según lo expresado por el mandatario, la legislación aprobada por el Congreso bajo la gestión del actual ministro de Justicia, Néstor Osuna, establece que las mujeres cabeza de familia que cumplan ciertos requisitos pueden acceder a medidas que flexibilicen su régimen carcelario.

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Petro hizo un llamado directo a la titular de la cartera de Justicia para que intervenga ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) con el fin de que la ley se haga efectiva en este caso específico.

De acuerdo con su planteamiento, Barrera Rojas cumple con la condición de ser madre cabeza de familia, lo que la haría beneficiaria de esta normativa.

Condiciones para acceder a la ley de utilidad pública

La legislación mencionada no es de aplicación automática, sino que está sujeta a la evaluación y aprobación de un juez competente.

Para que una persona privada de la libertad pueda acogerse a este beneficio, debe cumplir con una serie de requisitos establecidos por la norma, entre los que se encuentran:

Ser mujer cabeza de familia. Haber sido condenada por delitos relacionados con hurto o tráfico de estupefacientes, o que la pena impuesta no supere los ocho años de prisión. Que la comisión del delito haya ocurrido en un contexto de marginalidad.

Estos criterios buscan garantizar que el beneficio sea otorgado a personas en condiciones de vulnerabilidad y cuyo encarcelamiento afecte la estabilidad de su núcleo familiar.

Situación jurídica de Epa Colombia y fallos en su contra

El caso de Barrera Rojas presenta particularidades que han dificultado la aplicación de este beneficio. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha rechazado en dos ocasiones las acciones de tutela interpuestas por su defensa, lo que ha ratificado la sentencia de cinco años de prisión impuesta en su contra.

Su condena fue dictada por los daños ocasionados a una estación del sistema de transporte público TransMilenio durante las protestas sociales ocurridas en 2019. En los fallos judiciales se ha determinado que los hechos por los cuales fue procesada no encajan dentro de los parámetros establecidos por la ley de utilidad pública.

Mientras se mantiene la decisión de la Corte Suprema, Barrera Rojas continúa privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, a la espera de que se reevalúe su situación jurídica y se determine si es posible la aplicación de alguna medida que le permita cumplir su condena bajo condiciones diferentes a la reclusión intramuros.

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