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Normas que regulan el matrimonio infantil son insuficientes: Procuraduría

La Procuradora General, Margarita Cabello, consideró nuevas políticas públicas para prevenir, erradicar y superar los efectos de las uniones tempranas.

Imagen de referencia sobre el matrimonio infantil
Por LeidyHernandez | Jue, 23/09/2021 - 13:16 Créditos: Senado de la República

La Procuradora General advirtió que las normas que regulan el matrimonio entre menores de 14 y 17 años son insuficientes para desestimular las uniones precoces y forzadas. Por ello, se requiere la adopción de políticas públicas para prevenir, erradicar y superar los efectos de tales uniones tempranas.

De la misma forma, la funcionaria pidió que la Corte Constitucional exhorte al Congreso de la República a expedir una regulación integral que permita superar ese déficit de protección. “Lo cierto es que los mismos omiten incorporar una regulación de controles en lo relacionado con el matrimonio infantil, precoz y forzado y las uniones tempranas, lo que deviene en un déficit de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, expresó.

procuradora
Margarita Cabello, Procuradora General / Presidencia

 

Así mismo, se considera que el Congreso debe asumir el rol de regular a fondo los instrumentos legales necesarios para erradicar la violencia de género y los abusos que se puedan generar sobre los menores de edad. 

Entre tanto, la procuradora señaló que el cumplimiento del único requisito existente en el caso del matrimonio, que es el consentimiento de los padres, y la naturaleza consensuada de la unión, no resultan suficientes para garantizar el catálogo de derechos fundamentales del menor de edad.

“La Procuraduría considera que se requiere la adopción de políticas públicas para prevenir, erradicar y superar los efectos de tales uniones tempranas, las cuales van más allá de declarar la inexequibilidad de las normas positivas acusadas”, añadió la jefa del Ministerio Público.

Por su parte, el Congreso tendrá que adelantar un proceso democrático, consultivo, participativo y deliberativo que, de una parte, atienda los estándares internacionales que materializan la protección a los derechos de los menores de edad y, de otra, de cabida a las tradiciones de comunidades étnicamente diferenciadas o religiosas.

De esta forma “erigir una política pública que incluya la promoción, divulgación y sensibilización requerida en torno a los embarazos de niñas y adolescentes, explotación sexual, trata de personas, violencia de género y otros fenómenos que surjan con ocasión de las uniones tempranas y las condiciones de vulnerabilidad que los afectan”.       

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