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"Ninguna persona elegida por elección popular podrá estar por encima de la ley", Procuradora Cabello

Fue enfática en afirmar que la sanción disciplinaria es indispensable para el ordenamiento jurídico.

Margara Cabello
Por Agencia Periodismo Investigativo | Jue, 10/08/2023 - 19:28 Créditos: Foto: Twitter @PGN_COL

Desde Santa Marta, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, hizo referencia al tema de las sanciones a los funcionarios de elección popular por parte de esa entidad. De acuerdo con la funcionaria, ningún funcionario público, incluso aquellos elegidos por votación popular, puede encontrarse en una posición superior a la Constitución y las leyes.

"Colombia, como Estado de Derecho, existe el sistema de frenos y contra pesos, por lo que las actuaciones disciplinarias a cargo de la entidad seguirán su curso con todas las garantías, pero también hasta sus últimas consecuencias", indicó la procuradora Cabello.

Aseveró que "ningún servidor público puede exonerarse por medio de un fuero insoslayable que signifique impunidad, ni siquiera, por solo citar el ejemplo más extremo, el presidente de la República".

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Enfatizó en que la sanción disciplinaria busca reforzar la autoridad del sistema legal en la Nación, ya que "ningún servidor público, incluso aquellos elegidos mediante voto popular, puede situarse por encima de la Constitución Política y la supremacía de las leyes, dado que ese enfoque tan particular solo podría tener relevancia en sistemas totalitarios o absolutistas".  

"Es un Estado de Derecho y al mismo tiempo un Estado Social. Para mantener a salvo estos tres elementos, debe respetarse y respaldarse la función de los jueces y de los organismos de control", agregó la jefe del Ministerio Público.

Es importante resaltar que la Corte Constitucional estableció que la Procuraduría conserva la capacidad de imponer sanciones a aquellos elegidos mediante voto popular, a pesar de haber perdido sus competencias judiciales anteriores. Esto significa que cada resolución tomada en relación a un líder de este tipo deberá ser examinada por el Consejo de Estado, una instancia judicial, con el fin de garantizar su adecuación.

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