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Bukele se niega a devolver a migrante deportado por error
Pese al fallo judicial estadounidense, el presidente salvadoreño calificó al migrante Kilmar Ábrego de “terrorista” y aseguró que no será liberado del Cecot.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se pronunció este lunes sobre el caso del migrante Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error desde Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad en su país. Pese a la orden del Tribunal Supremo estadounidense de permitir su regreso, Bukele aseguró que no lo liberará, alegando que se trata de un “terrorista”.
El mandatario entregó estas declaraciones durante una reunión en Washington con el expresidente y ahora candidato Donald Trump. Allí, Bukele fue tajante: “Por supuesto que no voy a hacerlo. ¿Cómo voy a enviar a un terrorista a Estados Unidos? No lo voy a liberar. No nos gusta liberar a terroristas en nuestro país”.
Ábrego García, quien había recibido una orden judicial que impedía su deportación, fue trasladado el pasado 15 de marzo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), junto a otros 260 migrantes expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por la Administración Trump.
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La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, también intervino en la reunión, explicando que la decisión final sobre el retorno del migrante recae en El Salvador, ya que actualmente se encuentra bajo su custodia.
“Eso es cosa de El Salvador si lo quieren devolver, eso no nos toca a nosotros”, dijo Bondi, aunque aclaró que si el Gobierno de Bukele accediera a cumplir con el fallo del Supremo, EE. UU. facilitaría su regreso.
Bondi señaló además que Ábrego García, aunque no tiene antecedentes penales en territorio estadounidense, es presuntamente miembro de la Mara Salvatrucha (MS-19) y había vivido de forma irregular en el país desde 2019.
El Cecot y la nueva política migratoria salvadoreña
La polémica se produce en medio de un acuerdo migratorio poco claro entre El Salvador y Estados Unidos, por el cual el país centroamericano ha comenzado a albergar en su megacárcel a presuntos integrantes de pandillas como la MS-13 y el Tren de Aragua expulsados desde el norte.
El contrato, cuya cifra asciende a 6 millones de dólares, ha sido criticado por defensores de derechos humanos que denuncian la falta de garantías legales en el proceso de deportación y la opacidad de los procedimientos.
Bukele, por su parte, defiende la estrategia como parte del éxito de su política de “mano dura” contra el crimen organizado, con la que afirma haber transformado a El Salvador en “el país más seguro del continente”.
El caso de Kilmar Ábrego se ha convertido en un símbolo del endurecimiento migratorio y de los crecientes roces diplomáticos entre ambos países. Por ahora, su futuro sigue siendo incierto.
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