Denuncias de acoso laboral contra magistrada de la JEP: ONIC exige medidas de prevención

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha emitido un comunicado en el que exige respeto por las mujeres indígenas y denuncia el acoso laboral que enfrenta la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Sandra Castro. 

Las acusaciones fueron presentadas ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por tres funcionarias, entre ellas una mujer indígena que denuncia haber sido objeto de comentarios despectivos.

La denunciantes afirma que Castro usó términos peyorativos al referirse a los pueblos étnicos, intensificando un ambiente de discriminación que ha afectado su bienestar emocional. La ONIC resalta que estas acciones no solo perjudican a las afectadas individualmente, sino que también reflejan una falta de respeto hacia la sabiduría y capacidades de las mujeres indígenas en el ámbito laboral.

Además, la situación ha generado un impacto significativo en la salud mental de la denunciantes, quien reporta haber experimentado estrés, ansiedad y una profunda desmotivación en su trabajo, incluso llegando a sentir que su vida estaba en riesgo.

La ONIC exige que la magistrada Castro ofrezca disculpas públicas a la funcionaria afectada, así como una investigación rigurosa por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Comité de Convivencia Laboral de la JEP para determinar responsabilidades y aplicar sanciones.

Finalmente, la organización aboga por la implementación de medidas efectivas en la JEP que prevengan la violencia y la discriminación en el lugar de trabajo, incluyendo la capacitación del personal en diversidad y no discriminación.

Lea también (Disidencias de las Farc confirman secuestro de concejal Sandra Betancourt en Cauca)

Denuncias contra la magistrada de la JEP

Primera denuncia
La primera denuncia fue interpuesta por una exfuncionaria que comenzó a trabajar en el despacho de Castro en 2023. Según su relato, la magistrada habría creado un ambiente de trabajo hostil, con comentarios despectivos hacia su desempeño. La situación se intensificó en julio cuando, pese a un problema de salud hormonal que afectaba su rendimiento, Castro la obligó a continuar trabajando, minimizando su condición médica.

La denunciante aseguró que sufrió episodios de ansiedad y depresión a raíz del trato recibido, lo que la llevó a iniciar tratamiento médico. Tras su renuncia, la magistrada presuntamente se negó a firmar su paz y salvo, forzando a la exfuncionaria a presentar una tutela para solucionar el conflicto.

Segunda denuncia
Una segunda denunciante, quien ingresó a la JEP en abril de 2024, acusó a Castro de compararla negativamente con otros colegas y menospreciar su trabajo de manera pública. Relató un incidente en el que, tras solicitar un permiso por un tratamiento quirúrgico, la magistrada expuso su situación de salud frente a sus compañeros, lo que incrementó su nivel de estrés.

Además, la denunciante señaló episodios de discriminación en los que Castro se habría referido peyorativamente a personas indígenas, agravando su estado emocional al punto de llevarla a pensamientos suicidas. Ante estas circunstancias, la funcionaria solicitó la acumulación de quejas y la remoción de Castro de su cargo.

Tercera denuncia
La tercera denuncia fue presentada por una funcionaria vinculada a la JEP desde 2018, quien amplió una queja original de 2020. La trabajadora mencionó haber sufrido un trato irrespetuoso y descalificador por parte de Castro, en especial durante la pandemia. Relató también que la magistrada habría solicitado acciones legales contra una funcionaria bajo su mando por un error cometido, lo que exacerbó las tensiones en el despacho. Según la denunciante, tras presentar su queja, Castro adoptó una actitud vengativa hacia ella.

Otras noticias: