Procuraduría destaca avances de la JEP en la atención a víctimas del conflicto armado

En el marco del IV Congreso de Justicia Transicional, organizado por la Procuraduría General de la Nación, la procuradora Margarita Cabello presentó un balance de acciones y resultados ante la Justicia Especial para la Paz (JEP). 

Durante su intervención, Cabello destacó que Antioquia registra 1.929.055 víctimas del conflicto armado, según datos de la Unidad para las Víctimas, con corte al 31 de agosto de 2024.

De estas, 1.632.056 corresponden a casos de desplazamiento forzado, seguidos de 327.293 homicidios, 137.542 amenazas y 48.073 desapariciones forzadas. 

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Cabello subrayó que esta dinámica del conflicto ha presentado desafíos significativos para el ente de control, lo que ha motivado acciones concretas para garantizar que los resultados del proceso se centren en las víctimas.

Las cuatro delegadas de la Procuraduría ante la JEP han trabajado para promover la centralidad de las víctimas, manteniendo una presencia activa en los territorios. Su labor ha consistido en exigir verdad plena, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La procuradora también resaltó el avance en la apertura de los macrocasos 8, 9, 10 y, en especial, el 11, que investiga la violencia de género, incluyendo delitos sexuales y crímenes por prejuicio. Entre enero de 2021 y junio de 2024, las delegadas emitieron 454 conceptos en macrocasos y realizaron 3.227 intervenciones judiciales individuales, participando en más de 3.000 audiencias.

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"En agosto, logramos un hito importante al presentar una solicitud de medidas cautelares para proteger 348 sitios sagrados en la Sierra Nevada, en colaboración con los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo", afirmó Cabello.

La procuradora también hizo hincapié en los hitos alcanzados en 2024, como los primeros resultados en materia de verdad y reparación, así como las primeras sentencias contra los máximos responsables de delitos de lesa humanidad y el primer juicio oral contra un exmiembro de la fuerza pública que no reconoció su responsabilidad.

Ante el balance positivo de la intervención de la Procuraduría ante la JEP, Cabello enfatizó que “es imperativo que el gobierno y las instituciones asuman su papel como garantes de los recursos y condiciones necesarias para que las sanciones se traduzcan en acciones concretas y oportunas, buscando la reparación integral de las comunidades afectadas”.

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