El escenario es inédito. El gobierno a través del ministerio de Salud está pidiendo al gobernador del Caquetá Luis Francisco Ruíz Aguilar que devuelva $89.226 millones que giró. Dineros para la construcción de una nueva torre del Hospital Departamental María Inmaculada, el principal de la región. Los recursos están depositados en el Banco Caja Social sede Florencia, pero hay cuestionamientos de corrupción con los dineros públicos.
La petición no es de poca monta, incluso tiene al propio ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo y a su jefe jurídico en la entidad Rodolfo Enrique Salas en labor de "chepitos", esto tras anticipar que los dineros pueden ser objeto de direccionamiento a terceros, dejando de paso una obra inconclusa y en espera la atención de miles de pacientes en Florencia y en una región por décadas en conflicto.
La más reciente gestión para que los dineros girados hace varios meses retornen al erario se derivó de una comunicación del jueves de la semana pasada, en donde Salas le exige a Cindy Tatiana Vargas Lobo gerente de la Empresa Social del Estado Hospital María Inmaculada: "la devolución inmediata de los recursos asignados para la ejecución del proyecto denominado construcción, remodelación, y adecuación del Hospital María Inmaculada Ese del municipio de Florencia, Caquetá".
De manera adicional, la entidad impuso como plazo máximo para la devolución de los dineros este lunes 17 de junio, so pena de entablar las correspondientes acciones jurídicas en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General de la República.
Origen de un entuerto
La historia del hospital María Inmaculada es paralela al conflicto en Colombia. Comenzó el 17 de diciembre de 1941, cuando, siendo Presidente Eduardo Santos Montejo y su ministro de Hacienda y Carlos Lleras Restrepo, expidieron la ley 148, que fomentaba la colonización en las regiones del sur del País y organizaba la campaña sanitaria en las márgenes del río Orteguaza y sus afluentes.
Una construcción que se inició en 1943 y se inauguró en 1945 y de la mano las hermanas de la comunidad Siervas del Santísimo y de la Caridad, comenzó a prestar el servicio con salas de cirugía separadas para hombres, mujeres y niños, eran 10 camas que poco a poco se fueron ampliando.
Empezó a pasar el tiempo y la institución hospitalaria se convirtió en el referente de los denominados antiguos territorios nacionales. En 1970 para afrontar una epidemia de paludismo en la región. En los 80 para la docencia con la universidad del Rosario y luego la Surcolombiana. Esto no sin antes ser ampliado y tras la ley 100 convertirse en Empresa Social del Estado, ESE, ampliar su cobertura, lograr su certificación Icontec, tratar miles de víctimas del conflicto y afrontar la epidemia de Covid-19.
Giro de dineros
En este contexto se hizo pertinente su ampliación. Esta fue autorizada y se giraron los recursos mediante la expedición de la resolución 2286 del 28 de diciembre de 2023, expedida por el ministerio de Salud.
Entonces hubo cambio de gobernador del Caquetá. Llego al mando Luis Francisco Ruiz Aguilar en representación de la coalición integrada por el Grupo Significativo Ciudadano "Revive Caquetá" y el partido Cambio Radical. El nuevo mandatario obtuvo una votación 72.489 votos.
Con una hoja de vida llamativa. Ruíz Aguilar es un médico. Fue alcalde de Cartagena del Chairá 2012-2015. Además, ocupó el cargo de gerente de la ESE Hospital Comunal Malvinas en Florencia, entre 2016 y 2019. Y justamente fue gerente de la ESE Hospital María Inmaculada desde 2020 hasta 2022.
Un vaso comunicante que se destapa ahora con la devolución de los dineros que está pidiendo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo y su equipo jurídico.
Líos en la convocatoria
Por la magnitud de la obra, contratistas, empleados, funcionarios, abogados y por supuesto, pusieron sus ojos en la convocatoria para contratar la obra que se convocó este año con varios reparos.
Un proceso contractual fue publicado sin las licencias necesarias para la ejecución de obras pública. Licencia de Construcción, disponibilidad de electrificación y permisos ambientales.
Además, se evidenció que no se contaba con la disponibilidad presupuestal total para la ejecución de la obra. Con otra perla, el mismo hospital indicó que: "Existe el riesgo de que un desequilibrio contractual en atención el presupuesto de obra publicado proviene de un proyecto presentado con mínimo tres años de antelación y sumado a que la ejecución del mismo será de 27 meses, ello conllevará a que, con ocasión a la inflación, variaciones de mercado y otros factores se llegue al punto en que el proyecto quede desfinanciado".
Pliegos sastre
Sin embargo, esas serían algunas de las fallas detectadas. En el fondo las vueltas contractuales para sacar adelante el proceso se hicieron en tan solo cinco días.
"Resulta totalmente reprochable que en (SIC) solo se de cinco días hábiles desde que se publicaron los términos de referencia hasta la fecha de entrega de propuestas. Lo anterior, es aún más grave si se evidencia que se exigen 12 contratos para acreditar la experiencia y 14 hojas de vida como requisito habilitante. A su vez, si quiere contar con el puntaje de factor de calidad como requisitos ponderables, deberá contar con hasta 30 contratos adicionales a los 12 anteriores. (...). Y sumado a ello debemos indicar que 22 de abril de 2024, es decir solo 2 días antes de la fecha límite para la presentación de las propuestas, el Hospital modificas sustancialmente las condiciones de experiencia y hojas de vida requeridas y no adenda u amplia el cronograma apara recepcionar propuestas", resalta uno de los diversos documentos denunciando fallas en el proceso conocido por la Agencia de Periodismo Investigativo, API.
Por ahora, es un misterio quienes son los contratistas a los cuales iban dirigidos las especificaciones del proceso, las modificaciones en el caso y la agilidad, poco usual en el sector público nacional y regional para surtir este tipo de procesos millonarios.
Respuesta de la gerente
Ante la situación, Cindy Vargas la gerente de la ESE y el gobernador Ruíz Aguilar hicieron el pasado 21 de mayo un pronunciamiento oficial frente al proceso al considerar que todo marchaba viento en popa.
En concreto expresaron que: "el ministerio de Salud ratificó el apoyo al proceso precontractual para la construcción de la nueva torre".
Según informaron Vargas y Ruíz, en reunión virtual con el ministerio de Salud se desvirtuaron todos los señalamientos.
“Se presentaron todas las evidencias que prueban la transparencia y legalidad de cada uno de los procesos desarrollados para tal fin, dejando sin peso jurídico las pretensiones de detener la ejecución del proyecto, perjudicando de esta manera, los ideales de mejorar la calidad en la prestación de los servicios en salud que se brindan a los caqueteños. Es así, como se logra la continuidad del proceso y se garantiza a la comunidad en general las buenas gestiones de la abogada Cindy Tatiana Vargas”, refirió un comunicado expedido por la ESE.
Gobernador salpica a congresista
En cuanto al gobernador Ruíz en mensaje conjunto con la gerente se señaló: "Luis Francisco Ruiz Aguilar, como presidente de la junta directiva de la ESE, dirigido al Ministerio de salud, Superintendencia de Salud y a la procuraduría General de la Nación, mediante el cual solicitan sean investigadas las actuaciones por parte del Representante a la Cámara del Caquetá John Fredy Núñez Ramos".
Según el mandatario regional, el proceder del parlamentario en detrimento de la salud de los caqueteños está generando pánico entre la comunidad, proponiendo una intervención administrativa a la ESE.
Y argumentó: "Estas pretensiones serían el acabose de una institución financieramente sana y con proyecciones ambiciosas en favor del sector salud en Caquetá, por consiguiente, lo invita a dejar de ejercer presión en pro de intereses personales y hace el llamado a él y los demás representantes de los caqueteños ante la cámara, para que sumen esfuerzos y logren la recuperación de una cartera de más de $64.000 millones, que se le adeudan a la fecha, al hospital por servicios prestados".
Lo evidente es que aunque tanto la gerente como el gobernador aseguraron que el proyecto iba viento en popa con transparencia y legalidad avaladas por el ministerio de Salud, la propia entidad expidió una comunicación este 13 de junio en donde por instrucciones del propio ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, deben devolver los $89.226 millones que el gobierno destinó para ampliar el hospital.
En medio de intereses cruzados se define la puja entre contratistas y gobiernos local y nacional, en una institución asistencial clave, en momentos en que la seguridad y el orden público en el país se siguen deteriorando.
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