La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD, se convirtió en referente de corrupción en Colombia. Esto tras la delación de su ex subdirector Sneyder Pinilla sobre el pago de millonarios sobornos a los presidentes del Senado Iván Name, $3.000 millones y de la Cámara Andrés Calle $1.000 millones, entre otros políticos encartados.
A ello se suma la declaración este domingo de su ex director Olmedo López quien aseguró que solo seguía órdenes y que va a contar toda la verdad si tiene protección y garantías. Anunció además su intención de suscribir un principio de oportunidad con la Fiscalía para delatar a todos los que participaron en la indebida operación.
Un esquema de sobornos que, según los implicados, buscaba la aprobación de las reformas requeridas por el gobierno Petro con la participación de la consejera presidencial Sandra Ortiz, el secretario de Transparencia Andrés Idárraga y al menos 15 congresistas cuya identidad no se ha revelado aún.
Aunque todo se evidenció con la compra de 40 carrotanques para suministrar agua a la población en el departamento de La Guajira, de donde habrían salido los dineros de las coimas, este es apenas la punta del iceberg de un entramado de contratación a fin de pagar favores políticos.
Esto en una entidad como la UNGRD que tiene para este año 2024 un presupuesto de $1.7 billones y un nuevo director, Carlos Carrillo que llegó al cargo el 11 de marzo pasado. Un funcionario que adportas de completar dos meses en la entidad encontró un desastre contractual que denunció y esta tratando de superar.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API identificó 13.813 contratos ejecutados en los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro, varios de ellos de millonarias cuantías y cuestionables objetos, de donde podrían haber salido giros para satisfacer a congresistas, contratistas y funcionarios públicos.
El origen
Todo comenzó con la justificación de atender los estragos del fenómeno de La Niña en 2010, bajo la sombrilla legislativa del gobierno de Juan Manuel Santos. Por eso se creó el 3 de noviembre de 2011 la UNGRD; desde entonces se evidencia que la entidad encargada de anticiparse al riesgo y atender los desastres, es hoy la principal calamidad del país.
El fenómeno de la Niña que azotó la nación entre 2010 y 2011 afectó a 1’150.000 familias y generó daños a 1.5 millones de hectáreas sirvió de argumento para la creación de este monstruo de mil cabezas con autonomía financiera y administrativa adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Primeros contratos millonarios y polémicos
En su primer año, el del arranque, en la UNGRD se suscribieron 1.065 contratos que logró documentar la Agencia de Periodismo Investigativo, una vigencia relativamente modesta, al menos en cuanto ceros a la derecha.
Para 2012 el más oneroso fue un convenio Interadministrativo suscrito con el Ministerio de Cultura, por $63.105 millones, el objeto curiosamente fue desarrollar espacios de vida, consistentes en la rehabilitación o reparación o reparación y dotación de infraestructura publicas de carácter cultural afectadas justamente por el fenómeno de la Niña.
En los años siguientes el número de contratos y los ceros a la derecha se aumentaron. Por ejemplo, en 2018 se suscribió uno por $29.999 millones con Civiar Construcción y Consultorías SAS.
La empresa domiciliada en Bucaramanga y cuya representante legal fungía Dolly Johanna Calderón Díaz, su más reciente renovación en cámara de comercio data de 2022, sin embargo su inscripción en el registro único de proponentes fue cancelado en 2021.
Otro contrato que llama la atención fue uno suscrito en 2020 con una persona natural, Antonio María Puentes Sánchez por $96.163 millones. Su fecha de inscripción es de 1994 y desarrolla construcción de obras de ingeniería, carreteras, vías de ferrocarril y transporte de carga.
Así mismo llama la atención un contrato por tres meses suscrito con otra personal natural, Pablo Andrés Trujillo Gálvez por $22.224 millones con el propósito de realizar intervención correctiva para mitigar el riesgo de desastibilizacion de talud a través de la construcción de un muro de contención. Este contratista ha suscrito 13 contratos con el Estado todos con alcaldías del Tolima pero con cifras muchísimo más modestas.
Contratista de bebidas y ventiladores
Ese mismo año de la pandemia se firmó un contrato por $38.780 millones con la unión temporal Tapabocas UNGRD Owns, conformada por Arte Litográfico SAS con un 50%, One Work Shop SAS con el 28%, MB Tech de Colombia SAS con el 21% y Businnes Trading Commerce SAS con el 1%.
Una de las “perlas” de la contratación de ese año se llevó a cabo con la empresa UB S.A.S cuyo representante legal es Jairo Alberto Avellaneda Avellaneda, por $93.000 millones tenía que proveer 900 ventiladores. Sin embargo, las actividades económicas eran el comercio al por mayor de bebidas y tabaco, construcción de obras civiles entre otras.
Lo particular del asunto es que el último año renovado en cámara de comercio fue en 2021. En 2020 el Invima emitió una alerta frente a los ventiladores Eternity Justo los que entregó.
En ese capítulo especial en la historia del país que resultó ser los años 2020 y 2021 por cuenta de la pandemia fue la antesala de contratos millonarios. En el año fuerte del Covid-19 se suscribieron 1.485 contratos.
Empresa de carrotanques viejos conocidos
Ahora en las últimas semanas una caja de Pandora, en la que se perdió hasta la esperanza se ha descubierto en la entidad. Todo por la denuncia de la compra de 40 carrotanques que se adquirieron para llevar agua a La Guajira.
Desde que se descubrió que era una oda de corrupción han salido del gobierno Petro, su director Olmedo López, el subdirector Sneyder Pinilla, la secretaria general Adriana Castaño que fue reintegrada por orden judicial por fuero de maternidad.
Curiosamente en el listado de contratos Impoamericana, la empresa de los carrotanques, no es la primera vez que contrataba con la UNGRD. El rastro inicial de sus negocios en la entidad identificado por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, es el contrato 886 de 2019 por $766.9 millones y otro ese mismo año, el contrato 937 por $585.7 millones.
También, el 30 de enero de 2020 suscribió el contrato número 154 por $349 millones y en 2021, el 1619 suscrito el 3 de noviembre por $258.4 millones; uno más el 31 de mayo de 2022 por $975.3 millones; el 24 de junio de ese año por $298.3 millones. Y por supuesto, ´la joya de la corona´, la adquisición de los carrotanques por $46.800 millones, y donde según Sneyder Pinilla salió el dinero de los sobornos, a la espera de la declaración del exdirector Olmedo López.
El negocio de la maquinaria amarilla desde 2022 y otros
En el año 2022 los contratos con mayores ceros han sido varios.Un contrato suscrito en agosto de 2022 por $9.103 millones con la Unión Temporal Currulao 2022 para realizar un muro de contención y obras complementarias en la margen derecha del Río Currulao en el municipio de Turbo, Antioquia
Ese mismo mes se firmó una para obra pública por $16.878 millones con el consorcio Mitigación Arroyos Soledad y otro por $17.754 millones con Consorcio Pantallas de Alejandra.
Pero son los denominados contratos para el suministro de maquinaría amarilla, , es decir, el alquiler por horas de bulldozers, retroexcavadoras y grúas, entre otras maquinas, para mitigar emergencias por derrumbres en vias o localidades. Generan dudas no solo por sus millonarios montos y periodicidad sino por algunos contratistas y sus particularidades.
Por ejemplo, el 22 de julio de 2022 la UNGRD firmó un contrato por $96.481 millones con Constructora Caribe Norte SAS. Se trata de una empresa con domicilio en Montería y su representante legal es Yesid Sierra Fernández. Se constituyó en el año 2020 para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, carreteras, vías de ferrocarril, edificios no residenciales.
Mediante documento privado el 5 de diciembre de 2020, Leonardo Jalil David Orgosgoitia constituyó dicha empresa con un capital autorizado de un millón de pesos. El 12 de mayo de 2023 se constituyó una situación de control en favor de Yesid Alberto Sierra Fernández
Y es que en el año 2017 Orgosgoitia fue capturado por presuntas irregularidades en un contrato de recuperación de playas en los municipios de Tolú y Coveñas, Sucre. El contrato por $14.000 millones derivó en su procesamiento judicial pero quedó en libertad por orden del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Sincelejo.
Otra empresa afortunada
El 9 de septiembre de 2022 se suscribió un contrato por $1.043 millones con NRS Group SAS, dicha empresa está domiciliada en Cúcuta y su representante legal es Omaira Hernandez Vargas. Esta empresa firmó tres contratos más el 10, 14 y 22 de marzo de 2023 por $36.7 millones, $267 millones y $733 millones respectivamente.
Aunque hay que decir que no llegó con el gobierno Petro, pues en 2022 suscribió uno por $416.1 millones y otro a comienzos de 2022 por $1.005 millones, otro el 24 de junio por $1.274 millones.
La empresa tuvo la fortuna de firmar uno más el 9 de agosto por $998 millones, otro el 7 de julio de 2022 por $138.9 millones y los días 25 de julio y 8 de agosto de ese año por $680 millones y $706 millones respectivamente.
Otro en la extensa lista de contratos de la UNGRD es por obra pública y adecuación, entregado al Consorcio Canales Tierralta por $9.765 millones y uno por siete días entre el 8 y el 17 de agosto por $8.878 millones con la Unión Temporal Río SR 2022.
Adicionalmente, a mediados de diciembre de 2022 se entregó un contrato por $22.428 millones al Consorcio Canalización Suratoque, representado legalmente por Edgar Darío Delgado Rugeles para realizar una intervención correctiva en la quebrada Suratoque en el municipio de Piedecuesta, Santander.
Los fórmula de los convenios
En cuanto a los convenios, la UNGRD realizó uno con el Ministerio de Vivienda el 12 de enero de 2023 por $218.500 millones, otro con el Ministerio de Educación por $63.650 millones y días después el 19 de enero con la Agencia Nacional de Tierras por $201.584 millones.
Así mismo, con el Instituto Nacional de Vías por $120.500 millones, el Instituto Geográfico Agustin Codazzi por $9500 millones, el Fondo de Adaptación por $12.792 millones, Agencia Nacional de Infraestructura por $28.500 millones y hasta con Artesanías de Colombia $1.050 millones.
También aparecen convenios con el Ministerio de Salud por $7.789 millones, la Agencia Nacional de Desarrollo Rural por $50.446 millones, el Ministerio de las Tics por $5.853 millones y el Ministerio de Transporte por $3.800 millones.
Turismo, minas y un cuestionado
El 2 de diciembre pasado la entidad firmó un contrato de compraventa con la Agencia de Viajes Turismo Gold Tour SAS por $700 millones. Esta empresa hasta las actas más recientes sus socios eran Charles Morales Almonacid, Luz Stella Almonacid y Diane Lisette Morales Almonacid y data su constitución de 1997.
Uno de los contratos de los que se ha hablado es un convenio suscrito entre el 24 de febrero de 2023 y el 24 de octubre con el Ministerio de Minas y Energía por $12.933 millones.
Otra particularidad de la UNGRD es la compra de un bien inmueble en el municipio de Soratá, Cauca por $4.630 millones a Mauricio Salazar Lucio. Una persona con ese mismo nombre fue objeto de solicitud de un Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes por la abogada Lydia Nieto quien también lo era del cuestionado piloto Luis Guillermo Ángel Restrepo, pero en ambos casos fue negado.
Las fundaciones tienen lo suyo
En el caso de las fundaciones o entidades sin ánimo de lucro, la UNGRD parece tener una especial simpatía por dichas organizaciones y un especial estimación por unos nombres que se han repetido casi desde su creación.
Es el caso de la Fundación Puentes de la Esperanza que irrumpió en la entidad el 18 de mayo de 2012 con el contrato 432 para la prestación de servicios en la dirección, coordinación y supervisión del procesos de implementación de puentes peatonales de emergencia.
Ese primer contrato fue por $60 millones, pero luego el valor aumentó. En enero de 2013 suscribió uno por $306 millones, en diciembre de ese mismo año uno más por $887 millones y en enero de 2015 por $267 millones.
Cinco meses después obtuvo uno nuevo por $103 millones; a mediados de 2016 otro por $245 millones, además logró otro adicional por $105 millones, y así sucesivamente hasta llegar a 14 contratos que en total suman $3.409 millones
En una situación similar está la Fundación Siembra que apareció con un primer contrato en medio de la pandemia en junio de 2020 por $2.340 millones para el suministro de asistencia en La Guajira. Unas semanas después recibió otro, el número 564 de ese mismo año por $2.239 millones. En los meses siguientes fueron veintidós que suman $12.049 millones.
Esta fundación se constituyó en el año 2009, en una oficina en la calle 13 con carrera 9 en pleno centro de Bogotá. Allí se reunieron sus socias fundadoras Mardinoys Ramos Acosta y Zamira del Carmen Perea Mosquera.
Ramos Acosta es comunicadora social, trabajó como coordinadora de Sucre del Plan Colombia en 2003, luego en Incoder y de allí constituyó la fundación; en 2009 hizo campaña a la Cámara de Representantes pero no resultó elegida.
Más carrotanques
La Agencia de Periodismo Investigativo, API evidenció en documentos en su poder que en la vigencia de 2024 aparece en trámite suministro de carrotanques por $1.927 millones con la Asociación de Autoridades Tradiciinskes de La Guajira Jekety Akuaipa. Además se registra un contrato por $9.349 millones con CI Alliance SA, Servicios y Construcciined Inderau SAS por $790 millones.
También aparece vigente un contrato de suministro, logistica y entrega de kit de ayuda alimentaria con la Corporación Gobernanza Integral por $5.620 millones; la interventoría del contrato suscrito por calamidad en Girón, Santander por $196.194 millones con la Unión Temporal Inter B&V, este sería uno de los contratos que anunció el presidente Gustavo Petro se suspenderían los giros.
De igual forma, la UNGRD contrató para el suministro de maquinaria amarilla por $6.761 millones con Ingeniería y Gestión de Mantenimiento Colombia SAS-IGM Colombia SAS para el suministro de horas de maquinaria amarilla y volquetes en Fosca, Cundinamarca.
Así mismo, se registra el contrato 1332 de 2023, firmado el 20 de noviembre de 2023 por $149.853 millones con la Unión Tempotal Eycnew-Riesgo 2023 para prestar el servicio de monitoreo a las plataformas base de seguridad y tecnologías de la información así como la adquisición de equipos Forrigate 600.
Un día clave de 2023
El 10 de octubre de 2023 aparece como una fecha en la que se perfeccionaron 166 contratos de personas naturales y jurídicas y un gran número de estos también como fecha de inicio.
Estos de todo tipo de valores, desde $54 millones de personas naturales hasta uno por $300 mil millones con una empresa de Montería, Pupo & Sofan Building SAS para suministro por horas de maquinaria amarilla en el municipio de Simacota, Santander por calamidad pública declarada en septiembre de 2021 y prorrogada en marzo de 2022.
Esta sociedad fue constituida mediante documento privado en septiembre de 2015, el objeto social es todo tipo de obras civiles, presas, diques y muelles hasta mataderos, accesorios textiles y planificación familiar. El capital autorizado fue de $4200 millones, uno de los socios fundadores fue Insumos Agrícolas Ltda Insuagros Ltda representada por Álvaro Antonio Sofan Guerra y la cual estaría representada por Christian Paul Pupo Nader.
Actualmente los socios son Christian Paul Pupo Nader y Pupo Sofan SAS con el 50%. Este es un prolijo contratista que ha integrado consorcios como Acueductos de Ibagué obra que fue objeto de múltiples cuestionamientos.
El 20 de noviembre de 2023 aparece el perfeccionamiento del contrato para maquinaria amarilla en el municipio de Aguadas, Caldas, cuya declaratoria de normalidad fue en 2018 y en 2019 en Mayo se declaró el retorno a la normalidad. Sin embargo se entregó un contrato por $11.859 millones a NVP Ingeniería SAS cuyo último año renovado según el Rues fue en 2021.
Más maquinaria amarilla y varios
También en noviembre se realizó un contrato de compraventa con la Unión Temporal ATG AHE para la adquisición de elementos como kits de cocina, colchonetas, toldillos etc por $8.044 millones; suministro de gigas de maquinaria amarilla para el municipio de Silvania, Cundinamarca por $19.396 millones con la firma Inversiones Ivanesca SAS.
El mismo objeto de horas de maquinaria amarilla para el Casanare por una calamidad que se decretó en 2021, se contrató el 20 de noviembre de 2023 por $46.671 millones con Gestión y Consultoría Ambiental Geycam Ltda.
Un mes prolífico para todo tipo de contratos. Realizar obras correctivas en Río Magdalena corregimiento Puerto Serviez por $73.964 millones con la Unión Temporal Puerto Serviez Río Magdalena; obras similares en la quebrada La Sepultura en Cantagallo, Bolívar $35.706 millones con el Consorcio Dique Bolívar; canalización.
Adicionalmente obras complementarias del municipio de Girón por $37.383 millones con el Consorcio Asovisolan; muro de contención en Carepa, Antioquia por $7.012 millones con el Consorcio Carepa AP-BT y para el municipio de Oiba por $37.388 millones con el Consorcio Prosperidad Oiba.
A estos se suma el suministro de maquinaria amarilla para Aguadas, Caldas tras declaratoria de emergencia en 2018 y regresó a la normalidad en 2019 pero con contrato en noviembre de 2023 por $11.859 millones.
En todos los casos se debera investigar si muchas de las firmas contratistas tienen como aliado algun político nacional, regional o local que gestiona los contratos en la UNGRD a cambio de gestiones legislativas con los gobiernos.
A ello se suma que la defensa de los dos primeros implicados Sneyder Pinilla y Olmedo Lòpez esta en cabeza del exdirector anticirrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno, condenado en Colombia y Estados Unidos por corrupción y quien fue eje del denominado ´Cartel de la Toga`al recibir sobornos y posteriormente delatar a magistrados y politicos. Junto con su hermano José Moreno Caballero entrarán en una compleja negociación con la Fiscalia por su experiencia.
Este es solo un abrebocas de algunos de los contratos más curiosos de la entidad que se convirtió en un riesgo en sí mismo y que pondrá a dar más de uno explicaciones en Fiscalía, Procuraduría y Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto el país seguirá padeciendo desastres y emergencias que se pueden prevenir y mitigar si los recursos públicos no se refundieran en bolsillos y maletines.
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