En plena pandemia, cuando el país cumplía sus primeros catorce días de confinamiento obligatorio y el Ministerio de Salud había reportado 2.852 contagios y 112 decesos, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, suscribió con el Consorcio Infométrika- Epypsa Seguridad Vial, un contrato por $1.296 millones para realizar una encuesta presencial sobre seguridad vial.
Se trata del contrato de consultoría 090 de 2020, que tiene por objeto indagar sobre las creencias, actitudes y comportamientos de los colombianos en las vías del país.
Los bemoles del acuerdo son varios. Además del cuestionamiento por la fecha de inicio del mismo, es decir en plena pandemia, así como el gasto millonario de recursos, se conoce en momentos en que casi todos los sectores piden ayuda económica al gobierno para pagar arriendos, nómina y hasta alimentos.
El contrato establece la realización de 200 encuestas presenciales en 120 municipios. El plazo de ejecución vence en septiembre, un mes que si bien es cierto, el Ejecutivo ha fijado como fecha tentativa para finalizar la emergencia sanitaria por Covid-19, esta no es exacta, ya que está sujeta al comportamiento del virus en las próximas semanas.
Un convenio con otras particularidades. Una de ellas es que está se realizará de manera presencial a los mayores de 16 años. “La encuesta será aplicada a cada una de las personas integrantes de los hogares que se encuentran en la unidad de vivienda”.
Sin embargo, desde el 25 de marzo, el país ha estado en confinamiento obligatorio, por cuenta de la declaración de Emergencia Económica, Social y Ecológica por parte del presidente Iván Duque, implementada mediante la expedición de 120 decretos.
En estos, se prohibió, entre otros, la circulación de vehículos, peatones, motociclistas en actividades no esenciales. Adicionalmente, escuelas, colegios y universidades desarrollan pensum de manera virtual y por cuenta de la cuarentena nadie ajeno a los hogares puede ingresar.
El consorcio que suscribió el contrato lo integran las empresas Consultores en Información Infométrika SAS con un 60% de participación y la firma Epypsa Colombia S.A quien tiene el 40% del negocio.
La primera, es una empresa constituida mediante documento privado el 11 de diciembre de 2007 y cuyo objeto principal es la realización de estudios y proyectos a entidades públicas y privadas.
Con un capital autorizado de $140 millones, a diciembre de 2018, ya tenia un activo corriente de $4.218 millones. Ha sido exitosa en contratos similares pues ha reportado 178 contratos con entidades públicas y de economía mixta como el Fondo de Tecnologías de la Información y Comunicación, Metrovivienda, Sena-Centro Agropecuario La Granja en El Espinal, Departamento de Planeación Nacional, entre otras entidades.
Pero este no es el único contrato suscrito por la Agencia de Seguridad Vial, en momentos donde la economía del país tambalea por cuenta de la pandemia.
El pasado 15 de abril, la Agencia de Seguridad Vial suscribió otro contrato. Se trata del 049 de 2020 para realizar actividades experenciales en seguridad vial para los diferentes sectores viales, especialmente para motociclistas, “con el fin de fomentar la seguridad ciudadana y el conocimiento en seguridad vial”.
El valor de dicho contrato fue de $1.344 millones y con un plazo de ejecución de cinco meses. La firma encargada de estas experiencias de cultura ciudadana, cuando la circulación está limitada, es Arisoft Seguridad Vital SAS.
No obstante, este contrato es solo para la zona uno, es decir la comprendida por los departamentos de San Andrés, Bolívar, Córdoba, Sucre, Atlántico y Magdalena, con significativa afectación por coronavirus.
Como requisitos logísticos se exigió una carpa de cuatro metros, computadores, dos televisores de 50 pulgadas para proyectar a los motociclistas, videos institucionales con cifras de siniestralidad del municipio, así como, material institucional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
De igual forma, el contrato contempla que se debe recopilar como información del conductor, además del nombre completo, edad, sexo, lugar donde trabaja, es necesario preguntarle si utiliza la moto para trabajar y hace cuanto la conduce, establece el convenio.
Este mismo ejercicio se realizará en otras tres zonas del país. Cada una con un contratista diferente y a quienes se les pagará también $1.344 millones.
Soluciones Mecánicas Globales SA en reorganización se encargará de la zona 2 que corresponde a los santanderes, Boyacá y Llanos Orientales.
Por su parte, de la zona Centro se encarga P y V Ingeniería SAS. En 22 municipios de seis departamentos tendrá la obligación de realizar 24 actividades a 66.800 personas.
Sin embargo, muchos de estos municipios como Chía, Mosquera, Funza, Soacha, Fusagasugá, Girardot, entre otros, se demorarán aún más en retornar a la vida normal teniendo en cuenta el número de casos reportados de Covid-19.
Por último, Urbavial Urbanismo y Movilidad con Seguridad Vial SAS por $1.344 millones se encargará de la zona 4. 20 municipios en los departamentos del sur del país.
Otro contrato suscrito en plena cuarentena, con tráfico limitado, vías cerradas y sin niños en los colegios fue el 075 de 2020. Tiene como objeto, caracterizar el transporte escolar, “con el fin de identificar factores de riesgo en el transporte de niños, niñas y adolescentes”.
Por $1.748 millones, la empresa Consorcio Seguridad Vial 2020 deberá en cuatro fases levantar información de campo en 50 municipios y 9.125 estudiantes, “a través de la aplicación de encuesta de movilidad escolar”.
También, en otros ocho municipios debe realizar un “estudio profundo” y finalmente 80 entrevistas a madres, padres, acudientes y hasta a adolescentes. Este último grupo focal, a pesar de las restricciones sobre tratamientos de datos que impone la Superintendencia de Industria y Comercio. Los plazos estipulados para entregar fueron de seis meses.
La Agencia de Seguridad Vial y su director Luis Felipe Lota, están bajo la lupa de los organismos de control desde el pasado mes de diciembre cuando el periodista Daniel Coronell reveló que esta entidad había suscrito un contrato con la Empresa Praesidium, la cual estaba vinculado Carlos Escobar, conocido como el hacker, para una campaña de seguridad vial por tres semanas y por $900 millones.
Al cierre de esta edición, Luis Felipe Lota, director de la Agencia de Seguridad Vial explicó la contratación, "los procesos en mención se iniciaron en el año 2019 y surtieron el trámite que determina las normas de contratación para las convocatorias abiertas, en el mismo sentido fueron adjudicados antes del inicio del Aislamiento Preventivo Obligatorio. Específicamente, el proceso de actividades experienciales para motociclistas se adjudicó el 5 de febrero de 2020, mientras el diagnóstico del transporte escolar se adjudicó el 28 de febrero del presente año, en la misma fecha que la encuesta territorial de seguridad vial".
El funcionario señaló que la siniestralidad vial no se ha detenido, de hecho, en lo corrido del Aislamiento Preventivo Obligatorio, según cifras preliminares de la policía de tránsito, infortunadamente han fallecido en Colombia 538 personas en siniestros viales, en el periodo comprendido entre el 25 de marzo y el 18 de mayo.
Ahora con esta nueva contratación y las restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19, la entidad encargada de prevenir y mitigar la accidentalidad en el país está de nuevo en el ojo del huracán.
