Paralizados por la pandemia de coronavirus, el pasado 8 de abril, el gobierno reactivó los proyectos de infraestructura a nivel nacional. De inmediato, miles de trabajadores volvieron a las obras. No obstante, varios olvidaron seguir el protocolo sanitario. Hoy algunas concesiones son objeto de cuestionamientos por alcaldes y pobladores quienes advierten riesgo de contagio por Covid-19.
Es el caso de la Transversal del Sisga, la denominada vía alterna al Llano. Una autopista que comunica a Bogotá con el departamento de Casanare, en una ruta nacional de 147 km y que, entre otros aspectos, ha sido objeto de debate por los nexos de algunos de los socios con la multinacional brasileña Odebrecht.
El descontento de los pobladores de los 17 municipios y tres departamentos del área de influencia de la Transversal del Sisga ya llegó a los estrados. Con una acción de tutela, un habitante del municipio de Sutatenza, Boyacá pretende que los trabajadores de la concesión no echen al trasto más de un mes de aislamiento obligatorio por cuenta del Covid-19.
Allí, son cuatro mil habitantes sin ningún caso de Covid-19. Una población que no se explica porque mientras han cumplido a cabalidad las disposiciones de los gobiernos nacional y local, y se han mantenido confinados en sus casas, la concesión ni siquiera coordinó el reinicio de actividades con la alcaldía de esta y otros municipios de la región. .
De hecho, tras la inclusión por parte del presidente Iván Duque en las excepciones de aislamiento obligatorio a las obras de infraestructura, el pasado 14 de abril regresaron a la obra decenas de trabajadores de la concesión vial.
Para sorpresa de habitantes de 17 municipios de la zona de influencia de la vía, llegaron sin tapabocas, sin guardar distancia social y sin protocolos mínimos.
“En el pueblo no salimos ni a la esquina de la casa, los niños llevan más de un mes confinados, pero en cambio los trabajadores si se la pasan en el casco urbano tomando tinto, fumando cigarrillo, sin ninguna protección, irrespetando la cuarentena de los demás”, asegura uno de los habitantes de la región.
Indignado y preocupado por el aumento de foráneos en la población, el pasado 22 de abril, el ciudadano de Sutatenza, Boyacá, Rodrigo Carrillo Ballesteros interpuso una acción de tutela en contra de la Presidencia de la República, los ministerios de Transporte, del Interior y de Salud. Una acción judicial en la que incluyó también a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI y a la Concesión Transversal del Sisga.
El demandante advirtió que amparado en el decreto 531 del pasado 8 de abril, la concesión reinició las obras públicas en la vía que conduce del Sisga hasta Agua Clara. “Con lo que se estimula el tránsito de personas provenientes de diferentes partes del país y al tener estos contacto con los trabajadores de la obra, a quienes dada la inmediatez del reinicio de sus actividades, es imposible que el concesionario los dote de elementos de bioseguridad y estos a su vez con los habitantes que deben movilizarse por el sector, ponen en riesgo la salud pública al fomentar el contagio masivo del virus”.
El Juzgado Penal del Circuito de Guateque, Boyacá, le dio la razón al demandante. Para el juez, las obras no se pueden reiniciar a cualquier costa, pues si bien el propósito de las excepciones presidenciales es la reactivación de la economía está no puede vulnerar derechos fundamentales.
“La reapertura de la actividad por parte de cualquier empresa no se puede darse de manera aislada e inconsulta, si no debidamente articulada con las autoridades” manifestó el juez.
Y este fue precisamente el punto de quiebre. En la documentación remitida por la concesión al juez de tutela en la que intentó probar que sí cumplía con los protocolos, material de bioseguridad entre otros, no aportó ningún acta que demostrara que había coordinado el reinicio de actividades con el municipio de Sutatenza, atendiendo lo dispuesto en la circular número tres del ministerio de Salud.
El único soporte probatorio que recibió la alcaldía, según las pruebas que aportó al juez, fue un correo electrónico enviado el 20 de abril a las 4:40 pm en las que supuestamente remite protocolos de bioseguridad, pero los archivos no pudieron ser abiertos porque resultaron dañados.
“Lo que denota el desinterés de la empresa por reiniciar su actividad con responsabilidad, puesto que ni siquiera se preocupó por averiguar la suerte de su correo, mucho menos por convenir con el municipio el inicio responsable de la obra” señaló el juez en el auto que decretó la medida provisional.
El funcionario judicial también advirtió que el municipio de Sutatenza, la autoridad local con la que debió coordinar el reinicio de actividades, indicó que la concesión estaba permitiendo sin ningún control el tránsito de personas provenientes de diferentes partes del país e incluso del exterior, poniendo en peligro toda la región.
Con las pruebas que demostraban la despreocupación de la Concesión vial ante la pandemia, el juez ordenó como medida provisional la suspensión de la obra.
Sin embargo, la solución para la Concesión Transversal del Sisga, pareciera que llegó como caída del cielo. Un derrumbe a la altura del peaje en Machetá, Cundinamarca, puso contra las cuerdas a los más de quinientos mil pobladores de la zona.
El deslizamiento de tierra, en el punto PR 23+750 sector Machetá-Guateque, en la ruta nacional 5607, aumentó la tensión entre la concesión, los alcaldes y los pobladores de una de las regiones más vulnerables para el Covid-19, en su mayoría pobladores de la tercera edad y por su precaria infraestructura hospitalaria, en donde gran parte de los municipios de la ruta sólo cuentan con centros de salud.
En el entretanto, la concesión amparada en la medida cautelar decretada por el juez de Guateque no ha removido el alud, en consecuencia el paso de la vía que completa varios días cerrada. Camiones con alimentos, semovientes, ambulancias y hasta los carros de bomberos no pueden transitar.
La reacción de la concesión ante este evento de fuerza mayor aumentó la indignación de los pobladores quienes días antes de registrarse el primer caso de Covid-19 venían manifestándose ante el anuncio del aumento del peaje de $8.500 a $13.500, convirtiéndose en el segundo más caro del país.
Mediante comunicado, la concesión expresó su postura oficial en el caso. “Vale la pena recordar que actualmente no solo hay tres acciones de tutela que han obligado al proyecto a paralizar los trabajos, sino que adicionalmente algunas autoridades locales no permiten que la concesión retome sus labores de obra. Es importante reiterar que las labores de operación y mantenimiento son fundamentales para la operatividad de la vía”, puntualizó.
En virtud de la contingencia, el juzgado revocó la medida provisional y permitió que la concesión utilizara la maquinaria para restablecer el paso, sin embargo, persiste el bloqueo de la vía.
Uno de los habitantes de la zona, indignado manifestó que la concesión está usando a su favor el deslizamiento de la tierra, así como las acciones de tutela interpuestas por la comunidad, para evadir la discusión de fondo.
“Acá el punto es que mientras nosotros llevamos más de un mes encerrados en la casas, sin devengar ningún ingreso y acatando todo porque en la zona ya hay tres casos de coronavirus, dos en Tenza y uno en Garagoa, los trabajadores de la concesión de la pasan en la vía, sin tapabocas, sin lavarse las manos, echando tinto, labia y chistes”, indicó uno de los habitantes.
El descontento de los pobladores se da en momentos en que el país ha empezado a reactivar paulatinamente algunos sectores de la economía como construcción, manufacturas y juegos de azar, al tiempo que el país ya está llegando a los 6.000 contagios y superó la barrera de los 200 fallecimientos por cuenta del virus.
