Con una imputación anunciada por falsedad ideológica en documento público contra el alcalde de Popayán Juan Carlos López, al omitir información sobre su estadía en varios países que generó riesgo en propagación del virus al alto gobierno, alcaldes y gobernadores; 51 investigaciones en curso contra otras personas por violación a medida sanitaria y la vigilancia en la ejecución de $15 billones destinados por el gobierno en el marco de la emergencia económica derivada del coronavirus, la Fiscalía acaba de reformar su estructura a fin de vigilar la pandemia del Covid-19, impedir desvío de recursos y prevenir contagios mayores.
Una directriz que surgió el 31 de marzo cuando en el Grupo de Asignaciones Especiales del ente acusador, la vicefiscal (e) Martha Janeth Mancera, radicó un documento interno mediante el cual anunció que la entidad se encontraba estructurando la estrategia nacional contra la corrupción de casos relacionados con la pandemia del coronavirus en el país.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API, conoció que, por ahora, las primeras indagaciones sobre manejo de recursos de coronavirus corresponden a situaciones que se están presentando en Cali y en los departamentos de la Costa Atlántica, Antioquia, Eje Cafetero, Santander y Tolima.
Por ejemplo, Pereira está adportas de entregar un contrato por $1.600 millones para fortalecer acciones sanitarias. La gobernación de Sucre, ofertó paquetes nutricionales y de aseo por $14.868 millones. En el caso de Medellín, firmó un convenio interadministrativo de cooperación por $.8055 millones con el propósito de desarrollar acciones de respuesta y mitigación de la pandemia.
La gobernación de Antioquia también firmó un contrato por $2.642 millones para vigilancia epidemiológica del Covid-19 y otro por $272 millones a fin de hacer un plan medios de comunicación por el coronavirus. En Cúcuta se investiga porque, en plena crisis epidemiológica, se pagaron $58 millones para hacer un libro digital con la historia del hospital Erasmo Meoz.
Otro capítulo se refleja en las adquisiciones en las alcaldías locales en Bogotá. Para mitigar la pandemia la alcaldía de Los Mártires adjudicó un contrato por $600 millones. Con objeto similar, el Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria entregó $190 millones a un contratista.
A estas contrataciones se suman los cuestionamientos en contratos por $1.020 millones para campañas de comunicaciones en el departamento del Tolima y $743millones en un call center por tres meses.
También están en la mira otros contratos en Neiva. Uno por $500 millones para búsqueda de apoyos de la comunidad internacional y otros tres que suman $945 millones para comunicaciones y fomento de empleo. Al igual está en la mira el pago de $246 millones en cartillas autorizado por la gobernación de Santander, estos últimos evidenciados por la periodista Salud Hernández.
En este contexto, la vicefiscal conformó un grupo de tareas especiales y efectuó la variación e hizo la asignación especial de una investigación radicada bajo el número 202050036, por sus nueve dígitos finales, correspondiente a la noticia criminal que se abrió en contra del alcalde de Popayán, Juan Carlos López. Esto, según la revisión realizada al Sistema Penal Oral Acusatorio, Spoa, en donde aparecen los procesos que tramita la Fiscalía y sus movimientos.
Así mismo, asignó un grupo de tareas especiales que según explicó la vicefiscal en la entidad, tiene como objeto, “desarticular organizaciones criminales creadas (o aprovechando estructuras delictivas previas) para esquilmar los recursos destinados para atender la epidemia”.
Una misión de investigar la gestión pública y privada por el coronavirus, con la aprobación del fiscal general, Francisco Barbosa en acuerdo la vicefiscal que quedó en cabeza de Deiby Alfredo Cáceres Naranjo, actual fiscal delegado ante los jueces penales del circuito especializado, adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción, un funcionario de trayectoria en la institución.
Según cifras parciales del ministerio de Hacienda, el gobierno ha destinado por ahora cerca de $15 billones para atender la contingencia derivada de la pandemia. Además expidió la reglamentación que hace más expedito el flujo de recursos y la contratación, a través de la declaratoria de urgencia manifiesta.
Una circunstancia que genera alto riesgo en la aparición de carteles de contratistas o empresas sin la trayectoria o experiencia específica para suministrar productos o servicios requeridos por el Covid-19.
En este sentido y al enviar un mensaje anticipado al país sobre la probidad en el manejo de los recursos, el viernes pasado, el fiscal Francisco Barbosa, el contralor Felipe Córdoba y el procurador Fernando Carrillo anunciaron el programa, “Transparencia para la emergencia”, mediante el cual vigilarán conjuntamente los recursos de la pandemia.
“No vamos a permitir que los recursos de los colombianos, necesarios en este momento para enfrentar la emergencia, terminen en los bolsillos de los corruptos”, señalaron los tres funcionarios en una comunicación pública.
El contralor general Felipe Córdoba, instó en las últimas horas a las entidades del orden nacional y departamental para que entreguen información detallada sobre la contratación y la ejecución de los recursos destinados por las administraciones locales para atender la pandemia. De hecho, los reportes del organismo de control dan cuenta que pocas entidades han suministrado la información.
Al respecto, el contralor Córdoba, indicó a la Agencia de Periodismo Investigativo, API, “Se les ha pedido la información dos veces, estamos adportas de abrir procesos de suspensión. Si no la reportan se les puede suspender del cargo a los responsables hasta por 180 días”, puntualizó el funcionario.
A su vez, el procurador Fernando Carrillo sentenció, “Esta emergencia no puede ser la feria de los corruptos”. Y reiteró a través de su cuenta en la red social twitter, “Esto es un asunto de vida o muerte, por duro que suene. Todos debemos trabajar en una sola dirección para sacar adelante a Colombia y evitar que los corruptos se aprovechen de esta emergencia”.
Y es que los antecedentes en el manejo de recursos cuando se han presentado tragedias naturales, otro tipo de eventos catastróficos o emergencias en diferentes gobiernos, no han dejado las mejores experiencias y en varios casos impunidad.
En 1.979 cuando se registró un terremoto en Tumaco. Un fenómeno natural que se repitió en Popayán en 1.983, la avalancha de Armero en 1.985 y otro terremoto Armenia en 1999, junto con la crisis del sector financiero para esa misma época.
A estos fenómenos se suma la avalancha del río Páez en 1994, los estragos de la ola invernal en 2010 y 2011 y más recientemente, en 2017, la tragedia ocasionada por las lluvias en Mocoa (Putumayo), que aún no repara el desastre de una ciudad que quedó destruida. Con un denominador en todos los casos, según los archivos revisados, ningún condenado y millonarios recursos públicos que se esfumaron.
Por eso, la Fiscalía quiere evitar que la historia se vuelva a repetir y se reestructuró rápidamente para afrontar el Covid-19. Además de la conformación del grupo especial y la designación del fiscal coordinador, fueron nombrados para apoyar la tarea otros cuatro fiscales de apoyo que operan en las seccionales de Valle, Bolívar, Santander y Risaralda, asi como otros dos fiscales adscritos a la Dirección Especializada contra la Corrupción.
En concreto, además de los casos obtenidos ya, se definieron iniciativas propias de investigación del ente acusador y otras referidas de la Procuraduría y la Contraloría, que tendrán el apoyo del CTI y la Dijin e Interpol de la Policía, con los delegados el capitán Julián Andrés López y el teniente Víctor Daniel Murillo.
Una vez obtenida la información se debe establecer si se trata de casos de corrupción relacionados con desvíos o malversación de recursos públicos para mitigar la pandemia o si se trata de recursos con destinación específica que se usen y en donde se tipifiquen recursos contra la administración pública o conexos, resalta una resolución expedida por la Fiscalía, el dos de abril.
Posteriormente, se definió que le corresponde a este nuevo grupo determinar si se trata de un caso de connotación nacional o local para luego determinar los presuntos responsables como alcaldes, secretarios departamentales, secretarios distritales o municipales, particulares o no aforados. De lo contrario, en este último caso se compulsarán copias a la Corte Suprema de Justicia.
Un esfuerzo institucional al que se sumaron los ministerios de Salud y Hacienda, el Instituto Nacional de Salud, Invima, Superintendencia Nacional de Salud, el Inpec y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias forenses.
Tarea de vigilancia a los recursos que se complementa con la judicialización de las personas que incumplen las medidas sanitarias. De hecho, en el departamento del Tolima fueron imputadas cinco personas que no acataron las disposiciones sobre aislamiento. Lo propio sucedió con cuatro reincidentes en Bucaramanga, dos en Ibagué y otros 15 en Medellín, Fredonia, Sonsón, Santa Rosa de Osos y Briceño.
Al respecto, el fiscal general Francisco Barbosa ha señalado que las personas que infrinjan las medidas sanitarias o propaguen la epidemia pueden incurrir en penas que van desde los cuatro a los diez años.
La cruzada para reducir los estragos del Covid-19 avanza, una misión que además busca hacerle frente a los infractores de medidas sanitarias y a aquellos que hacen uso inadecuado de los recursos públicos. Una tarea para la que se reestructuró la Fiscalía y se unió con Contraloría y Procuraduría.
