Un mes después de que Andrés Mauricio Mayorquín Bocanegra, el hasta hace pocas horas asesor político y legislativo de la jefe de gabinete del presidente Iván Duque, María Paula Correa suscribiera un contrato de prestación de servicios con el Senado de la República y otro con la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas, constituyó junto con su esposa Karen Liseth Vaquiro la empresa Link Consultores SAS con un capital suscrito y pagado de $10 millones, pero con un capital autorizado, es decir con una meta accionaria de $1.000 millones.
La sociedad se constituyó mediante documento privado el 23 de febrero de 2019, el objeto de la misma es el servicio de asesoría y consultoría empresarial privada y pública en casi todas las áreas, desde jurídica y financiera hasta marketing estratégico o mercadeo, así como el novedoso coaching empresarial y la intermediación comercial.
Los accionistas decidieron que el domicilio de la sociedad sería en la transversal 65 con calle 59 sur en el sector de Tunjuelito, Bogota. En un apartamento de 64.4 metros cuadrados en el Conjunto Santa Elena Reservado donde curiosamente en otros inmuebles funcionan cinco empresas más que ofrecen todo tipo de bienes y servicios desde médicos hasta transformación de productos de búfalo.
El inmueble donde funciona Link Consultores fue adquirido por los esposos a finales de diciembre de 2016 cuando Mauricio Andrés Marroquín se desempeñaba como docente de la Universidad de La Sabana.
Así mismo, en el artículo 17 del documento de constitución determinaron que por un término de cinco años las acciones de Marroquín y Vaquiro no podrían ser transferidas a terceros, a menos que así lo decidieran los dos. También establecieron que los dos serían los representantes legales de la firma.
En su hoja de vida, Mayorquín Bocanegra, el otrora mano derecha de María Paula Correa se presenta como abogado y administrador de empresas de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Sergio Arboleda y Magíster en Derecho de la Empresa y Negocios también de la Universidad de La Sabana.
Asegura tener experiencia en temas constitucionales y asesoramiento legislativo en procesos como marco jurídico para la paz y el estatuto de la oposición.
Como experiencia laboral incluyó, además de ser asesor externo de la Presidencia de la República, consultor de Link Consultores SAS, ello entre abril y octubre de 2019, aunque esta última fue omitida en la hoja de vida de la Función Pública.
También agregó que fue asesor de la dirección general de la Unidad para las Víctimas, asesor del Senado, asesor de la Mesa del año del Plebiscito por La Paz, auxiliar de evaluación jurídica y financiera en el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, y administrador en la Alcaldía Local de Teusaquillo.
Según las bases de datos de la oficina de Talento Humano del Senado de la República, a noviembre de 2018, Mayorquin se desempeñó como profesional I de la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces senador con influencia en Cundinamarca, Jhon Milton Rodríguez González pero también fue asesor de la senadora del Partido Centro Democrático María del Rosario Guerra.
Sin embargo, tras la publicación de este reportaje la senadora Guerra en un mensaje a través de su cuenta en la red social twitter aseguró que: “Falso. Andrés Mallorquín nunca ha trabajado conmigo, ni ha hecho parte de mi UTL. Lo conocí cuando laboró en el Congreso con un senador del partido @ColJustaLibres. El portal Agencia de Periodismo Investigativo miente y confunde a la opinión pública”.
No obstante, un directivo de una entidad oficial, quien desde hace varios años maneja las relaciones con el legislativo, reiteró que observó en el Congreso a Mallorquín en varias sesiones haciendo trabajos para la parlamentaria. “Yo lo vi trabajando con ella en el Plan Nacional de Desarrollo del año 2018. Entre otras labores, le pasaba las proposiciones, revisaba, cuando ella era ponente”, indicó el actual funcionario.
Esa, en concepto de fuentes consultadas, fue la plataforma para saltar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República como asesor, un enlace de María Paula Correa al jefe de gabinete en el Congreso.
En poco tiempo, tal y como lo divulgó una investigación de Blu Radio, los contratos comenzaron a fluir, pero para su esposa Karen Liseth Vaquiro a quien Mayorquín empezó a recomendar cómo enlace en el Congreso a ministros, directores de departamento administrativo así como de altos funcionarios del Estado.
Según el listado divulgado por el medio radial fueron 24 contratos de prestación de servicios suscritos en menos de dos años que ascendieron a $1.245 millones. Entre ellos, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio del Deporte, Ministerio de Cultura, Ministerio de Justicia y del Derecho, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Autoridad de Licencias Ambientales, Anla, Aeronáutica Civil, Agencia de Desarrollo Rural, Icetex, ESAP, Alcaldía de Bogotá y Gobernación de Cundinamarca.
También suscribió un contrato con el Departamento Administrativo de la Presidencia. En el formulario de declaración de conflicto de interés diligenciado en 2021 aunque marcó la casilla de su estado civil, omitió diligenciar el nombre de su esposo.
En su hoja de vida, Vaquiro se presenta como economista de la Universidad Sergio Arboleda, graduada el 4 de mayo de 2017. Es magíster en ciencias económicas de a Universidad Nacional, graduada el 25 de junio de 2021.
En cuanto a su experiencia laboral, indica que fue analista financiera y de mercadeo de la empresa Sicpat SAS durante un mes y 29 días. Luego fue gerente de oficina del Banco de Bogotá durante un año, ocho meses y 25 días. De allí pasó a su propia empresa Link Consultores SAS, en la que asegura, apoyó la formulación de planes estratégicos para la consecución de las metas definidas por el Congreso de la República, con una duración de siete meses y 21 días.
Desde entonces suscribió sus primeros contratos en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS, el 246 de 2019 por un mes y cinco días. Luego en 2020, el 079 por diez meses y 16 días.
El año pasado, acreditó haber asesorado al Congreso a través de su empresa Link Consultores, por 6 meses y 25 días. Esta fue la experiencia que acreditó para obtener un contrato en la Escuela de Administración Pública, Esap.
En una de las primeras declaraciones que diligenció informó que en el año 2019 había recibido ingresos por $67 millones, tenía en su cuenta de ahorros $60 millones y sus bienes eran un inmueble avaluado en $80 millones, un carro de $12 millones y una moto de $3 millones y que había donado $4.250.000 a la Misión Carismática Internacional.
Evidentemente, su declaración de renta del año 2018, fue de un patrimonio bruto de 75’104.000, ingresos brutos por rentas de trabajo por $73’509.000.
Sin embargo, dos años después y gracias a la influencia de su esposo y a la firma de dos decenas de contratos, en el más reciente formulario que diligenció del pasado 3 de enero, en 2021 recibió $311’325.000 por concepto de honorarios y rentas.
Con una particularidad, el 11 de junio de 2021 la pareja reconocida por ser el enlace en el Congreso, Mayorquín como la mano derecha de María Paula Correa y Vaquiro como una eficiente contratista que en tiempo real podía conocer que estaba sucediendo en todas las comisiones del Congreso, adquirió un apartamento de 88 metros cuadrados por $511’226.000 cuya escritura fue elevada en la Notaría Cuarenta de Bogotá.
El mismo día del escándalo el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz emitió un comunicado asegurando que mediante resolución se había prescindido de los servicios de Mayorquin y que desde agosto de 2021 la oficina de Control Interno Disciplinario había abierto un proceso en su contra.
De otra parte, María Paula Correa aseguró desconocer lo que estaba sucediendo y en sus redes sociales manifestó que había cero tolerancia para quienes aprovechaban sus cargos en el Estado para favorecer intereses propios.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API, consultó a algunos miembros de entidades que contrataron los servicios de Vaquiro. Uno de ellos aseguró que su trabajo fue eficiente y siempre estaba dispuesta a responder a los requerimientos de los contratantes.
“Su trabajo es bueno, incluso estaba en proceso de renovación del contrato este año, lo que no sabía es que asesoraba a tantas entidades y de la participación de su esposo, Andrés Mauricio Mayorquín, el asesor de María Paula Correa”, indicó uno de los funcionarios.
Una versión de otro de los contratantes es que todo se pudo evidenciar por posibles denuncias de compañías de la competencia, dedicadas al asesoramiento legislativo y lobby que como mínimo cobran por su trabajo mensual $15 millones, a empresas del sector público y privado. A su vez, los servicios de Vaquiro, y en la sombra de su pareja, en varios contratos no superaban los $5 millones, en algunos casos también por su reducida experiencia y juventud de la mujer que no le permitían mayores honorarios.
Lo cierto es que cuando solo faltan pocos días para que comience la ley de garantías, el próximo 27 de enero, que impide la contratación directa después de esa fecha, varios funcionarios de diferentes entidades anunciaron que pese a que tenían lista la contratación de la empresa Link Consultores SAS, o de Karen Liseth Vaquiro, esta se canceló ante las denuncias.
Serán las autoridades las que definan si Mayorquin manejó información privilegiada para favorecer a su esposa y los negocios de su empresa; si utilizó su poder en la Presidencia de la República; si usó su relación con la jefe de gabinete Maria Paula Correa, si hubo tráfico de influencias o si tenía inhabilidades legales, porque en materia ética perdió la asignatura.
También le puede interesar:
