Tras siete años de incertidumbre judicial, David Zuluaga volvió a respirar tranquilo. La Fiscalía, en un documento de 36 paginas archivó la investigación en su contra por los delitos de espionaje, concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, uso de software malicioso y violación de datos personales.
Una decisión que le despeja el camino a su padre Óscar Iván Zuluaga, de quien se argumenta en varios sectores políticos, es el precandidato del presidente Iván Duque para sucederlo en la Casa de Nariño en agosto de 2022.
La causal que invocó el ente acusador para archivar la investigación fue el vencimiento del término de cinco años previsto en la ley de Seguridad Ciudadana 1453 de 2013, para formular la imputación u ordenar motivadamente el archivo. Se trata de una indagación que se inició en el año 2014, en medio de la contienda electoral entre Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga y bajo la administración del fiscal Eduardo Montealegre.
Los hechos que dieron origen a la investigación en contra de David Zuluaga se remontan al 5 de mayo de 2014, cuando a la Unidad de Reacción Inmediata del nivel central de la Fiscalía, llegó un anónimo en el que se aseguraba que Andrés Fernando Sepúlveda estaba monitoreado el proceso de negación de La Habana, a través de la interceptación de correos y extracción de documentos desde un edificio ubicado en la calle 93 b con carrera 17 en Bogotá.
En el escrito, de autor desconocido, también se aseguró que desde ese lugar se accedía de manera irregular a portales gubernamentales y se señaló a Sepulveda como un hacker que dirigía aquellas labores ilegales.
Igualmente, hizo referencia que Sepulveda era el esposo de Lina Luna, una actriz, hermana de la también artista Carolina Sabino y quien además ejercía labores de manejo de imagen y marketing político de varias campañas electorales desde su residencia ubicada al norte de la Capital. Ese mismo día, la Fiscalía 56 delegada ante el CTI ordenó una diligencia de registro y allanamiento que se surtió de inmediato.
Según el documento de archivo, Sepulveda le manifestó a los funcionarios judiciales que efectivamente la información que estaba en los computadores había sido extraída y modificada utilizando software malicioso mediante el cual ingresó a correos electrónicos y a redes sociales de terceros. La captura del denominado hacker fue realizada en flagrancia.
En el momento de su judicializacion Sepulveda advirtió que había sido contratado por Luis Alfonso Hoyos, el “asesor espiritual” de la campaña a la presidencia de Óscar Iván Zuluaga para, “atacar el proceso de negociación de paz”, que para ese momento se adelantaba con las Farc.
Aunque los investigadores de campo no encontraron un contrato de trabajo entre Sepulveda y la campaña de Zuluaga, en el interrogatorio que rindió el hacker aseguró que él mismo había sugerido no dejar ningún documento de vinculación por escrito, situación que fue acogida por Hoyos.
En las cuentas de campaña reportadas ante el Consejo Nacional Electoral tampoco se halló evidencia de pagos a Sepulveda. Sin embargo, por esos días, el hacker atravesaba una difícil situación económica pues debía más de nueve meses de arriendo de su vivienda.
A pesar de que no tenía otro empleo, apenas empezó a trabajar para la campaña de Zuluaga, Sepulveda canceló $16.000.000 correspondientes a cinco meses de arriendo de la oficina. Además, $4’721.000 por el mobiliario y $23.000.000 por los meses atrasados de arriendo de su vivienda, entre junio de 2013 a marzo de 2014. Es decir, los investigadores evidenciaron que en el primer mes de trabajo en la campaña, Sepulveda recibió $70 millones para solventar sus gastos.
Para ese momento David Zuluaga Martínez, fungía como representante legal de la campaña de su padre Óscar Iván Zuluaga, mientras que Luis Alfonso Hoyos tenía la calidad de gerente de la misma.
Aunque en un comienzo tanto padre e hijo negaron cualquier relación o vínculo con Andrés Sepulveda, luego en los interrogatorios realizados aceptaron que sí había trabajado en la campaña.
Con un hecho adicional que pasó desapercibido; Luis Carlos Sepulveda Ardila, hermano del hacker, luego de la captura, citó a David Zuluaga a través del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio a una audiencia de conciliación para lograr el pago de los servicios profesionales prestados por su hermano a la campaña presidencial. Gracias a esa conciliación se realizó el pago el 17 de julio de 2014, este hecho fue corroborado por el contador y los auditores internos y externos.
En la investigación en contra de David Zuluaga, además se anexó una grabación de una reunión a la que asistieron Hoyos, Óscar Iván Zuluaga y Andres Sepulveda,. Esta fue el 13 de abril de 2014 en el que el gerente de la campaña le pregunta al presunto hacker por las FARC, Timochenko y Romaña.
También reposa en el proceso, el interrogatorio presentado por Óscar Iván Zuluaga el 30 de enero de 2015. Allí señaló que los encargados de confirmar el equipo de campaña fueron su hijo David en condición de representante legal y Luis Alfonso Hoyos como gerente
Son más de 210 elementos materiales probatorios y evidencia física que reposa en dicho expediente pero con el que sólo resultó condenado Andrés Sepulveda, luego de una aceptación de cargos; pues Luis Alfonso Hoyos fue absuelto en primera y segunda instancia por la un juez de la República.
Una cadena de elementos que se inició con la declaración de Camilo Ballen, integrante del CTI quien precisó que recibió una llamada a la oficina de Reacción Inmediata del Nivel Central de la Fiscalía y luego recibió un sobre con un documento anónimo.
Además los informes de los investigadores de campo que revisaron las cámaras de seguridad de los alrededores de la sede de trabajo y la residencia de Andrés Sepulveda, lugares que fueron allanados.
También están los informes de laboratorio del material incautado, entrevistas realizadas por el director del CTI de entonces, Dany Julián Quintana a Rafael Reverth. Los interrogatorios que rindieron Juan José Rendon Delgado en el consulado de Colombia en Miami, Luis Alfonso Hoyos, la actriz Lina Luna Gutierrez.
Al proceso se adjuntó la inspección a la Federacion Nacional de Departamentos para establecer el vínculo con Sepulveda. Y un informe de uno de los investigadores de campo del 13 de junio de 2014 en el que se ordenó entrevistar a siete oficiales de la Policía Nacional para establecer en qué circunstancias conocieron a Sepulveda.
A estos se suma una carpeta con otra de las ordenes de policía judicial que en su momento emitió el fiscal del caso; copia de una investigación disciplinaria que inició la Policia alrededor del caso hacker. Mediante esta se indagó la presunta responsabilidad de varios integrantes de la institución en la entrega de información reservada como la “Operación Plan Cuadrantes” a Sepulveda. Uno de los implicados fue un teniente adscrito al CAI Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar.
Así mismo, se ordenó entrevistar al exviceministro de defensa, Rafael Guarín, hoy consejero presidencial para la seguridad, a fin de que explicara cómo y porqué un general de la Policía lo abordó y le hizo referencia al hacker Andrés Sepúlveda.
Incluso también se ordenó entrevistar a la madre del otro hacker señalado, Daniel Bajaña, un ecuatoriano que fue condenado en el caso y falleció el 9 de marzo de 2020, de haber recibido amenazas por parte de integrantes de la guardia del Inpec.
La comercialización de información reservada fue uno de los hechos que se evidenció en el proceso. Sepulveda, le entregó $50 millones al patrullero Jorge Figueroa de la Sijin para que le suministrara la base de datos del bloque oriental de las FARC.
Con el expediente más nutrido, el 5 y 6 de febrero de 2015 David Zuluaga rindió interrogatorio en New York, ante un funcionario de policia judicial que se desplazó a la denominada capital del mundo.
Luego de analizar el abundante material probatorio, la Fiscalía estableció que si bien David Zuluaga Martínez contrató a Andrés Sepulveda para que manejara la campaña publicitaria de Óscar Iván Zuluaga en redes, no existieron suficientes elementos materiales probatorios que lo comprometieran directamente con estos delitos.
El ente acusador advirtió que Andrés Sepulveda se negó a continuar sirviendo como testigo de la Fiscalía y sólo él podía confirmar o desmentir la participación y el conocimiento de estos hechos de Zuluaga.
Y aunque en la motivación de la Fiscalía se insiste que integrantes de la campaña a la presidencia de Óscar Iván Zuluaga determinaron a Sepulveda para que obtuviera y revelara información secreta, política y militar obteniendo bases de datos que están bajo reserva, como lo es la base de datos del Grupo de Atención Humanitaria para el Desmovilizado, GAHD, así como la base de datos del Grute, Grupo Antiterrorismo de la DIJIN, no se señala quiénes fueron los que según, el ente acusador, inducieron a Sepulveda.
A la fecha ningún integrante de la campaña ha sido condenado. Por el contrario Sepúlveda fue penado a diez años de prisión. Hace siete meses quedó en libertad y ha reiterado que fue víctima de intimidaciones, presiones y amenazas en su contra y su familia. También señaló a miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI de quienes afirmó, “le implantaron información con el fin de inducirlo a una posible comisión de un delito la da incriminarlo”.
Sin embargo, aún no queda claro de donde salieron los recursos para que Sepulveda comprara información reservada a integrantes de la Policía y Ejército.
Al respecto, David Espinosa, abogado de Óscar Iván y David Zuluaga señaló: “para esa època se atacó a la campaña presidencial con el denominado escándalo del “hacker”, lo cual no sólo incidió en los resultados electorales, sino que generó la apertura de una investigacion en contra del doctor Zuluaga Martínez. El penaiista Espinosa indicó que se logró el archivo del proceso contra David Zuluaga y que la Fiscalía reconociera la inexistencia de materiales para imputarle algún cargo previsto en el Código Penal.
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