Por: Norbey Quevedo y Ana Naranjo
Un soborno transnacional por alrededor de cuatro millones de dólares ha pasado de manera sigilosa. Sus protagonistas son dos firmas de seguros, una en Colombia y otra en Ecuador que involucra a funcionarios públicos de ese país.
Se trata de la empresa colombiana JLT RE Colombia Corredores Colombianos de Reaseguros, JL. Una compañía que cambió su razón social y ahora es Carpenter Marsh Fac Colombia Corredores de Reaseguros, CMF. Esta, en asocio con la estatal ecuatoriana Seguros Sucre, fueron protagonistas de una trama de corrupción con detalles recientes y ocultos que hoy divulga la Agencia de Periodismo Investigativo, API.
Una oscura alianza que se consolidó entre los años 2013 a 2019, cuando la empresa colombiana JLT sobornó a funcionarios de Seguros Sucre S.A, una compañía adscrita a la Corporación Financiera Estatal de Ecuador. Entramado que incluso, tuvo la intervención del Federal Bureau of Investigación, FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Según la investigación esta Agencia, los directivos que impulsaron la alianza son de Colombia, Panamá y Ecuador. El principal, Felipe Antonio Moncaleano Botero quien fungía como representante legal de la empresa de seguros colombiana.
Con él José Vicente Gómez Avilés y Roberto Heinert Musello, ejecutivos de la sociedad panameña Introductora de Negocios IHG. Ellos, ordenaron y pagaron en dinero y en especie comisiones a Juan Ribas Domenech y José Luis Romo-Rósales directivos de Seguros Sucre SA.
El propósito de las dádivas es que fluyeran los negocios y las relaciones comerciales entre las sociedades. En concreto, un sofisticado esquema de sobornos en el que participaron nueve empresas y cinco personas naturales.
Al respecto, la firma colombiana implicada explicó a la Agencia de Periodismo Investigativo, API, que, "este asunto se relaciona con un exempleado de JLT que se declaró culpable por acciones que tuvieron lugar entre 2014 y 2016, antes de la adquisición de JLT a nivel global en 2019 por parte de Marsh & McLennan. Los cambios societarios ocurridos en 2019, incluyendo el cambio de nombre y de control de la sociedad, obedecieron a dicha adquisición, la cual fue autorizada por las autoridades competentes”.
La historia se remonta al año 2013 cuando Seguros Sucre S.A seleccionó a la colombiana JLT como la firma corredora encargada de facilitar la colocación de pólizas de reaseguros del Ministerio de Defensa de Ecuador en el Reino Unido. Ese mismo año, fueron nombrados como representantes legales de esa compañía, dos personas ampliamente conocidas en Ecuador.
Uno de ellos fue Juan Xavier Ribas Domenech, nada más y nada menos que el exasesor del entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa. Con un detalle, Ribas asumió en la reaseguradora y en marzo de 2014, creó varias empresas en Panamá. De hecho aparece en los denominados Panamá Papers, conocido como la constitución de compañías de papel para hacer negocios que fueron cuestionados a nivel mundial.
El metodo de los sobornos
En el esquema elaborado, el Ministerio de Defensa de Ecuador y la Corporación Eléctrica de Ecuador, eran casi obligados a suscribir las pólizas con la empresa Seguros Sucre S.A.
Para ocultar la trazabilidad del dinero, y que éste no fuera asociado con Ribas Domenech, actuaron compañías de Colombia, Reino Unido, Ecuador, Panamá e Islas Caimán.
Estas fueron, JLT Colombia Wholesale Limited y JLT Specialty Limited constituidas en el Reino Unido. Las ecuatorianas Seguros Rocafuerte S.A, una compañía absorbida en 2017 por Seguros Sucre y también la compañía colombiana JLT.
Un sistema que se completó con las empresas panameñas Compañía Introductora de Negocios IHG, Domvic S.A y Latam Re 2, Inc. Con otra empresa determinante en el pago de sobornos, la intermediaria Latín American Reinsurance Consultants de Islas Caimán.
Todo el aparataje empezó a funcionar para mimetizar los sobornos; directivos, empresas y flujos de dinero por la compra de millonarias pólizas de reaseguros, en el rentable mundo del sector defensa.
Pero el tema se complicó cuando Ribas Domenech y José Luis Romo Rosales, quien había sido nombrado como gerente general de Seguros Sucre, advirtieron su interés por reemplazar a la firma colombiana JLT y adjudicarle el jugoso negocio de las cuentas de las entidades ecuatorianas a otras firmas.
No obstante, Felipe Antonio Moncaleano, representante legal de la colombiana JLT no estaba dispuesto a perder ese cliente y propuso contratar a la empresa panameña IHG con el propósito de retener a toda costa a los ecuatorianos.
De esta manera empezaron a fluir los viajes, hoteles y cenas para atender a Domenech y a Romo-Rosales. También fluyeron los regalos y actividades de entretenimiento y las coimas.
Itinerario y monto de los giros
Según lo documentó la Agencia de Periodismo Investigativo, el primer pago se realizó el 21 de mayo de 2014. Posteriormente se realizaron muchos más y de manera sucesiva hasta febrero de 2017.
Funcionarios de JLT encargados del área financiera empezaron a cuestionar a Moncaleano Botero por las sumas exhorbitantes giradas a empresas panameñas y una en las Islas Caimán, pero el colombiano no daba explicaciones.
Incluso en abril de 2016, la jefe de finanzas de JLT, Doris Chavarro Medina ripostó a Moncaleano por los pagos de comisiones a cuentas irregulares en Suiza y Estados Unidos, pero la respuesta de éste fue la reiteración de la orden de pago.
Así lo dejó consignado en un correo. “El problema que veo es que estamos girando a una cuenta en Suiza y a otra en USA (en el caso de IHG) siendo esta una empresa panameña. La cuenta aprobada es la de Panamá y no las otras. Esto de cara al grupo no está bien hecho. (…) creo que podríamos enfrentar un problema en caso de una revisión”.
Entonces las dádivas se giraron. En total fueron trece pagos a las empresas panameñas y a la de Islas Caimán. De allí terminaron en los bolsillos de funcionarios públicos ecuatorianos.
Por ejemplo, el 26 de abril de 2016 se transfirieron medio millón de dólares a Latín American Reinsurance. Ese mismo día se giró otro millón de dólares a Domvic SA. Una semana después se entregaron US$161.257 más a dicha firma y en junio de ese año se hicieron otros tres envíos a estas dos empresas que sumaron US$1.2 millones
La mecánica de sobornos continuó en los meses de octubre y noviembre de 2016 y en febrero de 2017. En total, la empresa colombiana JLT transfirió por sobornos US$4.2 millones.
Dádivas y Wimbledon
Pagos en dinero no fue lo único en lo que incurrió Moncaleano. En la contabilidad conocida por esta Agencia, también figuran peculiares regalos. En julio de 2016, la empresa JLT pagó a Ribas y su esposa un viaje a Londres con entradas para que asistieran a la final masculina de Wimbledon.
Los tiquetes aéreos fueron pagados por IHG y estos fueron reembolsados por JLT del Reino Unido como un pago de comisión por US$57.000.
El exfuncionario público ecuatoriano era un apasionado por el tenis, por eso en noviembre de ese mismo año regresó a Londres por cuenta de JLT para asistir s la final del ATP World Tour. Tres vuelos, hotel, comidas y boletas para los partidos. Incluso hubo espacio a entradas a obras de teatro en la fría noche londinense.
Los detalles continuaron. En febrero de 2017 el ecuatoriano Romo-Rosales y su esposa viajaron a Miami por cuenta de JLT Colombia. Los vuelos en clase ejecutiva, el hospedaje y el entretenimiento al que asistieron fueron pagados por la reaseguradora colombiana.
Un mes después, los ecuatorianos y los representantes legales de las firmas panameñas se reunieron en Londres. Todo fue pagado por JLT Colombia y los hoteles por JLT Speciality.
Los pagos en especie a Miami y Londres se repitieron en los meses de abril, julio y septiembre. Nuevamente asistieron a Wimbledon. En total se giraron US$109.136 por este tipo de maniobras.
Pero los negocios y la relación comercial no terminó ahí. En la contabilidad se evidencia el pago comisiones de diez millones de dólares a la panameña IHG por negocios en Ecuador.
Los negocios que aparecen mencionados fueron con MOD Aviation por la póliza de riesgo de aviación del Ministerio de Defensa de Ecuador, con la aerolínea estatal de ese país Tame.
También figuran las petroleras estatales Petroecuador y Petroamazonas, con póliza por riesgo de aviación suscrita con el Ministerio de Interior de Ecuador, la Empresa de Servicios Públicos de Ecuador, Corporación Eléctrica, Celec EP, Empresa Publica de Agua, EP; Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad.
La pandemia y las coimas
Todo marchaba. Sin embargo, el entramado quedo al descubierto en febrero y marzo de 2020. Justo cuando el mundo volcaba los ojos hacia la pandemia de Covid-19 que causaba estragos en Asia y en Europa y confinó a gran parte del mundo de manera apocalíptica.
Poco interés hubo para temas distintos que no fuera la salud pública, el colapso de la economía mundial y una carrera contra el tiempo para desarrollar las vacunas. Pero no para todo el mundo. Dos fiscales en Estados Unidos empezaron a seguirle el rastro al dinero.
En efecto, les llamó la atención de dos giros. Uno por US$682.000 en efectivo y otro por US$2.650.000 que fueron movidos en el Deutsche Bank en los Estados Unidos y entre dos cuentas en Suiza.
Resulta que en una de las empresas panameñas, Ribas Domenech tenía una su cuenta para realizar inversiones y ahí depositaba el dinero. La simulación la hacían comprando valores de Biscayne Capital.
Por estos hechos, en marzo de 2021 Ribas Domenech el exasesor del expresidente Correa fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de lavado de activos en una corte en La Florida, Estados Unidos. Ante el tribunal aceptó haber lavado sobornos que superaban los cinco millones de dólares para que la empresa de reaseguros obtuviera los contratos con Seguros Sucre.
Ese mismo mes en Ecuador también fueron capturados Romo Rosales, el gerente, su esposa Veronica Haro y hasta uno de sus cuñados por lavado de activos.
Todos fueron a prisión. Incluso en noviembre de 2021, José Luis Rosales Romo fue secuestrado por otros internos en la Penitenciaría del Litoral, en medio de un motín en el que fallecieron 62 reclusos. Logró ser rescatado por autoridades penitenciarias pero continúa pagando una condena de diez años de prisión.
Coletazos en Colombia
¿Y el caso en Colombia?. La Agencia de Periodismo Investigativo, API, indagó lo que ha pasado en los últimos dos años. Al igual que sucedió en el mundo, cuando la atención del país estaba concentrada en la pandemia de Covid-19, el número de contagios, los decesos y las consecuencias sociales y económicas, un voluminoso dosier llegó tanto a la Fiscalía que remitió copia a la Superintendencia de Sociedades.
El propósito evidenciar los tentáculos de la empresa colombiana, sus directivos, los giros, como eje de la operación que terminó con sobornos realizados a Juan Rivas Domenech, funcionario de la estatal de seguros ecuatoriana Seguros Sucre S.A.
Lo evidente es que en Colombia el caso ha ido mucho más lento y de bajo perfil. En agosto de 2020, se inició la indagación en contra de la empresa colombiana de seguros. Lo primero que se evidenció es que ya tiene otro nombre.
Ahora se denomina Carpenter Marsh Fac Colombia y también cambió de firma de revisoría fiscal a Deloitte & Touche Ltda. Curiosamente esta, durante los meses subsiguientes requirió toda clase de información, pero la reaseguradora colombiana solicitó varias prórrogas para responder.
Sin embargo, cuando la justicia ya los tenía contra las cuerdas en Estados Unidos y Ecuador, los directivos colombianos entraron en pánico. De hecho, el 28 de enero del año pasado solicitaron beneficios por colaboración detallando su participación en los sobornos.
Paradójicamente aseguran que los sobornos transnacionales no se le pueden atribuir a la empresa si no a sus directivos y empleados, que no tienen en su poder todos los documentos relacionados con los hechos e incluso aseguran que ellos fueron los delatores en Estados Unidos y Reino Unido y que gracias a ellos la justicia americana pudo condenar a los implicados.
Con este argumento solicitaron se exonerara a la empresa y que en caso de sanción se debe establecer que, “no han sido sancionadas conductas de Carpenter Marsh Fac Colombia Corredores de Reaseguros S.A”. No obstante, los registros públicos revisados por esta Agencia evidencian que es la misma firma con el mismo número de nit, pero ahora por cuenta del escándalo con otro nombre.
Otra de las solicitudes de los implicados a la justicia es que se debe permitirle a la empresa continuar con el desarrollo de sus negocios, “y de ninguna manera deberá ser está inhabilitada para contratar con el Estado colombiano”.
También hicieron otra petición que raya en la libertad de información. Aseguraron que cualquier publicación realizada por el organismo de control en relación con la investigación, “sólo deberá mantenerse en el sitio web respectivo por un máximo de 30 días calendario”.
En otras palabras, exigieron que el país no conozca del entramado de corrupción que involucró a exfuncionarios públicos ecuatorianos, nueve empresas y cinco personas naturales.
Antecedentes de la firma implicada
La firma de seguros que intenta pasar desapercibida en uno de los escándalos más grandes de soborno transnacional del último tiempo, fue constituida el 2 de noviembre de 1977, mediante escritura pública 1766 en la notaría 21 de Bogotá. Aparecen como socios por Rodolfo Jaramillo Ucros y Alicia Stella Mejía de Jaramillo, la cual se denominó Corredores Colombianos de Reaseguros Limitada.
El objeto a desarrollar fue la promoción, colocación, cancelación o renovación de todo tipo de reaseguros y el capital fue de $1.5 millones. Pero a pesar de que la empresa quiera minimizar el papel del colombiano Felipe Moncaleano Botero, presidente, representante legal y cerebro de los sobornos. él es la columna vertebral de la empresa desde hace tres décadas.
Por ejemplo, el 8 de mayo de 1990 acudió a la notaría 24 de Bogotá en calidad de socio y representante legal de la firma que para ese momento ya se denominaba Corredores Colombianos de Reaseguros Ltda para modificar los estatutos, aumentar el capital de la sociedad a $13.3 millones y cambiar el nombre a Heath de Colombia Ltda.
Los socios para ese momento eran Felipe Moncaleano Botero con un aporte de $10’640.009 equivalentes a 10.640 cuotas y Nora Helena Marulanda de Moncaleano con $2’660.000. Un año después Moncaleano Botero volvió a reformar los estatutos y aumentó el capital a $62 millones e ingresó una persona jurídica como socio C.E Heath Overseas Broking.
En el año 2004, los socios, además de Felipe Moncaleano Botero, eran JLT Colombia Wholesale Limited, Bernardo P. Cardenas, Juan Manuel de la Rosa y Luis Gonzalo Rojas. Estos mediante escritura acordaron pasar a Sociedad Anónima y volver a cambiar el nombre s JLTRE Corredores Colombianos de Reaseguros. El capital suscrito ya ascendía a $500 millones representados en un millón de acciones.
A pesar de que en la solicitud que realizó la empresa a la justicia, aseguran que la firma no se benefició de ninguna manera de las actuaciones de directivos y empleados la situación financiera parece evidenciar lo contrario.
En los registros públicos, para el año 2013, JLT reportó un activo total de $9.156 millones y para el año siguiente esta cifra pasó a $12.411 millones. En 2015 cuando la relación comercial con Seguros Sucre paso por su mejor momento comercial según las confesiones de los involucrados, el activo total fue de $17.579.
Con crecimiento y utilidades sostenidas. Para el año 2016 el balance mejoró significativamente. Los ingresos reportados fueron de $26.842 millones y el activo total fue de $21.343 millones.
En las actas de asamblea quedó consignado que para el 31 de diciembre de 2017 los activos totales de la compañía fueron de $26.914 millones un crecimiento del 26% respecto al 2016 cuando reportó $21.343 millones. Y cómo quedó establecido en un acta de asamblea, el rubro más relevante fue de cuentas por cobrar por comisiones de negocios por $19.312 millones.
Los pasivos también disminuyeron en un 10%, de $8.778 millones en 2016 pasó a $7.927 millones. Por obligaciones laborales la cifra reportada fue de $4.022 millones y por bonos y comisiones por $3.257 millones. Los ingresos ordinarios aumentaron en un 49% entre un año y otro, al pasar de $26.842 millones a $39.902 millones.
El ojo de Estados Unidos
A mediados de 2019, seis meses antes de las primeras decisiones de la justicia norteamericana, se llevó a cabo una asamblea extraordinaria de accionistas y se nombró una nueva junta directiva.
Como principales se designó a Andrew Perry, Juan Pablo Salazar, Carlos Rivera, Carlos Eduardo Luna y Magdalena Andrade Niño, estos dos últimos fueron nombrados representantes legal principal y suplente respectivamente, mientras que Moncaleano prefirió quedar en la suplencia.
En la primera semana de noviembre de 2019 volvieron los cambios. Modificaron mediante la escritura 4.500 de la Notaría 16 el nombre de la compañía; pasó a denominarse Carpenter Marsh Fac Colombia Corredores de Seguros S.A con un capital de $1.500 millones.
Actualmente aparecen como accionistas de la firma colombiana, cinco personas jurídicas. JLT Colombia Wholesale Ltd, JLT Latín America Holdings Ltd, JIB Group Holdings Ltd, JIB Overseas Holdings Ltd y JIB UK Holdings Ltd. Un total de 1’205.609 acciones de las cuales 1’144.125 pertenecen a JLT Colombia Wholesale.
Aunque en la más reciente asamblea realizada en marzo de 2022, las cinco empresas contaron con los mismos representantes Jorge Mario Meneses Paternina y Sergio Calonge Pinzón.
Con un curioso antecedente. El 4 de diciembre de 2020, mediante documento privado se estableció que la sociedad extranjera Marsh & Mclennan Companies había asumido el control directo sobre MMC Treasury Holdings UK Limited, esta sobre Jardine Lloyd Thompson Group que es JLT Group Holdings y esta sobre JLT hoy con un nuevo nombre.
Moncaleano Botero fue condenado a 72 meses de prisión por una Corte en los Estados Unidos. La empresa en la que durante décadas manejó sus hilos sólo recibió como sanción una multa de $8.000 millones impuesta por la Superintendencia de Sociedades.
Así se evidenció que incurrió en la conducta de soborno transnacional y le concedió todos los beneficios por colaboración, aunque tanto en Estados Unidos como en Ecuador ya se habían adelantado con suficiencia sendos procesos penales.
En la actualidad la compañía sigue con sus negocios, los directivos colombianos en el caso no han sido condenados por la justicia, aún cuando aparecen como el eje del soborno trasnacional más discreto y oculto de las últimas décadas.
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