Una de las empresas que integran la cuestionada Unión Temporal Centros Poblados 2020, con el 35% de participación es la Fundación Empresarial de las Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia, Funtics, hoy Novotics. La firma en tela de juicio también por negocios millonarios para la entrega de cursos de inglés en La Guajira y de suministro de Internet en Norte de Santander. Ahora, se evidencia que es un viejo conocido del Ministerio de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones, MinTIC, con polémica contratación.
Para entender la génesis de los negocios en telecomunicaciones del mentor de la firma, Juan Carlos Cáceres Bayona, hay que remitirse a 2015. Ese año, cuando el ministro de esa era cartera era David Luna, se suscribió el contrato 685 para implementar el Proyecto Conexiones Digitales II. Un convenio que implicó la instalación, operación y mantenimiento de banda ancha en el departamento de La Guajira, pese a que su experticio en la materia no era tan amplio.
No obstante, pactó con el ministerio la entrega de más de 2.278 puntos de acceso obligatorio, 272 accesos en hogares de estratos 1 y 2 con computador y 150 accesos en hogares también para estratos 1 y 2 pero sin computador. Servicios por los que pactó con el MinTIC recibir $9.504 millones.
El 29 de diciembre de 2015, tras la legalización y la firma del contrato se desembolsó un anticipo de $665 millones. Luego se realizaron otros dos pagos con la entrega del informe de ingeniería y operación, el plan de desarrollo y sistemas de información, entre otros, por $695 millones y $1.028, respectivamente.
Los municipios objeto del contrato fueron Riohacha, Barrancas, Distracción, Fonseca, Hatonuevo, Maicao, San Juan del César y Villanueva, con un número de acceso poco representativo que osciló entre 196 en el caso de Riohacha y 718 en Fonseca.
Lo anterior aunado al número de accesos adicionales en conectividad de hogares estratos 1 y 2 que incluyendo computador en cada municipio fueron 34 y sin PC, en promedio 18 accesos por municipio.
Se trata de un proceso contractual que se derivó de la licitación pública 006 de 2015 y de selección abreviada FTIC-SAPMC-12, en la que el MinTIC escogió a cinco contratistas para implementar el proyecto Conexiones Digitales II en seis departamentos del país. Uno de ellos fue Funtics.
Posteriormente, un año después de su paso por el MinTIC, se evidenciaron nuevos lios. Esta vez estalló un escándalo por cuenta de un contrato suscrito entre el departamento de La Guajira y la empresa Niu Telco SAS. Se trata de una sociedad de economía mixta integrada por el departamento de Norte de Santander y la empresa Funtics, de la mano de su enigmático fundador y dueño, Juan Carlos Cáceres Bayona.
Un bumangués, que según documentos y testimonios recogidos por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, se adentró en 2008 en el negocio de las telecomunicaciones como intermediario y tres años después se graduó como tecnólogo en sistemas para después darle vida a la sociedad de economía mixta.
Y es que el contratista empezó a evolucionar rápidamente en el sector en medio de la sorpresa, ya que pocos lo conocian. De hecho, en 2014 y gracias a voluminosos convenios interadministrativos que facilitaban la contratación directa y evitaban el cedazo de las licitaciones públicas, la dupla Funtics-NiuTelco logró contratos por $8.083 millones, de los cuales $5.435 fueron de manera directa.
Su éxito no se detuvo allí. Un año después, la poderosa alianza logró contratos por $46.518 millones lo que implicó un crecimiento del 600%, poco frecuente en el entorno empresarial y menos del sector de telecomunicaciones en apuros por los vaivenes de la economía, el dólar y la feroz competencia.
La revisión de los sistemas de contratación estatal reflejan que en seis años sumó convenios por más de $200.000 millones. A su vez, empezó a conformar un conglomerado empresarial para diversificar los negocios que obtuvo con el Estado.
Cáceres Bayona figura en las bases de datos de las diferentes cámaras de comercio del país, como representante legal de Arcas Constructora e Inmobiliaria SAS, Asesorías Asertics SAS y Virtual Tics SAS.
En contraste, sobrevinieron otros líos. A mediados de 2019 cuando Wilber Hernández Sierra, gobernador encargado de La Guajira, suscribió un contrato por $11.998 millones con la empresa de Cáceres para dictar cursos de inglés en los colegios de 38 municipios, con un detalle, ese departamento solo tiene 15 poblaciones.
Ese hecho le costó la suspensión del cargo a Sierra. Con otra particularidad, a la fecha la única sanción que se registra en el RUES es la caducidad que le impuso la ministra de las Tics, Karen Abudinen por el contrato del billón en el que presentaron garantías bancarias falsas.
Otro viejo conocido en este ministerio es el abogado Felipe De Vivero Arciniegas de quien, según lo revelado por W Radio, fue junto al viceministro Iván Mantilla, allegado a la casa Gaviria, quienes elaboraron los pliegos de condiciones para la licitación que paradójicamente terminó ganando la Unión Temporal Centros Poblados 2020 por encima de empresas como ETB.
Al respecto, Mantilla señaló a esta Agencia: “Como viceministro mil rol fue el de la estructuración de la necesidad y diseño inicial. Ese trabajo no incluye aspectos relacionados con garantías o pólizas de seriedad de oferta ni de cumplimiento. El trabajo de estructuración de necesidad y diseño inicial lo hicimos mediante un estructurador (Telbroad y banca de inversión Profit, contrato 589 de 2019), que generó el insumo inicial. Ese resultado es entregado por el área técnica a la secretaría general y ordenadora de gasto, quien ya a partir de ahí lidera el desarrollo de la licitación (prepliegos, pliegos, evaluación, adjudicación, firma de contrato, revisión de garantías)”.
Frente a si tiene relación con el expresidente Gaviria indicó: “ Trabajé en el DNP cuatro años, los primeros dos el Director fue Simón Gaviria. No conozco personalmente al expresidente Cesar Gaviria. Al DNP llegué enviando mi hoja de vida pidiendo trabajo. Al Ministerio TIC me invitó el Gobierno por mi experiencia técnica.
Con otra conexión desconocida hasta ahora. De Vivero Arciniegas fue en el año 2017 abogado defensor de Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, denunciado ante la Fiscalía como el presunto responsable de tramitar las garantías bancarias falsas.
El vínculo entre el abogado y el intermediario viene desde el año 2017 cuando Molina, representante legal de la firma CM Construcciones y Mantenimiento fue citado ante la justicia por presuntos sobrecostos en la construcción del Complejo Penitenciario y Carcelario en Puerto Triunfo, Antioquia.
Aunque se ha dicho que desde el 2018 es asesor del despacho de la ministra de MinTIC y de la Dirección de Infraestructura, realmente este llegó al ministerio en mayo de 2012 cuando suscribió un contrato a través de su empresa, De Vivero y Asociados por $311 millones. Luego, en los años siguientes, suscribió cuatro contratos más que sumados ascienden a los $1.900 millones.
En su mayoría, el objeto de los convenios fue orientar la toma de decisiones, “en el marco de la legalidad y de la ejecución de los contratos de los proyectos nacional de conectividad de alta velocidad, kioskos vive digital fases 2 y 3, conexiones digitales fases 1 y 2”.
A esto se suma que en el año 2018 suscribió un nuevo contrato por $344 millones. Esta vez para acompañar jurídicamente a la Dirección de Infraestructura del ministerio. Dos años después, en 2020 de la mano de la ministra Silvia Constain, su firma fue contratada por más de $2.000 millones para continuar con su labor en esa misma dependencia, al tiempo que aspiraba a ser el sucesor del magistrado Luis Guillermo Guerrero en la Corte Constitucional.
El abogado, que a través de su firma ha sido reconocido por la firma Chambers & Partners. como una de las más prestigiosas en derecho público, fue subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en el gobierno del presidente Ernesto Samper.
Un entramado de viejos conocidos en la contratación pública que salen a la luz en el contexto de un escándalo contractual por la firma de un millonario convenio de Internet en colegios públicos para población alejada y de escasos recursos económicos que dejará una huella en la administración del presidente Iván Duque.
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