El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, acaba de notificar la resolución de caducidad del contrato que suscribió con Unión Temporal Centros Poblados Colombia para conectar a Internet a más de siete mil escuelas en 195 zonas rurales del país y quien recibió un anticipo de $70.000 millones antes de descubrirse que presentaron garantías falsas.
De nada sirvió la amenaza del cuestionado contratista de demandar a la Nación si se decretaba la caducidad, pues la resolución 01747 que declara el incumplimiento ya les fue informada oficialmente.
La historia que tiene con un pie afuera del gobierno a la ministra Karen Abudinen se remonta a septiembre de 2020 cuando dicha cartera ordenó la apertura de la licitación pública 038 de ese mismo año, la cual se dividió por regiones.
La región B le fue adjudicada a la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020 representada por Luis Fernando Duque Torres e integrada por las empresas Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación con una participación del 35%, ICM Ingenieros SAS el 35%, Intec de la Costa SAS con el 15% y Omega Buldings Constructora SAS que tiene el 15%.
Esta unión temporal se comprometió a entregar 7.277 centros digitales en 15 departamentos y en Bogotá. El valor del contrato era alrededor de un billón de pesos.
Dos meses después de la adjudicación todo empezó a fallar. La unión temporal solicitó se les extendiera el plazo para presentar las pólizas exigidas por ley en cuanto al valor y la calidad de los servicios ofrecidos.
En la carta advirtieron que por la pandemia de Covid-19, las compañías de seguros estaban presentando una alta demanda para la expedición de policías y por lo tanto tenían retrasos en las mismas. Así mismo, argumentaron que las aseguradoras habían solicitado ampliar el plazo para estudiar a fondo la documentación voluminosa.
El ministerio, a través del supervisor del contrato respondió que ellos sabían de antemano que una de las cláusulas del contrato era la expedición de las garantías de cumplimiento dentro de los términos pactados.
Así las cosas, el 29 de diciembre el contratista cargó en la plataforma de contratación pública Secop II tres garantías bancarias. La 2020-1156-01002 referente al cumplimiento, la 2020-1156-01001 respecto al deber del manejo y correcta inversión del anticipo y la 2020-1156-01003 que cubre el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales. Todas fueron expedidas por el Banco Itaü Corpbanca Colombia.
Al día siguiente, las fechas de las garantías fueron aceptadas, entre otras, por la empresa Ses Colombia SAS que revisó y recomendó la aprobación. Por lo tanto, el 30 de diciembre el Ministerio y la unión temporal suscribieron el acta de inicio. Dos meses atrás el contrato de interventoría se había adjudicado al Consorcio PE2020 C Digitales.
En el último día del año, la unión temporal pasó la cuenta de cobro del anticipo por $70.243 millones. La firma que había sido elegida para realizar la interventora, el Consorcio PE2020 C Digitales conceptuó favorablemente el desembolso y cuarenta días después, el pasado 10 de febrero, el Fondo Único de TIC realizó la transferencia de los recursos a la fiduciaria BBA Asset Managmeng SA Sociedad Fiduciaria.
A comienzos de abril el contratista solicitó al ministerio más dinero. En concreto, girar $58.301 millones a su proveedor Nuovo Security LLC y $11.941 millones a otro proveedor la empresa Inselsa SAS.
Hasta ese momento nadie se había percatado de lo sucedido. Fue hasta un incumplimiento reportado por la firma interventora que desató el escándalo.
Un reporte oficial conocido por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, da cuenta que a corte del 20 de mayo, la unión temporal solo había avanzado en un 16.25% de los Centros Digitales. Ante los retrasos fueron convocados por la Coordinación de Actuaciones Administrativas Contractuales del ministerio de las TIC, a una audiencia de descargos, con un detalle adicional, también fue citado el representante legal del banco Itaú.
Y se llegó el día de la audiencia, el 25 de junio. Por todos los medios la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020 intentó evitar que esta se realizara, incluso en los descargos solicitó la suspensión de la misma, pero ésta le fue negada.
Luego se le concedió la palabra al representante del Banco Itaú que lanzó una bomba respecto a las garantías presentadas por el contratista y que respaldaban la obra por casi un billón de pesos.
“El banco Itaú quiere dejar expresa constancia que no está legitimado para ser garante en este proceso por cuanto la garantía bancaria que nos fue remitida el día de ayer no fue expedida por el banco, no corresponde a una garantía bancaria expedida en desarrollo de nuestro objeto social, las mismas son falsas y esto lo vamos a poner en conocimiento de la justicia penal”. Una apreciación que ratificaron sus directivos en las últimas horas.
Esta afirmación causó revuelo en el ministerio y de inmediato solicitaron al representante del banco ratificarla por escrito. Acto seguido denunciaron el hecho a la Fiscalía, que ya adelanta pesquisas preliminares a través de un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción.
En la audiencia, la unión temporal, trasladó la responsabilidad a la empresa que tramitó las pólizas. Según ellos, también a través de su abogado, intentaron argumentar que ese no era un contrato de obra, si no que era atípico.
Lo demás, por ahora, son apreciaciones de varios sectores que tendrá que probar la justicia. Supuesto testaferrato del contratista del carrusel de la contratación Emilio Tapia, empresas que integraban el consorcio sin experiencia, un uniformado retirado en la trasescena del negocio, entre otras, situaciones.
Lo cierto es que la resolución de caducidad del contrato ya se notificó a las partes. El argumento es que a la fecha no existen garantías de cumplimiento del contrato, pues la que reposaba fue tachada de falsa por el banco que supuestamente la expidió.
En el entretanto todos los dedos apuntan a la ministra quien ha sido objeto de tendencias en redes sociales, editoriales de medios de comunicación y hasta citación a debate de control político en el Congreso. Lo cierto es que $70.000 millones de anticipo están embolatado a y ahora la empresa contratista amenaza con demandar al Estado
Al respecto, la ministra Karen Abudinen, ha señalado que fue ella quien personalmente negoció las irregularidades en el negocio, que irá hasta las últimas consecuencias y que no renunciará a su cargo. El escándalo apenas comienza.
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