Con riguroso sigilo, este fin de semana, la Unidad de Planeación Minero Energética, Upme, desenterró un negocio de $3 billones que se financiará con las tarifas de los usuarios del servicio público de gas.
Se trata de la Regasificadora del Pacífico, en Buenaventura, una obra que en julio del año pasado fue descalificada por la Contraloría General de la República mediante un control de advertencia preventivo al considerar que representa un alto riesgo social, ambiental y económico para el país y los usuarios.
Pese a ello, este viernes 15 de Julio, la Upme, una entidad adscrita al ministerio de Minas, expidió la circular 059 mediante la cual ratifica la reapertura del proceso faltando un poco menos de tres semanas para que se posesione el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Una decisión en cabeza de Christian Jaramillo Herrera, director de la UPME, ejecutada por funcionarios de la entidad. Específicamente se trata de la convocatoria pública GN-001 de 2022, la única que ha efectuado la entidad este año, que tiene como objeto la selección de un inversionista para la prestación del servicio de almacenamiento de GNL, regasificación, transporte de gas natural y servicio asociados de la infraestructura de importación de gas del Pacífico.
Para tal fin, la Upme comenzó el proceso con la publicación de los documentos de selección del inversionista, 12 anexos y formularios. Un asunto que evidencia que el negocio tras la advertencia del organismo de control siguió planeando.
Paradójicamente, según revisó la Agencia de Periodismo Investigativo, API, en el informe más reciente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, reveló que el país logró el mayor índice de incorporación de reservas de gas, incrementando de 7.7 años en 2020 a 8 años en 2021.
En concreto, las reservas de gas aumentaron a 3.164 gigapies cúbicos. Para los expertos del sector, la reexpedición de este nuevo proceso de apertura de la regasificadora del Pacifico es contradictoria con la realidad de los hidrocarburos en el país y sorprende el inusitado afán de la Upme por dejar el negocio adjudicado antes de finalizar el gobierno.
A esto se suma, la necesidad de construir la regasificadora para contrarrestar los efectos del Fenómeno de Niño, que causaría en el presente año sequía a nivel nacional. No obstante, como lo ha certificado el Ideam, 2022 ha sido uno de los años más lluviosos en el país de las últimas décadas. “Las lluvias se extenderán hasta el mes de diciembre”, advirtió la entidad ambiental este 20 de mayo.
Según conoció esta Agencia, la convocatoria podría interesar, entre otros, al banquero Luis Carlos Sarmiento quien tiene varios negocios en el sector del gas, Empresas Públicas de Medellín, EPM, la transportadora de gas TGI, además de inversionistas internacionales. De hecho en una convocatoria anterior que la misma Upme hizo, varias empresas se registraron para participar.
La Regasificadora del Pacífico, no es el primer asunto que la saliente administración del presidente Iván Duque, deja listo a última hora. A este antecedieron, la ampliación del periodo de la junta directiva de Ecopetrol de dos a cuatro años, que generó debate nacional.
También antecedió una posible adjudicación del espectro electromagnético en el ministerio de las TIC. La venta de cerca de 1000 predios incautados a la mafia ahora en poder de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.
Además, el nombramiento del superintendente de industria y comercio, Andrés Barreto en la Creg, así como sus pares Natasha Avendaño, la superservicios y Rodrigo Suárez, funcionario que viene de desempeñarse como director de la Anla.
A estos nombramientos se suma la entrega de varios y millonarios negocios en la Agencia Nacional de Infraestructura, la Autoridad de licencias Ambientales, Anla y la Agencia Nacional Minera que superan en total más de $5 billones.
En este contexto, otros detalles inquietan del afán en el sector gubernamental liderado por el ministro de Minas, Diego Mesa y el director de la Upme de entregar la millonaria obra de la regasificadora del Pacífico, funcionarios que además, aún no se pronuncian al respecto.
La historia de la regasificadora se remonta al año 2015 cuando mediante el decreto 2345 se empezó a hablar de un plan de abastecimiento de gas natural en el país proyectado a 10 años. En los años siguientes se efectuaron nuevos estudios por parte de la Upme, siempre sobre la base de los efectos del Fenómeno del Niño, que reduciría la producción de gas, asunto que no sucedió.
A pesar de esto, la Upme abrió la licitación pública, varias compañías mostraron interés, pero al final ninguna presentó oferta. Por ello, el 21 de octubre del año pasado fue declarada desierta.
No obstante, las firmas interesadas, unas nacionales y otras del extranjero entendieron los vacíos del negocio y los reparos de diferentes sectores.
El fundamental, costo para los usuarios. Los datos de un estudio lo reflejan. Para el año pasado, una ama de casa no subsidiada cuya familia consuma 15 metros cúbicos de gas pagaba $28.800 mensuales. Sin embargo, con la planta regasificadora en operación en el año 2024, la tarifa subiría en un 32%. Es decir, el recibo del gas le llegaría por $38.000. Incremento que afectarían especialmente a usuarios de los estratos 1, 2 y 3.
Con otro efecto, según lo expresó Orlando Velandia, contralor delegado de minas, “si bien es cierto que el proyecto no se construirá con recursos públicos, esta será sufragada por los colombianos en las tarifas de consumo de gas, además, a través de los recibos, apenas se construya no cuando entre en funcionamiento”.
En cuanto al Estado colombiano, se ha evidenciado que quien se quede con el lucrativo negocio, lo hará a perpetuidad, pues inexplicablemente esta concesión jamás retornará a la nación, según las condiciones contractuales publicadas.
Al respecto de los efectos en el ecosistema, las organismos del sector advirtieron que no existió ninguna actuación ante las autoridades ambientales que permita establecer tiempos y el trámite que se requiere no solo para la planta si no para el gasoducto que atravesaría el territorio de varias comunidades indígenas, así como en zonas selváticas.
El argumento de las entidades del sector de energía es que los trámites de licencia ambiental le corresponden al inversionista privado que sea seleccionado.
A esto se suma la contaminación que puede generar que las industrias que utilizan gas se pasen a otro tipo de combustibles más baratos pero más contaminantes, “preocupa el eventual efecto adverso que puede generar en la política de transición energética”, resalta en un aparte el control de advertencia de 18 páginas que expidió la Contraloría en julio del año pasado.
Con otro elemento, la propia empresa estatal Ecopetrol, expresó en su momento la inconveniencia de la megaobra, por razones similares a lo que reflejaron varios estudios y los argumentos de la Contraloría.
También se adiciona el concepto negativo de la Dirección General Marítima y Portuaria, Dimar. El organismo señaló, “de construirse la regasificadora generará interferencia en el tráfico marítimo y la operación de navegabilidad al interior de la Bahía de Buenaventura y en el resto de las instalaciones portuarias”.
Desde la perspectiva empresarial, también se ha advertido que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, no tiene reglamentación asociada a la comercialización de gas importado.
Son estudios, conceptos y argumentos de organismos de control, entidades, empresas y expertos, ante la impotencia de al menos diez millones de personas de escasos recursos que recibirán el impacto en su bolsillo con la Regasificadora del Pacífico. No obstante, adportas de terminar su gobierno, el presidente Ivan Duque y su equipo del sector de minas y energía dejan amarrado un negocio con beneficiarios poco claros que el gobierno del presidente Gustavo Petro tendrá que revisar como otros que generan debate.
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