Un alcalde, recientemente asegurado por contratar sin los requisitos de ley, antes de ir a detención domiciliaria y con el beneplácito del concejo local, dejó amarrado por casi tres décadas el presupuesto para obras de acueducto y alcantarillado. El asunto se evidencia en medio de la disputa entre la presidencia y el movimiento Fuerza Ciudadana en coalición con el Partido Verde. El gobierno nacional nombró alcalde de Santa Marta, pese a que existía una designación anterior del mandatario saliente y a que su partido envió una terna.