Corte Constitucional abre incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo

En una decisión histórica, la Corte Constitucional, mediante el Auto 2049 de 2024, declaró el incumplimiento general del componente de suficiencia de los presupuestos máximos (PM) que el Gobierno debe garantizar para la financiación de servicios y tecnologías en salud a través de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Adicionalmente, abrió un incidente de desacato contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el incumplimiento reiterado de órdenes judiciales previas relacionadas con esta problemática.

La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Antonio José Lizarazo Ocampo y José Fernando Reyes Cuartas, quien actuó como magistrado sustanciador.

La Corte señaló que, pese a las múltiples órdenes impartidas en autos anteriores, persisten graves deficiencias en la garantía de recursos para cubrir los presupuestos máximos asignados al sector salud.

Contexto del caso

La Sentencia T-760 de 2008 identificó fallas estructurales en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), entre ellas la insuficiencia presupuestal para garantizar el acceso equitativo a servicios y tecnologías en salud.

Desde entonces, la Corte ha emitido diversas órdenes para subsanar estas falencias, especialmente a través de la equiparación del Plan Obligatorio de Salud (hoy Plan de Beneficios en Salud, PBS) y la asignación de presupuestos adecuados.

En el Auto 2881 de 2023, la Corte había ordenado específicamente el ajuste de los presupuestos máximos correspondientes a la vigencia 2022 y la creación de una metodología unificada para la definición y reajuste de dichos presupuestos. Sin embargo, la Sala Especial constató que el Ministerio de Salud y Protección Social no ha cumplido con estas órdenes.

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Decisiones adoptadas por la Corte

En su parte resolutiva, el Auto 2049 de 2024 establece las siguientes medidas:

Declaración de incumplimiento general:
La Corte declaró el incumplimiento general del componente de suficiencia de los presupuestos máximos, resaltando que esta situación afecta gravemente el derecho a la salud de los ciudadanos.

Según el fallo, las falencias estructurales en la financiación de los servicios de salud constituyen una vulneración masiva y continuada de derechos fundamentales.

Vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

La Corte ordenó al Ministerio de Hacienda garantizar la disponibilidad de recursos necesarios para el pago oportuno y completo de los presupuestos máximos, incluyendo los ajustes necesarios.

Requerimientos específicos al Ministerio de Salud:

Se ordenó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cumplir en un plazo de 48 horas con:
El pago de los ajustes pendientes a los presupuestos máximos de 2022.

La creación de una metodología unificada para la definición y reajuste de presupuestos máximos.

Apertura de incidente de desacato:

La Corte abrió un incidente de desacato contra el ministro de Salud por el incumplimiento de las órdenes judiciales emitidas en el Auto 2881 de 2023.

El ministro deberá responder en un plazo de dos días a partir de la notificación del fallo.

Además, se le advirtió que el incumplimiento podría derivar en la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación para investigaciones penales por fraude a resolución judicial.

Pagos pendientes de 2024:

La Corte requirió al Ministerio de Salud cancelar, antes de finalizar la vigencia 2024, los presupuestos máximos reconocidos para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2024.

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