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Procuraduría alerta por la recontaminación de 53 municipios con minas antipersonal

También pidió al Gobierno exigir a los grupos armados el cese del uso de artefactos explosivos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario.

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Por Agencia Periodismo Investigativo | Vie, 04/04/2025 - 09:03 Créditos: Imagen tomada de Procuraduría General de la Nación

En el marco del Día Internacional de Sensibilización Contra las Minas Antipersonal, la Procuraduría General de la Nación advirtió que el uso de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados continúa en varias regiones del país, a pesar de los esfuerzos estatales por reducir el conflicto armado y avanzar en labores de desminado humanitario.

Durante un conversatorio sobre desminado humanitario con presencia de entidades oficiales, academia y sociedad civil, el procurador delegado para el Seguimiento al Acuerdo de Paz reveló que grupos armados ilegales siguen utilizando estos dispositivos, los cuales están prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

De acuerdo con datos del Grupo de Acción contra Minas Antipersonal (AICMA), 53 municipios que habían sido declarados libres de sospecha han sido nuevamente contaminados, en 84 más se desarrollan actualmente operaciones de desminado y otros 102 esperan ser intervenidos.

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Ante esta situación, el Ministerio Público hizo un llamado al Gobierno nacional y a las entidades competentes a adoptar medidas urgentes, entre ellas, exigir en los procesos de diálogo con actores armados ilegales la suspensión total del uso de minas antipersonal y la apertura de corredores humanitarios para permitir el acceso seguro de las organizaciones dedicadas al desminado.

Asimismo, se solicitó actualizar la política pública de acción contra minas, que carece de un documento CONPES desde 2019, lo que ha generado vacíos institucionales en la gestión integral de este riesgo.

La Procuraduría también pidió garantizar el retorno seguro de las comunidades afectadas por estos artefactos, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

“Es fundamental que el Estado colombiano fortalezca su respuesta ante este flagelo que sigue cobrando vidas, limitando la movilidad de la población y retrasando la consolidación de la paz en territorios históricamente afectados por el conflicto armado”, concluyó el ente de control.

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