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Minas antipersona se duplica en Colombia: 72 % son responsabilidad de disidencias de las FARC

El uso de minas antipersona alcanzó cifras alarmantes en 2023, con un incremento en incidentes atribuidos a grupos armados.

Programa contra minas antipersona continua con el desminado humanitario
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mié, 20/11/2024 - 07:33 Créditos: CRIC

En 2023, Colombia registró un alarmante aumento en el uso de minas antipersona, duplicando los incidentes reportados el año anterior. Según un informe de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL), el país contabilizó 895 incidentes, de los cuales el 72 % fueron atribuidos a disidencias de las FARC-EP.

En los primeros nueve meses de 2024, la situación se mantiene crítica, con 537 incidentes reportados. Además de las disidencias de las FARC, se identificaron otros responsables: el ELN (102 incidentes), grupos armados no identificados (28), organizaciones criminales (5) y traficantes de drogas (3).

Un problema global y regional

A nivel mundial, las minas antipersona dejaron 5.757 víctimas en 2023, incluidos 1.983 fallecidos. Birmania (Myanmar) lidera esta trágica lista con 1.003 víctimas, seguida de Siria (933), Afganistán (651), Ucrania (580), Yemen (499) y Nigeria (343).

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En América Latina, Ecuador reporta contaminación por 2.866 minas en 0,03 kilómetros cuadrados, mientras Perú enfrenta un problema similar en 0,3 kilómetros cuadrados. En Venezuela, los enfrentamientos con disidencias de las FARC han dejado zonas contaminadas en la frontera.

Avances y retos en Colombia

A pesar del incremento en el uso de minas, Colombia ha reducido significativamente el número de víctimas: de 1.228 en 2006 a 99 en 2023. Además, en 2023 se limpiaron 1,73 kilómetros cuadrados y se destruyeron 339 minas antipersona, aunque aún permanecen contaminados 4,47 kilómetros cuadrados.

Colombia y el Tratado de Prohibición de Minas

Como signataria del Tratado de Prohibición de Minas Antipersona, Colombia enfrenta el desafío de combatir el uso de estos artefactos por parte de grupos no estatales. Este problema también afecta a países como Palestina, India, Pakistán y Birmania.

 

 

 

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