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La JEP investigará más de 15.710 crímenes atribuidos a la fuerza pública

La JEP señala que ya se han sometido 2.800 miembros de la fuerza pública y agentes del Estado responsables de estos hechos.

La JEP investigará más de 15.710 crímenes atribuidos a la fuerza pública
Por Laura Niño | Mar, 30/08/2022 - 10:42 Créditos: JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la apertura de el macrocaso 08 donde se investigará los crímenes cometidos por la fuerza pública, otros agentes del Estado en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles, los cuales están relacionados con el conflicto armado.

Estos crímenes estarían relacionados con homicidios, masacres, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, casos de violencia sexual y detenciones ilegales cometidas contra la población civil. Esto se hará con el fin de facilitar la comprensión de los crímenes y hará más eficiente impartir justicia.

La JEP agregó que: “No sería coherente por un lado investigar una masacre y por otro el desplazamiento que causó. Investigar la desaparición forzada de manera aislada de asesinatos selectivos, masacres y desplazamientos truncaría las posibilidades del esclarecimiento de la verdad”.

Las cifras desgarradoras de la jurisdicción confirmó que hay 15.710 víctimas de hechos atribuidos a la fuerza pública, 56.502 corresponden a paramilitares y 280 a otros agentes del Estado. Además,  "La JEP señala que ya se han sometido 2.800 miembros de la fuerza pública y agentes del Estado responsables de estos hechos".

Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP
Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP/ JEP

Respecto a los territorios más críticos y donde se enfocará la investigación son: el Gran Magdalena (Cesar-Guajira-Magdalena); los Montes de María; Ariari-Guayabero-Guaviare, Caguán y Florencia; Antioquia y el Magdalena Medio.

"Se trata de zonas que fueron de amplia influencia sociopolítica y militar de las guerrillas. Allí confluyeron organizaciones sociales, partidos políticos de oposición, asentamientos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como pobladores urbanos de barrios populares e intereses particulares y estratégicos sobre el territorio", señaló el organismo. 

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