Escándalo de estafa a familias de presos en Haití involucra a Juan Fernando Petro y Comisión Latinoamericana de DDHH

Surge un nuevo escándalo en el que Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, y la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos están involucrados en una presunta estafa a familias de colombianos detenidos en Haití. Según información revelada por El Colombiano, las familias de los militares colombianos detenidos en Haití por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse habrían contratado los servicios de la Comisión en busca de ayuda humanitaria, pero terminaron siendo estafadas.

Los familiares denuncian haber consignado 6 millones de pesos a la Comisión para facilitar un acercamiento con las autoridades haitianas, con la esperanza de obtener algún tipo de ayuda para los detenidos. Sin embargo, a pesar de los pagos realizados, nunca se concretó ninguna gestión efectiva en favor de los presos.

El nombre de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, aparece mencionado en documentos relacionados con la presunta estafa, identificado como "Alto comisionado de paz" de Colombia. Además, se revela que el hermano del presidente trabajaba para la Comisión en el momento de los hechos.

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El documento prometía gestiones ante el exprimer ministro de Haití, Ariel Henry, y proponía acciones como la formación de cuerpos de paz en Haití con militares de países sudamericanos, así como la intercesión por los colombianos implicados en el asesinato del presidente Moïse. Sin embargo, tales promesas resultaron ser ficticias.

El director de la Comisión, Rodrigo Ricaurte, también se ve implicado en el escándalo. A través de conversaciones reveladas, se evidencia su participación en el presunto fraude y su burla hacia las personas afectadas por la estafa.

Ante estas acusaciones, Juan Fernando Petro ha negado su participación y conocimiento sobre las actividades fraudulentas de la Comisión. Insiste en que su nombre fue utilizado sin su consentimiento y que nunca estuvo involucrado en negocios ilegales. La Comisión, por su parte, no ha proporcionado respuestas claras ni evidencia que respalde sus acciones.

Este nuevo escándalo involucra no solo a Petro y a la Comisión, sino que también arroja luz sobre posibles irregularidades en el funcionamiento de la organización, como la falta de transparencia en sus actividades y la ausencia de resultados tangibles en favor de los derechos humanos.

Las familias de los detenidos continúan en espera de acciones concretas para obtener ayuda y justicia para sus seres queridos, mientras que las autoridades colombianas y haitianas podrían verse obligadas a intervenir para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

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