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Eln anuncia paro armado en el Chocó
Pormenores de la decisión del grupo armado ilegal y sus efectos.
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El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció la realización de un paro armado en el departamento del Chocó a partir del 15 de febrero de 2025, argumentando que la presencia de grupos paramilitares en la región ha aumentado de manera considerable.
A través de un comunicado difundido en plataformas digitales, la organización señaló que la crisis humanitaria que afecta a la población es consecuencia directa de la falta de intervención por parte del Estado.
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En el documento dirigido a la opinión pública, el grupo armado manifestó que la problemática en la zona ha sido ignorada por las autoridades gubernamentales y que los medios de comunicación han minimizado la situación, presentándola como una disputa territorial vinculada a actividades ilícitas.
Según el ELN, esta interpretación no refleja la complejidad del conflicto ni los factores que inciden en su desarrollo.
La organización también argumentó que el paro armado busca exponer las estrategias implementadas por ciertos sectores económicos y políticos que, de acuerdo con su versión, están relacionados con la ejecución de proyectos de gran escala y con la explotación de recursos naturales en el territorio.
En este sentido, el comunicado menciona la llegada de actores externos cuyo propósito sería la protección de intereses económicos vinculados a dichas actividades.
El Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla, facción del ELN que opera en la región, responsabilizó al Gobierno nacional por el deterioro de las condiciones de seguridad y por el escalamiento del conflicto armado en el departamento.
En su pronunciamiento, se argumenta que el Estado ha permitido la consolidación de estructuras armadas ilegales y su expansión en distintas zonas del territorio, afectando de manera directa a la población civil.
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De acuerdo con el grupo insurgente, los paramilitares han ejecutado acciones que incluyen amenazas, homicidios y desplazamientos forzados, lo que ha generado el debilitamiento de las organizaciones comunitarias y la ruptura de sus estructuras de autogestión.
En su declaración, el ELN enfatizó que esta situación ha facilitado el establecimiento de organizaciones criminales como el denominado Cartel del Golfo, cuya presencia en la región se ha fortalecido en los últimos años.
Ante este escenario, el ELN justificó la implementación del paro armado como una medida de presión para que se atienda la crisis en el Chocó y para que se reconozca la responsabilidad del Estado en el actual panorama de violencia.
Asimismo, reiteró su oposición a la presencia de grupos que, según su versión, operan bajo el amparo de estructuras de poder que buscan consolidar un modelo económico basado en la extracción de recursos naturales y en la militarización del territorio.
Hasta el momento, no se ha producido una respuesta oficial por parte del Gobierno frente al anuncio del ELN ni se han comunicado medidas para mitigar los efectos de la parálisis impuesta en la región.
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Mientras tanto, comunidades locales han manifestado su preocupación por las implicaciones que tendrá el paro armado en su vida cotidiana y por el impacto que podría generar en la movilidad, el abastecimiento de bienes y la seguridad de la población.
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