Compra de juegos de parqués a $750.000 y otros tienen en la mira a secretaría de Cultura de Santander

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado dos investigaciones en torno a la exsecretaria de Cultura y Turismo de Santander, Mery Luz Hernández López. La sospecha se centra en posibles irregularidades durante la firma de dos acuerdos entre la Fundación de Trabajadores para el Desarrollo Social y el Pacto para el Empleo de las Comunidades (Funsocial), con un valor que asciende a más de $2.700 millones.

El primer contrato, fechado en 2021 y con un valor de $650 millones, pone en el foco a Leticia Salazar Santamaría, supervisora del convenio. Dicho contrato se destinó a la adquisición de premios para los vencedores del concurso departamental de mitos, cuentos y leyendas.

El ente de control ahora analiza la compra de 174 juegos de parqués con un costo de $795.200 cada uno. Además, se indaga sobre la adquisición de 42 tablets, con un precio individual de dos millones de pesos, y 28 computadores con un valor aproximado de $5 millones por unidad.

El segundo contrato, suscrito el año anterior por $2.092 millones, de los cuales $1.460 millones provinieron de la gobernación y Funsocial aportó $632 millones, está siendo revisado en profundidad. Las dudas surgen sobre si Funsocial tenía realmente la solvencia económica y la experiencia necesaria para respaldar y gestionar dichos montos.

Denuncias presentadas ante la Asamblea de Santander sugieren que Funsocial podría haber financiado con fondos públicos la estrategia ‘Cultura Ciudadana Siempre por Santander’. Además, se alega que se proporcionó información falsa sobre su domicilio. Lo más grave es que, presuntamente, la Secretaría de Cultura y Turismo no realizó inspecciones para asegurar el cumplimiento de las normativas contractuales.

Yexica Nataliza Ardila Ruiz y la exfuncionaria Carmen Alicia Serpa de Laguado, supervisores del convenio, también están siendo investigadas en este contexto.

La Procuraduría de Santander ha solicitado una extensa recopilación de evidencias, incluyendo testimonios y documentos, para determinar las posibles faltas disciplinarias y el grado de implicación de todos los involucrados.

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