68 personas permanecen secuestradas por el ELN en El Catatumbo y Arauca, según Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo alertó este lunes 7 de abril que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantiene en su poder a 68 personas secuestradas en el país, concentradas principalmente en la región del Catatumbo (Norte de Santander) y el departamento de Arauca.  

La defensora del Pueblo, Iris Marín, explicó que en El Catatumbo el grupo armado tiene retenidas a al menos 50 personas, a quienes acusa de colaborar con las disidencias del frente 33. A estas víctimas se suman otras 18 que continúan en cautiverio en Arauca, pese a la reciente liberación de cinco ganaderos.  

“El secuestro no puede ser justificado bajo ningún argumento, ni siquiera en medio del conflicto armado”, afirmó Marín, quien instó al ELN a liberar de forma inmediata e incondicional a las personas retenidas.  

Durante el primer trimestre de 2025, se han registrado 40 secuestros en el país, de los cuales 31 fueron con fines extorsivos y 9 clasificados como simples, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa. Aunque este delito ha disminuido en comparación con años anteriores —290 casos en 2024 frente a 338 en 2023— sigue siendo uno de los fenómenos más graves en materia de seguridad.  

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Uno de los casos más impactantes es el de Clara Serrano, quien fue secuestrada por el ELN luego de que su hermano, Cristián Serrano, pasara cinco meses privado de la libertad en el municipio de Río de Oro, Cesar. “La familia enfrenta una crisis profunda, con efectos incluso en la salud de varios de sus miembros”, relató la funcionaria.  

También se encuentran en poder de este grupo armado otras víctimas como la expersonera de Tamalameque, Jenny Salazar Zabaleta, y el joven Kevin Patarroyo Gómez, quien tuvo que pasar su cumpleaños número 19 en cautiverio.  

Marín fue enfática en rechazar el uso del secuestro como herramienta de presión política o económica y recalcó que, cuando se practica de manera sistemática, este delito puede constituir un crimen de lesa humanidad y una grave violación al Derecho Internacional Humanitario.  

La Defensoría concluyó su pronunciamiento haciendo un llamado urgente a todos los grupos armados ilegales para que cesen estas prácticas y respeten los derechos fundamentales de la población civil.

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