Resolución del ministerio de Agricultura genera líos por restricciones en uso del suelo

El pasado 26 de diciembre, el Ministerio de Agricultura oficializó la resolución 377 de 2024, que establece las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).

Esta normativa delimitará sectores específicos del Suroeste antioqueño para destinar el suelo exclusivamente a actividades agrícolas.

Aunque el objetivo anunciado es fortalecer la seguridad alimentaria, diversos sectores expresaron su preocupación por las posibles afectaciones a la economía local y la falta de claridad sobre su implementación.

El proyecto, que abarcará inicialmente 250.000 hectáreas distribuidas en los 23 municipios de la subregión, incluye restricciones para otras actividades económicas, como la minería y la ganadería.

Dichas actividades, fundamentales en esta región, podrían verse limitadas, generando incertidumbre entre los habitantes y las autoridades locales.

Según cifras del Ministerio, estas hectáreas representan el 39,2 % del territorio total del Suroeste, donde se desarrollan principalmente el cultivo de café, la explotación minera, la ganadería y el turismo.

Críticas a la resolución

Hernán Cadavid, representante a la Cámara por Antioquia, cuestionó la medida, señalando que podría tener un propósito implícito de desincentivar la minería en la región.

Según el congresista, este sector es la base económica de municipios como Amagá y Angelópolis, que dependen de la extracción de oro, carbón y piedra caliza.

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También mencionó que el proyecto de Quebradona, enfocado en la explotación de concentrado de oro entre Jericó y Támesis, enfrenta oposición tanto del Gobierno Nacional como de líderes locales.

Cadavid indicó que la delimitación de las APPA afecta de manera integral a todos los municipios del Suroeste, sin considerar las características particulares de cada territorio.

Asimismo, denunció la falta de socialización de la normativa y el impacto potencial que esta podría tener en otras actividades económicas.

Desde Integremial Antioquia, gremio que agrupa a diversos sectores productivos del departamento, también se expresaron críticas hacia la resolución. Según la organización, esta medida generará paralización en los sectores económicos, afectando tanto a empresas como a comunidades locales.

Preocupación en el territorio

Los habitantes y propietarios de tierras en el Suroeste manifestaron incertidumbre frente a las nuevas restricciones.

Muchos planeaban dividir o destinar sus terrenos a otros usos, como desarrollos familiares o proyectos turísticos, pero la normativa podría impedir tales actividades.

Además, persiste el temor de que las restricciones limiten la explotación económica de las tierras seleccionadas.

"Hay personas preocupadas por la imposibilidad de parcelar terrenos que tenían destinados para otros fines. Esto afecta el valor del uso del suelo y genera incertidumbre sobre qué actividades podrán desarrollarse en estas zonas", expresó Cadavid.

Por otro lado, empresas locales también se ven afectadas. Según relatos de empresarios, algunas actividades, como la explotación de canteras, se encuentran en suspenso mientras se definen los polígonos afectados. Esta falta de claridad, según el congresista, genera "una incertidumbre jurídica tremenda".

Impacto potencial

Un estudio anexado a la resolución estima que en el Suroeste antioqueño existen 67.187 predios sin condicionamientos especiales, destinados a condominios, bienes públicos y propiedad horizontal, mientras que 47.156 tienen uso agropecuario, distribuidos en 483.837 hectáreas.

La normativa podría modificar sustancialmente la destinación de estos terrenos, afectando las dinámicas económicas tradicionales de la región.

Aunque el Ministerio de Agricultura argumenta que la medida busca garantizar la seguridad alimentaria, diversos actores sociales y económicos demandan mayor claridad sobre los objetivos y la implementación de las APPA.

Por su parte, congresistas y autoridades regionales anunciaron acciones legales para exigir modificaciones a esta resolución, con el fin de proteger la diversidad económica y los derechos de los habitantes del Suroeste.

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