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Presidente Petro interpone tutela contra el Consejo de Estado por avalar investigación del CNE
El mandatario alega vulneración de sus derechos fundamentales por permitir que el Consejo Nacional Electoral lo investigue por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña de 2022.

El presidente Gustavo Petro presentó una acción de tutela contra el Consejo de Estado por haber permitido que el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúe una investigación en su contra relacionada con presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022.
La tutela fue radicada ante la Corte Constitucional y asignada al despacho del magistrado Vladimir Fernández. En ella, el jefe de Estado argumenta la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al fuero presidencial y al juez natural, tras una decisión tomada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de agosto de 2024.
El origen de esta controversia está en varias denuncias —entre ellas, una del exrepresentante Edward Rodríguez y otra anónima— que activaron actuaciones administrativas en el CNE. Esto desencadenó un conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, encargada de indagar a los aforados constitucionales.
La Sala de Consulta del Consejo de Estado resolvió que el CNE sí tiene competencia para seguir adelante con la investigación administrativa sobre la financiación de las consultas interpartidistas y la campaña presidencial de Petro. No obstante, el mandatario sostiene que esto desconoce su fuero constitucional.
Inicialmente, el Consejo de Estado negó la tutela en primera instancia, al considerar que no existía una afectación definitiva de derechos fundamentales. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante auto del 1 de abril de 2025, aceptó revisar el caso.
Como parte del trámite, el alto tribunal solicitó los expedientes de las denuncias al CNE y vinculó a varias autoridades y denunciantes al proceso. La decisión final de la Corte podría marcar un precedente importante sobre los límites de las competencias electorales frente a los derechos de los aforados.
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