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Nombramiento de Beatriz Gómez, esposa del ministro Jaramillo, se hizo en el gobierno Petro
Aunque el presidente aseguró que fue designada durante la anterior administración, documentos oficiales evidencian su nombramiento en 2022.

Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, esposa del actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue nombrada como superintendente delegada para prestadores del servicio de salud el 6 de septiembre de 2022, dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro.
El mandatario había declarado en la red social X que la funcionaria fue vinculada a la Superintendencia Nacional de Salud durante la administración anterior, negando cualquier conflicto de intereses: “La esposa del ministro de Salud no entró a trabajar en la Superintendencia en este Gobierno, sino en el anterior, y por eso no existe ni nepotismo ni inhabilidad para ejercer sus funciones”, aseguró.
En una intervención durante un consejo de ministros, el presidente reiteró esa versión, afirmando que los cuestionamientos eran injustificados. Sin embargo, tanto el registro en la página de la Función Pública como el decreto de nombramiento contradicen su afirmación, al confirmar que la designación de Gómez Consuegra se dio casi un mes después de la posesión presidencial de Petro el 8 de agosto de 2022.
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El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño, publicó una imagen en la que se observa a Gómez Consuegra tomando posesión del cargo, y afirmó: “La señora Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, esposa del ministro Jaramillo, fue nombrada Superintendente Delegada en Salud en SU gobierno, no en el anterior como usted dice”.
La polémica también se ha avivado por denuncias de un posible abuso de poder. Gómez Consuegra habría ejercido presiones en procesos que recaen directamente en el Ministerio de Salud, encabezado por su esposo. Según se ha señalado, habría impulsado la firma de un contrato por parte del Hospital San Rafael de Leticia para un proyecto del hospital fluvial del Amazonas, pese a que no existían garantías suficientes para ejecutarlo.
Ante las críticas, el presidente Petro defendió a la funcionaria, calificando de “indolentes” a quienes no firmaron el contrato para habilitar el buque hospital construido por la Armada Nacional. “La presión indebida es dejar a la población indígena y campesina que habita las riberas de los ríos amazónicos sin atención”, expresó el mandatario, insistiendo en que no hay intereses privados involucrados y que el objetivo es garantizar el derecho a la salud en zonas apartadas.
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