La ruta judicial de Nicolás Petro tras delación de su exesposa

El pasado primero de febrero, según Daysuris del Carmen Vásquez, expareja de Nicolás Petro fue recibida en la Casa de Nariño por el presidente Gustavo Petro. Ese día durante dos horas la mujer detalló cómo su exesposo el diputado Nicolás Petro, se apropió de millonarios recursos que pidió para financiar la campaña presidencial del entonces candidato. 

Unos los guardó, otros los utilizó para comprar una casa en Barranquilla y otra parte se la entregó a ella con los que constituyó un Certificado de Depósito a Término, CDT en un banco. 

Los detalles precisos de lo que sucedió los reveló en una entrevista a la periodista Vicky Dávila en la Revista Semana divulgada en la tarde de este jueves y de inmediato se generó una tormenta política y judicial.

Pasó más de un mes de la reunión entre la mujer y el mandatario y justo pocas horas antes de conocerse el extenso testimonio público de Daysuris del Carmen Vásquez, agobiada por las amenazas que ha recibido y sentida porque Petro se divorció y ahora su pareja es su otrora mejor amiga, tanto el presidente como su hijo se pronunciaron. 

El presidente Gustavo Petro expidió un comunicado mediante el cual le solicitó al fiscal general Francisco Barbosa adelantar las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades respecto a la información que se rumora en la opinión pública sobre su hermano Juan Fernando Petro y su hijo mayor Nicolás Petro Burgos.

Asimismo reiteró que el único funcionario que tiene aval del gobierno para tener contacto con organizaciones al margen de la ley es el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. Indicó además que confiaba en que su hermano e hijo pudieran demostrar su inocencia.

Minutos después Nicolás Petro, expidió un comunicado negando los señalamientos en su contra y pidiendo al fiscal una investigación al respecto.

“De igual forma, la señora Daysuris del Carmen Vásquez, mi expareja sentimental, realizó una entrevista con la periodista Vicky Dávila en la cual me vincula con el señor 'Santa López Sierra' y el 'Turco Hilsaca' personas a las que no conozco, con los cuales no he tenido tratos, ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa, ni indirectamente", resaltó el hijo del presidente.

Pero más allá de las posturas de unos y otros, ante la situación y la propia petición de padre e hijo, comienza ahora la indagación para establecer la veracidad de los hechos denunciados por la expareja de Nicolás Petro y eventuales responsabilidades de los otrora esposos.

Al respecto, la Agencia de Periodismo Investigativo, API, consultó a varios abogados penalistas a fin de establecer qué perspectiva puede tener el caso en los estrados. 

En concreto del abogado Santiago Trespalacios, la conducta que más se parece a los hechos narrados sería la de estafa, es decir, la existencia de artificios o engaños para obtener un provecho ilícito causando un perjuicio.

Su colega Mauricio Pava considera que podrían ser investigados por enriquecimiento ilícito y delitos electorales como Omisión de información del aportante.

"Se observa que es posible que la Fiscalía investigue delitos como el Lavado de Activos o el Enriquecimiento Ilícito de Particulares, siempre que las actividades investigativas permitan concluir el origen antijurídico de los recursos y su inversión para darles apariencia de legalidad a través de terceros, como hasta ahora se ha dicho públicamente", explicó el penalista David Espinosa.

Una postura que comparte Iván Cancino quien destacó que puede haber una investigación por enriquecimiento ilícito y si el dinero era ilegal en su origen, extinción de dominio y un posible lavado, pero debe probarse más allá de las afirmaciones de ella deben existir otros elementos probatorios que lo respalden.

Lo cierto es que como lo señaló el presidente del colegio de abogados penalistas Francisco Bernate, lo que procede ante la petición del presidente y su hijo, le corresponde a la Fiscalía efectuar la respectiva investigación como quiera que al ser diputado Nicolás Petro no tiene fuero y su expareja es una civil que también debe responder ante la justicia ordinaria.

Así las cosas, según los penalistas consultados, lo que viene ahora es que un fiscal los investigará, después un juez penal municipal haría el control de garantías en caso de imputación de cargos y un juez penal del circuito entraría a juzgarlos.

Adicionalmente, otro de los asuntos que denunció la expareja es que si bien una parte de los recursos se los apropió Nicolás Petro, es posible que otra parte hubiera entrado a la campaña sin registrarse adecuadamente y sin el conocimiento de Gustavo Petro, ante lo cual los penalistas expresaron sus conceptos al interrogante sobre que sobrevendría si se comprueba esa denuncia. 

El penalista Oscar Sierra indicó que los delitos electorales contemplan múltiples conductas en el Código Penal Colombiano relacionadas con los dineros de las campañas electorales. "Se sanciona el hecho de que la procedencia de estos sea ilícita e incluso que los topes de los aportes no se respeten, pero no existe un delito en específico para el hecho de no reportar los dineros que se aporten a las campañas electorales", argumentó.

A su vez Fabio Humar indicó que podría haber sanción para la campaña, en lo electoral, y delitos tales como lavado de dinero, enriquecimiento y posiblemente falsedad documental.

Frente a una eventual responsabilidad del presidente Gustavo Petro, el penalista Santiago Trespalacios precisó que: "El presidente no tendría responsabilidad alguna. Para el gerente de campaña, en caso de que no hubiese reportado aportes, se podría investigar por violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales; y en caso de que los aportantes que ocultó no estuvieren legalmente habilitados para aportar se investigaría por financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas".

Una tesis jurídica que comparte el abogado penalista Juan Felipe Amaya, quien indicó que en este caso, la investigación tendrá que determinar cuál fue la fuente de los recursos aportados, es decir, si son de aquellos que la ley electoral prohíbe, también sí estos entraron a la campaña y si tanto el gerente o el candidato lo permitieron.

En el otro lado del caso está la situación jurídica de Daysuris del Carmen Vásquez, y el camino que debe tomar tras sus denuncias ante los medios de comunicación.

Plantean los juristas que de su colaboración y pruebas entregadas a la Fiscalía podría derivar en beneficios judiciales, entre ellos un principio de oportunidad.

"En el proceso penal existen mecanismos que permiten obtener beneficios en términos punitivos como los preacuerdos o el principio de oportunidad, que incluso en algunos eventos permite que la persona no tenga sanción jurídica. De cualquier forma, estos solo tienen lugar cuando se tramitan formalmente ante la Fiscalía y son avalados por los respectivos jueces", precisó el penalista David Espinosa.

En concepto de Fabio Humar, al no haber investigación aún no se puede hablar de delación, pero indicó que caben las figuras de principio de oportunidad y preacuerdo.

Lo cierto es que la situación de la expareja de Nicolás Petro es particular. No tenía la obligación de denunciar a su esposo porque cobijaba la misma ley que señala que nadie está obligado a declarar en contra de si mismo, de su compañero permanente, sus padres y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. 

A ello se suma que la justicia tendrá que determinar en que circunstancias la mujer abrió un CDT y si su pareja incurrió en tráfico de influencias tras el desfiles de varios ministros y directivos del gobierno nacional al apartamento de la otrora pareja.

El camino jurídico de Nicolás Petro apenas comienza, la Fiscalía y luego los jueces tienen la última palabra en el caso de un hijo que enredó a su padre, el presidente Gustavo Petro.

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