Gobierno propone adelantar cobro de impuestos de 2026 para aliviar déficit fiscal

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia presentó un borrador de decreto que busca anticipar parcialmente el cobro del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2026. Esta medida, que se aplicaría en el segundo semestre de 2025, tiene como objetivo principal reforzar la posición fiscal del gobierno actual frente al creciente déficit público.

El documento, firmado por el ministro Germán Ávila Plazas, modifica artículos clave del Decreto 1625 de 2016, especialmente aquellos relacionados con las tarifas de autorretención y las bases mínimas para practicar retención en la fuente. Según el artículo 8 del proyecto, la normativa entraría en vigor el primer día calendario del mes siguiente a su publicación oficial.

La estrategia consiste en ajustar las tarifas de autorretención para determinados contribuyentes, de modo que estos realicen pagos adelantados al Estado antes de que finalice 2025. Así, el gobierno saliente podría mejorar su flujo de caja sin necesidad de aprobar nuevos impuestos ni aumentar el endeudamiento.

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Aunque la figura se encuentra amparada en el Estatuto Tributario —en su artículo 365—, diversos analistas advierten que este tipo de medidas pueden generar distorsiones fiscales en el mediano plazo, pues representan un ingreso extraordinario que podría afectar el recaudo del año siguiente.

El anticipo del cobro de impuestos no es una táctica nueva en la administración pública colombiana. Gobiernos anteriores han recurrido a este tipo de herramientas fiscales para mejorar sus cifras en los años finales de mandato. No obstante, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha cuestionado su uso, al considerar que estas decisiones no resuelven los problemas estructurales del sistema tributario, sino que los posponen.

El decreto se encuentra actualmente en etapa de comentarios y podría ser modificado antes de su expedición definitiva. Mientras tanto, el debate se abre entre quienes ven en la medida un mecanismo válido para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas y quienes la consideran una maniobra de corto plazo que podría comprometer el recaudo del próximo gobierno.

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