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Evalúan poner fin a gastos de Verónica Alcocer financiados con fondos públicos
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca está considerando una decisión crucial que podría detener los costosos viajes de la primera dama de Colombia.
La Procuraduría General de la Nación ha solicitado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la anulación de los decretos que permitieron asignaciones de funciones y viáticos a Alcocer y su equipo para representaciones oficiales del Estado, a pesar de no ser funcionaria pública.
La disputa se centra en la asignación de aproximadamente 60 millones de pesos solo en viáticos para al menos tres viajes oficiales, que incluyen eventos de alto perfil como el funeral de la Reina Isabel II y una audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano.
La Procuraduría argumenta que la designación de Alcocer como embajadora en misión especial infringe normativas, como el artículo 126 de la Función Pública, que prohíbe a los servidores públicos nombrar, postular o contratar a personas con las cuales tengan parentesco cercano.
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El Gobierno defiende las acciones tomadas, citando disposiciones legales vigentes y justificando la función social de Alcocer. Sin embargo, han surgido críticas debido a la inclusión de acompañantes como un fotógrafo profesional, un estilista personal y un vestuarista, lo que ha generado cuestionamientos sobre el manejo de los fondos públicos.
La sociedad colombiana se ha pronunciado en contra de estos gastos, calificándolos como innecesarios, y se ha producido un enfrentamiento entre la Presidencia y la Procuraduría. La investigación realizada por La Silla Vacía reveló los costos de la imagen de la esposa de Gustavo Petro en el exterior, así como vacíos y contradicciones en las respuestas de la Presidencia respecto a los roles de los acompañantes de Alcocer.
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